'Pinchazos' sí, pero no indiscriminados. El titular del Juzgado central de Instrucción número 3, Javier Gómez Bermúdez, ha dictado un auto por el que autorizaba a Instituciones Penitenciarias intervenir las comunicaciones de la presa de los GRAPO Concepción González Muñoz, condenada por su participación en el secuestro del empresario Publico Cordón. El magistrado, sin embargo, impone una limitación: "No podrán alcanzarse las que mantenga con su letrado y en el ejercicio del derecho de defensa". La prohibición se produce cuando aún está en la memoria la expulsión de la carrera judicial hace ahora un año de su compañero Baltasar Garzón por autorizar, precisamente, que fueran intervenidas las conversaciones en la cárcel de unos detenidos, en su caso por la 'Operación Gürtel', con sus abogados.
Los investigadores quieren saber si la terrorista facilita a las personas de su entorno nuevos datos sobre el paradero del cadáver de Publico Cordón
El escrito del Gómez Bermúdez se produce dentro del sumario por el secuestro del industrial zaragozano y en respuesta a la petición del pasado 19 de enero de la dirección del Centro Penitenciario de Ávila, donde se encuentra recluida la terrorista, para "la restricción de las comunicaciones de la interna". Según fuentes cercanas a la investigación, el objeto de la misma era conseguir nuevos datos que permitan la localización del cadáver de Publico Cordón. Concepción González, que ya fue condenada en 1998 por este suceso a 27 años de cárcel, fue la encargada de alquilar la vivienda donde la banda armada mantuvo oculta a la víctima mientras estuvo con vida y reconoció tras su detención detalles del mismo, pero no el lugar donde fue enterrado el cuerpo sin vida del empresario.
Los responsables de la investigación sospechan, sin embargo, que ella sí conoce el último dato que queda por desvelar para cerrar definitivamente un caso que lleva abierto 18 años. De hecho, las pruebas y los testimonios recogidos tras hallarse el pasado verano la vivienda del sur de Francia donde estuvo retenido el empresario apuntan a que ella tuvo supuestamente una participación mucho más activa en el secuestro de lo que reconoció y que, de hecho, presuntamente participó en las labores de custodia. Aquella operación permitió también saber que la víctima estuvo encerrado en un armario empotrado de la casa, donde apuntaba grabando en la pared con palotes los días que iban transcurriendo de cautiverio. A las dos semanas, consiguió escapar y en su huída cayó por una ventana y murió. Los 'grapos' se deshicieron entonces del cuerpo.
La dura sentencia contra Garzón
Son precisamente los nuevos datos conocidos tras el hallazgo de la casa que sirvió de 'cárcel' al empresario los que, según los investigadores, pueden llevar a la terrorista a reconocer nuevos hechos a personas de su entorno en las visitas que le realizan en prisión. Por ello, solicitaron intervenir todas su comunicaciones a través de Instituciones Penitenciarias. Este argumento ha convencido al juez Bermúdez para autorizar las escuchas de las comunicaciones de Concepción González, pero no lo suficiente para que permita interceptar también las que mantenga con su abogado en prisión. El auto del magistrado lleva fecha del pasado 28 de enero y, aunque el magistrado abrió un plazo legal de tres días para que las partes presentasen un recurso de reforma al mismo, no consta que ningún abogado haya ejercido esta posibilidad. Fuentes jurídicas señalan que todos tienen aún muy fresco lo ocurrido con Garzón "y nadie ha querido poner en un aprieto similar al juez Bermúdez".
Su compañero de la Audiencia Nacional fue condenado hace ahora un año a 11 años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo después de que los cabecillas de la 'trama Gürtel' lo denunciasen por intervenir precisamente las conversaciones que mantenían con sus abogados en prisión para conseguir nuevos datos que permitieran avanzar en la investigación. En la sentencia, el alto tribunal arremetió contra el juez con dureza y le tachó de “arbitrario” y “totalitario”, además de acusarle de “laminar derechos” y ordenar prácticas “propias de sistemas políticos ya superados”. Bermúdez no quiere que le pase lo mismo.
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