"Era el año 1991 y solo podría ser un producto financiera que se llama láminas financieras. Los ocho millones [50.000 euros] son un ingreso que me hace el banco a mí como consecuencia de una venta que ha hecho de un producto financiero, y en este caso solo podría ser una lámina financiera". De esta forma contestó Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol Soley, tras ser preguntado en la Audiencia Nacional por su abogado por un ingreso de más de 50.000 euros en Andorra.
El empresario catalán declaró el pasado viernes como imputado ante el juez José de la Mata tras la querella interpuesta contra él y su padre por los actuales dueños de la firma Grand Tibidabo. Según estos directivos el anterior director de la empresa Javier de la Rosa habría abonado importantes cantidades de dinero a la familia del expresidente catalán.
Sin embargo, Jordi Pujol Ferrusola negó en su declaración estos hechos y resto veracidad al informe del Grupo 24 de la UDEF-BLA de la Policía en el que los agentes apuntan que los Pujol ingresaron esos 50.000 euros en la compra en 1991 por parte del Gobierno de la Generalitat, presidido entonces por el cabeza del clan familiar, Jordi Pujol Soley, de un edificio destinado a convertirse en la Conselleria de Medio Ambiente.
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En el informe la UDEF-Bla confirma este cobro presuntamente irregular al relacionarlo con la empresa denominada Catalana de Mitjans Edició SA, cuyo administrador único era Joan Antón Sánchez Carreté, el asesor financiero de la familia Pujol Ferrusola. La Policía ha descubierto que Sánchez Carreté ingresó un cheque por un valor de 9.365.000 pesetas (56.284 euros) en la operación, por la que la Generalitat presidida por Jordi Pujol Soley pagó 25,1 millones de euros en 1991 a la firma controlada por Javier de la Rosa.
"No únicamente"
En la declaración de Pujol Ferrusola también destacó una breve intervención del magistrado De la Mata, que de forma breve interrumpió al compareciente cuando este aseguraba que el apunte contable que la Policía asocia a Grand Tibidabo se había conocido gracias a la comisión rogatoria que Andorra había enviado a España en 2015 con datos de las cuentas de los Pujol.
"No únicamente, prosiga", dijo De la Mata, que de esta forma negaba la tesis de los Pujol, que consideran que Andorra aportó esta documentación, pero que en España no puede ser utilizada porque los delitos fiscales no fueron tipificados como tales en este país hasta 2015, según consta en un escrito de los letrados de Jordi Pujol Ferrusola dirigido a la Audiencia Nacional.
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