La interventora general del Ayuntamiento de Madrid, Beatriz M. Vigo, ha enviado una nota interna a todas las juntas y áreas de la Corporación en la que recuerda a los funcionarios que a partir de ahora, y hasta que tome posesión el nuevo Gobierno, los expedientes de gasto deben ir acompañados de un informe jurídico. En este informe se deberán detallar las razones por las que no se puede esperar a que llegue el nuevo equipo político que encabezará la jueza Manuela Carmena.
La circular de Beatriz M. Vigo ha provocado un enorme malestar entre funcionarios y cargos municipales, pues consideran que ya conocen perfectamente su trabajo. “Esta es una manera de paralizar la administración y de decirnos que desconfían de nosotros”, dijo uno de los trabajadores municipales que ha conocido esta circular. Los empleados municipales consideran casi un insulto que la interventora les haya interpretado en su escrito la Ley Electoral, al señalar en uno de los artículos del citado texto que una vez finalizado un mandato, los miembros de las corporaciones continuarán en sus funciones sólo para la administración de cuestiones ordinarias y, en ningún caso, podrán tomar decisiones para las que legalmente se requiera una mayoría cualificada.
La interventora señalaba que los miembros de las corporaciones continuarán en sus funciones sólo para la administración de cuestiones ordinarias
Los empleados municipales recuerdan a la interventora que lo que realizan las Juntas de Distrito, como órganos más próximos a los vecinos, son tareas que en su gran mayoría tienen un carácter menor y casi de obligado cumplimiento, siendo por tanto actuaciones de administración ordinaria. Casi todos los expedientes que actualmente se están tramitando fueron iniciados con mucha antelación a la realización de las elecciones locales el 24 de mayo. Por ello, consideran que se podía haber advertido por los órganos, que ahora limitan la actuación de la administración municipal, de la paralización desde el día 24 hasta, por lo menos, el día 13 de junio, de cualquier actividad administrativa que no fuese calificada de ordinaria. En las elecciones locales del año 2011 no se dictó una disposición similar a la actual que limitase la actividad administrativa.
El caso más preocupante son las obras a realizar en los colegios y centros educativos. Se trata de pequeñas obras de mantenimiento, pues las grandes inversiones son competencia de la Comunidad Autónoma, que tienen que realizarse durante el período de vacaciones de los niños. “No parece adecuado –señalan personas que trabajan en el Ayuntamiento- pintar las paredes de las aulas de un colegio con los niños en el interior de las clases”. Si ahora no se tramitasen los expedientes, las obras no podrán realizarse. Las reformas se han consensuado, de acuerdo con el crédito disponible, con los directores de los colegios y en la mayoría de los casos con las asociaciones de padres. El importe de mantenimiento a realizar en los colegios es variado, pero no se trata de grandes gastos. Lo normal es que tengan un importe desde los 5.000 hasta los 50.000 euros, sobre un presupuesto de más de cuatro mil millones de euros de gasto para todo el Ayuntamiento de Madrid.
Durante el periodo hasta que entre el nuevo equipo no se podrá aprobar un nuevo Plan General o Urbanístico, o adjudicar un contrato millonario
Otro empleado público señala que la ley no determina lo que se entiende por administración ordinaria. Sólo recoge el qué no es este tipo de administración: “Lo que requiera una mayoría cualificada para su aprobación”, lo que busca hacer entender que durante este tiempo, desde las elecciones y hasta la entrada del nuevo equipo, no se puede aprobar un nuevo Plan General o Urbanístico, ni adjudicar un contrato millonario, ni cosas similares. En un Ayuntamiento, y más en una Junta de Distrito, casi todo es administración ordinaria.
Todas las obras en los colegios han sido tramitadas y aprobadas siguiendo las instrucciones que para ello ha dado la propia Intervención General. Se han realizado proyectos y adjudicaciones que han sido totalmente fiscalizadas y controladas por la Intervención sin ningún tipo de reparo. “Es decir no se ha incumplido ninguna norma”, añaden. Según las fuentes consultadas, todo parece indicar que la interventora general quiere “curarse en salud” y se ha pasado de frenada, pues con la circular que ha dictado paralizará la administración municipal durante más de un mes. La indignación se acrecienta cuando en otros cambios de Corporación, tras unas elecciones, no ha habido ninguna objeción a tramitar estos pequeños gastos para el mantenimiento de los colegios públicos.
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