La inspección ocular al recinto del Madrid Arena realizada durante toda la mañana de ayer no arrojó más claridad sobre la tragedia que acabó con la vida de cinco mujeres jóvenes, una de ellas menor de edad, la pasada noche de Halloween. La visita, encabezada por el juez que instruye el caso, Eduardo López Palop, el fiscal Manuel Moix, el secretario judicial y el batiburrillo de abogados de la acusación (familias de las víctimas y otros particulares) y la defensa (Ayuntamiento de Madrid, Diviertt, Kontrol 34…), acabó peor de lo que empezó, con la sospecha lanzada por varios de los letrados a la salida del pabellón de que muchos elementos ya no están como se encontraron en la madrugada del 1 de noviembre, minutos después de la avalancha mortal.
De hecho, Felipe Moreno, abogado de la familia de la fallecida Rocío Oña, centró la atención de los medios al señalar que “curiosamente” solo una de las ocho cámaras acopladas a los vomitorios del Madrid Arena no funcionaba, y esa “era justo donde sucedieron los hechos”, pegando al túnel en el que murieron las jóvenes. “Cabe la sospecha razonable, y ya es mucha casualidad, que todas las cámaras de los vomitorios funcionasen y que ese día, casualmente, la cámara situada en el vomitorio central, el más directo, no funcionaba”, razonó Moreno. El recinto cuenta con 127 dispositivos de videovigilancia, pero el asunto de la cámara inoperativa no fue la única sombra revelada ayer.
Otro de los nubarrones se cierne sobre la ubicación de la enfermería en la que atendieron a las víctimas y a otros heridos el exconcejal del PP y médico José Viñals y su hijo Pedro Viñals, también doctor. “La enfermería no está donde nos habían dicho sino a 150 metros de donde sucedió todo y era ridícula: apenas una camilla y nada más”, señaló Abdón Núñez, abogado de la familia de Belén Langdon, que murió aplastada. “Un cuchitril que es una vergüenza que se le llame enfermería”, agregó. Otra de las partes implicadas en el proceso comentó a este medio que quienes hayan cambiado la localización original del dispositivo sanitario no benefician a los acusados, excepto si lo que se pretende es cargar de culpas a Miguel Ángel Flores, organizador del evento, y al propio Viñals. El sindicato Manos Limpias hace tiempo que pidió la imputación del exconcejal, como se encargó de recalcar ayer la letrada de este sindicato.
Pero ahí no acaban los recelos. El diario El Mundo publicó a mediados de este mes que solo tres de los ocho vomitorios estaban abiertos durante el Thriller Music Park –nombre del evento de Halloween-, y ayer volvió a sonar ese número durante la inspección, según pudo saber Vozpópuli. Sin embargo, las conclusiones de la pasada comisión de investigación, válidas hoy, siguen reconociendo cuatro vomitorios abiertos, uno más del indicado.
Finalmente, una valla que rodea el recinto y que en teoría estaba rota el día del festival, ya que a través de la cual penetraron numerosos asistentes sin entrada según la acusación, se encontraba ayer totalmente repuesta, tal y como pudieron comprobar los periodistas allí presentes. “Al final esto no ha servido para nada, como ya sospechábamos muchos. Hay elementos que parece que claramente han sido modificados desde el 1 de noviembre. Somos conscientes de que las pruebas visuales –vídeos y fotografías tomadas por la Policía Científica- desbaratarán muchas teorías y fortalecerán otras”, comentaba a la salida un letrado vinculado a las familias de las víctimas.
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