El Ayuntamiento de Madrid defiende el contrato de las mascarillas ante el juzgado que investiga si hubo irregularidades con esta adjudicación a la empresa Leno. El consistorio, que figura en la causa como acusación particular, ha remitido un escrito en el que rebate la tesis de Más Madrid e insiste en que no se ocultó información alguna en relación a los pormenores de este contrato para traer material sanitario en plena auge de la pandemia.
En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los servicios jurídicos del consistorio regional aseguran que entregaron a la Junta de Gobierno todo lo relacionado con este contrato de emergencia firmado en marzo de 2020 y del cual Alberto Luceño y Luis Medina se llevaron seis millones de dólares en comisiones. Del mismo modo descartan que se manipulara la documentación que se fue remitiendo a la Fiscalía Anticorrupción en relación a los tres contratos con la empresa Leno para suministrar mascarillas, guantes de nitrilo y test.
Más Madrid pidió hace menos de una semana que ampliara la investigación al actual al gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, Fernando Sánchez González, por un delito de falsedad en documento público y obstrucción a la Justicia. Según precisó, las cartas de encargo que se aportaron a la Fiscalía desde la empresa pública en diciembre de 2020 eran diferentes a las que entregó cuatro meses después el Ayuntamiento.
Sin embargo, en el escrito remitido ahora al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, el letrado del consistorio asegura que se siguieron los trámites establecidos para este tipo de contratos de emergencia para traer mascarillas y que, además, no se modificó ningún documento sobre esta orden de compra. "No se puede predicar ni una alteración de los elementos esenciales de la carta de encargo, ni tampoco la simulación de una nueva carta de encargo a los efectos de inducir a error a la Junta de Gobierno", explican.
Manipulación de documentos
Lo que ocurrió, explican, es que se entregaron papeles diferentes. Por un lado, en diciembre de 2020 la empresa municipal envió las cartas de encargo que sirvieron para ejecutar este contrato de emergencia "en una situación excepcional de confinamiento y bajo la vigilancia del estado de alarma". La documental entregada en Anticorrupción incorporaba además de estas cartas los contratos suscritos con la mercantil detrás de la cual está San Chin Choon, la factura proforma, las órdenes bancarias de pago y documentación sobre las características de los productos adquiridos.
No parece que pueda apreciarse intención de ocultar información o causar engaño a la Junta de Gobierno toda vez que el objeto del contrato y el precio son idénticos
El resto de documental que entregó el Ayuntamiento al Ministerio Público es la misma que se aportó a la Junta de Gobierno a los efectos de dar cuenta de estos contratos de emergencia suscritos en marzo de 2020. En relación a la documentación que falta sobre las características de las mascarillas, los guantes y los test, el Ayuntamiento responde que estaba redactado en chino y que sí se incluyó en el primer envío a la Fiscalía.
Contrato de mascarillas
Del mismo modo el Ayuntamiento defiende que en las cartas de encargo aparecían las cantidades exactas compradas a la empresa Leno y el importe de cada una de ellas. En concreto, el Ayuntamiento adquirió un millón de mascarillas por 6,7 millones de dólares; 250.000 test rápidos de covid por 4,2 millones de dólares y 2,5 millones de guantes de nitrilo por 5 millones de dólares. "No parece que pueda apreciarse intención de ocultar información o causar engaño o error a la Junta de Gobierno o al Ministerio Fiscal toda vez que las partes, el objeto del contrato y el precio son idénticos", apunta.
Así pues, frente a la acusación del Grupo Municipal de Más Madrid, el Ayuntamiento de Almeida responde que a la Junta de Gobierno se le dio "puntual cuenta" de estos contratos que ahora están bajo la lupa de la Justicia ante la posible comisión de un delito de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Este mismo lunes el magistrado Adolfo Carretero tomó declaración a los dos comisionistas imputados en la causa. Al término de los interrogatorios acordó, como medidas cautelares, la retirada de su pasaporte y la obligación de comparecer en el jugado cada quince días.
