El asesor es una figura tan extraordinariamente arraigada en el seno de la Administración Pública como opaca. En muchos casos se trata de puestos difícilmente justificables, pero eso no entraña ningún problema porque su designación es libre. Pero si demostrar la necesidad y rentabilidad de muchos de esos cargos es complicada, su cuantificación es una tarea aún más laboriosa. La razón es que no existen registros de dominio público que den cuenta del número de asesores que acoge la Administración, que detallen qué funciones desempeñan y qué salarios –a cuenta del contribuyente- perciben por ellas. Debido a la falta de transparencia administrativa en torno al personal de confianza, las cifras que se manejan son solo estimaciones, pero no son nada desdeñables. Desde el CSI-F (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) apuntan que existen alrededor de 20.000 cargos elegidos ‘a dedo’, pero incluso tienen la sensación de quedarse cortos.
Tomando como referencia esa cifra aproximada y teniendo en cuenta que el salario medio de un asesor del aparato administrativo es de 40.000 euros anuales (aunque muchos se mueven en la horquilla de 45.000 a 70.000 euros), la estimación directa del gasto en retribuciones del personal colocado directamente por el poder político es de cerca de 1.000 millones de euros incluyendo los gastos sociales. Todo esto, en un contexto en el que la directriz sobre la cual el Gobierno está conduciendo su programa político es la contención del gasto público. Sin embargo, el número de asesores y la cantidad de dinero público que supone su remuneración podrían ser aún mayores. España contaba con unas 4.000 empresas públicas (entre consorcios, fundaciones, etc), antes de la extinción de 460 de ellas por parte del Estado, y “en cada una de ellas se ha podido contratar como cargo de confianza a todos los que haya querido”, afirma Miguel Borra, presidente de CSI-F.
Para ser asesor no se requiere ninguna titulación. 68 de los 578 cargos de confianza de Rajoy no tienen el graduado escolar
Muchos enchufados y poco control
Amigos, parientes, militantes de partido... Cualquiera puede llegar a ostentar una plaza de este tipo porque la preparación no es un requisito que deba cumplir el personal eventual. No hace falta ningún tipo de titulación. Basta con que el cargo político encargado de su contratación considere su idoneidad para el puesto, ya sea de ingeniero supervisor o de chófer o cocinero, cargos éstos que poco tienen que ver con las actividades de asesoramiento. Un ejemplo claro está en el propio elenco de asesores que rodea al presidente del Gobierno. De las 578 personas de confianza de Mariano Rajoy (50 menos de las que llegó a tener Zapatero en su segundo mandato), 68 no poseen el graduado escolar. El propio Rajoy respondió a una pregunta formulada por UPyD a este respecto diciendo que la mayoría de ellos eran funcionarios de carrera pero haciendo hincapié en que “no se exige el requisito de estar en posesión de titulación alguna”.
Estos empleados no solo acceden al sector público ‘por enchufe’, sino que no se ven afectados por las mismas condiciones de transparencia. El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) especifica que “el número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno” y que este número y las condiciones retributivas “serán públicas”. Sin embargo, no es obligatoria la publicación de los nombramientos de personas de confianza, ni de la lista de todo el personal nombrado por cada Administración Pública. No hay control porque la ley así lo permite. Por eso, los trabajadores reivindican la creación de un registro público para “contrarrestar los excesos cometidos durante años” y que esos puestos sean cubiertos por funcionarios de carrera, ya a sueldo del Estado, y así no tener que pagar a nuevo personal.
El número máximo de puestos de confianza lo establecen los propios órganos de gobierno, pero la EBEP no habla de la obligación de publicar los nombramientos ni la lista del personal eventual
Tanto su nombramiento como su cese es libre, o dicho de otro modo, la contratación de personal eventual es una decisión política. Esa “politización de las Administraciones Públicas” es precisamente lo que denuncia el personal funcionario y laboral, el cual ha superado un proceso selectivo sujeto a criterios de libre concurrencia, mérito y capacidad. “La elección del personal eventual es absolutamente discrecional, en la que un político contrata a la persona que cree conveniente sin tener cuenta otra cosa más que su valoración subjetiva”, asegura Borra. Algo parecido sucede con los puestos de libre designación. A diferencia de los asesores, éstos sí son funcionarios de carrera, pero su ascenso también depende de decisiones políticas, provocando cierta desigualdad entre unos y otros. El presidente del CSI-F apunta que “la carrera administrativa queda anulada por la designación política. El hecho de que algunos sean ascendidos porque sí y firmen una carrera meteórica desmotiva al resto del mundo”.
Más asesores que concejales
No es extraño encontrar corporaciones municipales con mayor número de asesores que de concejales. Es más, abundan. Uno de los casos más escandalosos ha sido históricamente el del Ayuntamiento de Madrid que, con Ana Botella en el Consistorio, pagaba a 254 asesores en 2012. Pero también el de la Diputación de Alicante, que con 37 diputados en 2010 llegó a tener hasta 73 cargos de confianza; o el Ayuntamiento de Valencia, en el que el número de asesores casi doblaba en ese año al de regidores: 33 frente a 60. Sin embargo, concejos más modestos en cuanto a tamaño siguen esa misma tendencia. Es el caso del Concejo de Almería, dirigido por Luis Rogelio Rodríguez Comendador (PP). Los 32 asesores de que disponen sus 27 concejales supusieron a las arcas públicas 1.110.000 euros en 2011. Por el contrario, el de Oviedo, cuyo alcalde (PP) se ha mostrado partidario de la idea de reducir el número de concejales, llevó a cabo una reducción en el número de cargos de confianza como medida de ahorro. Actualmente mantiene 10 asesores con sueldos que oscilan entre los 45.000 y los 70.000 euros.
La reforma local, en punto muerto
El eterno debate sobre si sobran asesores se ha hecho extensible a los concejales. La reforma local propuesta por el Gobierno continúa encallada. La negociación con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) no está resultando fácil y el equipo de Rajoy ha tenido que suavizar el texto y rebajar sus pretensiones iniciales de reducir un 30% el número de concejales o personal local”. Concretamente, el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local persigue una “gestión más eficiente, con un ahorro de al menos 3.500 millones de euros”. Descartada por Cristóbal Montoro una reducción del sueldo de los trabajadores municipales, la batalla se sigue librando en el terreno de la estabilidad presupuestaria, la cuestionada eficiencia de cerca de 6.000 ayuntamientos y la modificación de competencias.
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