El informe, de veintidós páginas de extensión, desgrana el modus operandi de Ausbanc a la hora de lograr acuerdos con las entidades bancarias, consistente en ofrecerse a las mismas para llegar a acuerdos extrajudiciales en aras a cumplir lo dispuesto en alguna sentencia (por ejemplo cláusulas de redondeo o cláusulas suelo).
Dichas propuestas tenían dos vías, por un lado la de los damnificados, que se traducía en el pago a Ausbanc de una cantidad determinada de dinero por parte de los bancos afectados por los pleitos judiciales, para que fuese la propia asociación la que gestionara la devolución de las reclamaciones de sus asociados. Dichas gestiones las realizaba la asociación por un periodo determinado, aproximadamente dos años, transcurrido el cual se quedaba con el dinero que restase tras las devoluciones como compensación por las gestiones realizadas.
Ausbanc gestionaba la devolución de las reclamaciones de sus socios y se quedaba con el dinero sobrante
Es especialmente ilustrativo de este modo de actuar el pacto que Luis Pineda, presidente de Ausbanc, intentó alcanzar con Catalunya Banc sobre las demandas por las cláusulas de redondeo, según el cual la entidad debía pagarle 250.000 euros para que la asociación indemnizara a los asociados que reclamaran ante los tribunales. De modo que si, por ejemplo, en los dos años de plazo reclamaban tres personas por importe de mil euros, los restantes 249.000 se los quedaba Ausbanc. Se da la circunstancia de que esta entidad recibió doce reclamaciones por este concepto por un importe total de 5.196,30 euros, muy distante de cantidad exigida por la asociación.
Otro ejemplo de este modo de actuar lo constituye el caso protagonizado por Liberbank en relación a las cláusulas suelo. En este caso, Ausbanc formalizó un acuerdo con la entidad en diciembre de 2013, con dieciocho meses de duración, que consistía en diferenciar tres tipos de asuntos: 127 reclamaciones que ya estaban judicializadas, por las que acordó el pago de 7.000 euros por expedientes tras la novación de las condiciones de la hipoteca con el cliente, un segundo bloque de 64 expedientes prejudiciales, a razón de 4.000 euros por cada uno, y un tercer bloque con los asuntos que pudieran ir entrando en el periodo de duración del contrato y que fueran novados, a razón de 1.400 euros cada uno. Liberbank abonó así 1.145.000 euros a Ausbanc y ésta compensó con 346.161 euros a los asociados que reclamaron, con un beneficio para ella de 917.000 euros.
La segunda vía de la propuesta consistía en el establecimiento de acuerdos de colaboración de futuro entre Ausbanc y el banco, en el que “ambas entidades nos guardemos lealtad y máximo respeto”, en palabras del propio Luis Pineda, presidente de la asociación. Esta colaboración consistía en patrocinios en seminarios, suscripciones a las publicaciones de Ausbanc y contratos publicitarios con la misma.
El informe sostiene que Ausbanc ejercía una notable presión a las entidades bancarias para alcanzar acuerdos y evitar campañas de acoso
“Los acuerdos establecidos por Ausbanc eran, en cierto modo, perjudiciales para sus asociados –dice el informe de la UDEF-, bien porque buscaba ser quien se encargase de distribuir el dinero entre sus asociados, tras ser ella quien calculase la cantidad que correspondía a cada uno (propuesta realizada a Catalunya Banc y acuerdo establecido con Liberbank), bien por cobrar una determinada cantidad por evitar que los asociados demandasen a las entidades (acuerdo establecido con Caja Rural del Sur)”.
El informe pone de manifiesto que Ausbanc ejercía una notable presión a las entidades bancarias para alcanzar acuerdos, en los que influía “el hecho que era conocido de que no colaborar con ella suponía empezar a ser el blanco de las críticas negativas y de las campañas de acoso, lo que ha quedado reflejado en la declaración prestada por el Banco Mare Nostrum, en la que se reconoce que los pagos realizados estaban en cierto modo condicionados a las posibles consecuencias (daños reputacionales a la entidad) derivadas de no llevarlos a cabo”.
La investigación policial concluye también que Ausbanc utilizó al sindicato Manos Limpias para ejercer presión a las entidades bancarias. De hecho, Luis Pineda se ofrecía como intermediario con el sindicato, una actuación que ha quedado refrendada tras lo declarado por los representantes del Banco de Santander y del Banco de Sabadell que han declarado a lo largo de los últimos meses ante la Policía. El informe señala que Pineda se valió también del sindicato para llevar a cabo campañas difamatorias contra determinadas personas, como es el caso de Rubén Sánchez, portavoz de Facua, a quien intentó imputar, sin conseguirlo, en el conocido como caso de las facturas falsas de UGT
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