La autopsia preliminar realizada por el Instituto Anatómico Forense de Madrid al cadáver del exdirigente chavista Juan Carlos Márquez Cabrera ha confirmado que la causa de la muerte fue el suicidio, según confirman a Vozpópuli fuentes jurídicas. El Juzgado de Instrucción número 1 de Alcobendas (en funciones de guardia) ha abierto una investigación después de que, tal y como avanzó este periódico, hallasen este domingo el cuerpo ahorcado de esta persona en una nave industrial de la citada localidad madrileña.
Las autoridades mantienen sobre este suceso un especial hermetismo, habitual en los casos de suicido. Fuentes policiales se limitan a explicar que esta persona tenía allegados en España y que no murió en el domicilio que había dado como referencia después de su detención. El fallecido era un ex cargo de la empresa pública de petróleo de Venezuela (PDVSA) y estaba colaborando en el esclarecimiento de los hechos por los que estaba siendo investigado en España, según fuentes jurídicas.
Márquez Cabrera era uno de los investigados por blanqueo de dinero en la causa que afecta a Raúl Morodo, embajador de España en Venezuela durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Tendría que haber acudido este lunes a prestar declaración ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, pero no lo hizo. Ya estaba muerto.
Última declaración en la Audiencia Nacional
Por este motivo la Audiencia Nacional trató la jornada de este lunes de dar con su paradero, un protocolo también ordinario. Aunque en un primer momento se especuló con que pudiese haber huido, a medida que avanzó la jornada crecieron las sospechas sobre una posible muerte.
El pasado viernes Márquez Cabrera acudió a la Audiencia Nacional a declarar ante el juez Santiago Pedraz en el marco de esta causa. Salió de la Audiencia Nacional con una batería de medidas cautelares, incluida la prohibición de salida del país. Fuentes policiales confirman a este periódico que no llegó a salir de España en ningún momento.
El excargo del Gobierno de Chávez formaba parte de la investigación que dirige el magistrado Santiago Pedraz contra Morodo y otras cuatro personas; todas sospechosos de cometer presuntos delitos de corrupción en las transacciones internacionales por las supuestas labores de consultoría a altos cargos venezolanos, así como el supuesto blanqueo posterior en España de los capitales obtenidos.
El pasado 20 de mayo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional lanzó una operación por orden del propio Pedraz y la Fiscalía Anticorrupción. Aquel día se realizaron varios registros; uno de ellos, en las oficinas de Morodo, y fueron detenidas cuatro personas, incluido el hijo del exembajador. Tras aquella operación, el juez de la Audiencia Nacional interrogó a los cuatro detenidos y al exembajador. Finalmente, acordó la prohibición de salida del país para todos ellos.
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