La 'ley trans', la polémica y controvertida 'ley trans', ya es una realidad. El pasado jueves 16 de ferebro, el Congreso aprobó la ley de Irene Montero con la abstención de Carmen Calvo. Y se ha aprobado ignorando las alertas de cientos de expertos y familias que defienden que hay puntos muy problemáticos en la norma, especialmente en todo lo que tiene que ver con los menores.
Los redactores de la ley han ignorado, entre otras cosas, que en el caso de los niños y adolescentes, los problemas de disforia de género (es decir, la incomodidad que pueden sentir algunas personas porque su identidad de género no coincide con el sexo de nacimiento) tienen origen en otros problemas psicológicos que nada tienen que ver con la falta de identidad, como depresión, ansiedad o trastornos obsesivos-compulsivos, que puede solucionarse con otros tratamientos.
También, han obviado el hecho de que un 40% sufre de trastorno del espectro autista y que un 70% han sufrido bullying, abusos o malos tratos, según los datos del Colegio de Médicos de Madrid. "Esto es lo que primero hay que tratar", señalan.
Con datos, la doctora Lisa Littman, especializada en problemas de disforia y transexualidad, reveló en su estudio más reciente que el 62,5% de pacientes jóvenes diagnosticados con disforia de género tienen otros problemas psicológicos previos, que se tienen que tratar antes de iniciar la transición. "No se puede hacer una ley que destruye la vida de muchos por una minoría. La ley tiene que contemplar todas las opciones. Y muchas de esas opciones son que la disforia no se produce porque sea realmente transexual, sino porque hay un problema anterior que se refleja en un rechazo del propio cuerpo", cuentan desde la Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada (AMANDA), una plataforma que da voz a jóvenes que en algún momento han querido cambiarse de sexo y más tarde se han arrepentido.
En esta misma línea, los doctores expertos en la materia Kaltiala-Heino, R., Bergman, H., Työläjärvi, M., & Frisén, L., revelaron en un informe de 2018 que el 80% de niños y niñas que en la pubertad manifestaron disforia de género la superaron una vez terminada la pubertad de manera natural. "Es fundamental tener en cuenta estos datos. La supresión del criterio médico, la rapidez y la facilidad de realizar la transición provocan un aumento de casos que no tendría que ocurrir, porque la disforia tiene su origen en un problema mayor y subyacente. Es necesario que hagan la ley incluyendo informes psicológicos en todas las etapas que demuestren que la disforia y el rechazo al propio cuerpo no oculta otros trastornos, especialmente en los menores", han denunciado en repetidas ocasiones distintos expertos a este periódico.
Otros datos que han ignorado los redactores de la ley, para la que, según los expertos, no han contado con ellos: el 50% de las personas que iniciaron la transición la abandonaron debido a que ésta no aliviaba su disforia de género (estudio de Elie Vandenbussche) o que un 59% de personas detransitaron (revirtieron su operación de cambio de sexo) debido al hecho de encontrar mecanismos alternativos para afrontar la disforia (información del Comité Nacional de Salud y Bienestar de Suecia). "Lo repetimos y no nos cansaremos de repetirlo, con la esperanza de que algún día nos escuchen y modifiquen esta ley: no se puede prescindir del análisis psicológico en los menores con disforia".
Consecuencias de transicionar
Tampoco han analizado las consecuencias físicas de transicionar, especialmente de hacerlo a edad temprana, en pleno desarrollo físico. Entre otras: el 100% de estos menores pasan a utilizar hormonas de distinto sexo una vez tratados con bloqueadores de la pubertad, lo que les deja permanentemente estériles.
El estudio Dhejne desvela que la tasa de suicidios consumados en el grupo de reasignación de sexo, 10 años después de que ésta se produjera, en comparación con la población general, se multiplica por 19, al igual que la tasa de mortalidad por todas las causas y de atención psiquiátrica, que se multiplica por tres, en comparación la del resto de la población.
La vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Luisa González, declaró el pasado 20 de febrero en El programa de Ana Rosa que están "muy preocupados porque es una ley completamente acientífica". "Los protocolos sanitarios que se derivan de esta ley están fuera de toda ciencia, producen efectos adversos irreversibles. Hay daños en la fertilidad irrevocables, insatisfacción del deseo sexual, aumento de la incidencia de tumores y no se ha tenido en cuenta ni el testimonio de los desistidores ni la experiencia de países que llevan 12 años por delante y han dicho que hay que tener cuidado", denunció la doctora.
Por otro lado, los resultados de un estudio científico en Canadá realizado en hombres tras realizarse una vaginoplastia desvela que un tercio de los que se someten a la operación tienen problemas serios para ir al baño y problemas sexuales; un 50% tienen fuertes dolores a lo largo de su vida y que el 100% son farmacodependientes para siempre.
Además, todos ellos, especialmente las mujeres, sufren problemas hormonales muy serios que repercuten en su salud física y psicológica…
Otros problemas derivados de la ley trans
Más allá de los problemas de salud que se esconden tras la disforia y el cambio de sexo, las familias y las asociaciones alertan del peligro de perder la patria potestad con esta ley. Si los padres no quieren enfrentarse a la posible pérdida de la patria potestad de sus hijos, se ven abocados a autorizar todos los tratamientos médico-quirúrgicos que reclamen.
La alerta se basa en el punto 66.4 del proyecto de ley, en el que se dice que "la negativa a respetar la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de una persona menor, como componente fundamental de su desarrollo personal, por parte de su entorno familiar, deberá tenerse en cuenta a efectos de valorar una situación de riesgo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero". Esta ley, a su vez, asegura que si se considera que un menor está en una situación de riesgo, se podrá evaluar la situación y la entidad pública competente podrá tomar decisiones que pueden incluir, entre otras cosas, retirar la patria potestad.
Por otro lado, los médicos denuncian que, al igual que con los padres, la ley les deja desprotegidos en los casos en los que, por algún motivo, decidan que la operación de transición no es necesaria y que el problema del paciente se puede solucionar por otras vías, como las consultas psicológicas.
En el artículo 75.4.d se califica como infracciones administrativas muy graves "la promoción o la práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, ya sean psicológicos, físicos o mediante fármacos, que tengan por finalidad modificar la orientación sexual, la identidad sexual, o la expresión de género de las personas, con independencia del consentimiento que pudieran haber prestado las mismas o sus representantes legales". En el siguiente artículo se establecen además cuáles son las sanciones para todos aquellos que cometan una infracción muy grave, que van desde multas de entre 10.000 y 150.000 euros, inhabilitación profesional de tres años o la denegación, supresión, cancelación o suspensión, total o parcial, de subvenciones que la persona sancionada tuviera reconocidas.
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