El Ministerio de Hacienda ha remitido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una propuesta de pacto que permitirá a las entidades locales movilizar 5.000 millones de euros para mejorar los servicios que prestan y colaborar en la tarea de reconstrucción del país tras la emergencia sanitaria.
Según han informado a Efe fuentes del Gobierno, la propuesta, a la que se ha llegado tras semanas de negociación, libera este dinero en dos tiempos: 2.000 millones este año y 3.000 en 2021 atendiendo al hecho de que la propia FEMP ha advertido en varias ocasiones que los municipios no tienen suficiente capacidad para ejecutar el montante de 5.000 millones en un solo año.
Los ayuntamientos podrán destinar este dinero a la agenda urbana y de movilidad sostenible (oferta de vivienda de alquiler o construcción de carriles bici), política de cuidados para personas mayores y dependientes, ayuda a domicilio y teleasistencia y cultura.
La actual legislación y la propia Constitución veta que los ayuntamientos puedan utilizar con carácter general sus remanentes de tesorería. Ante esta imposibilidad, el Gobierno ha establecido un mecanismo para que las entidades locales puedan destinar un porcentaje del remanente equivalente a 5.000 millones.
El acuerdo contempla que las entidades locales constituyan voluntariamente un préstamo a favor de la Administración General del Estado por el total de sus remanentes de tesorería. Con este importe, Hacienda realizará un ingreso no financiero en 2020 y 2021 que como mínimo representará el 35 por ciento de los fondos aportados y que llegará hasta 5.000 millones. El importe restante del préstamo se devolverá en 10 años.
La fórmula ha sido criticada este miércoles en el Congreso por el diputado de En Comú Podem Jaume Asens que ha considerado que con este mecanismo se pretende que "los ayuntamientos se conviertan en el banco del Estado" y eso, ha dicho, "no es lo que necesitan".
Asens ha valorado que los ayuntamientos puedan usar sus remanentes porque eso "alivia" sus finanzas pero no ha compartido una fórmula "condicionada" y con un plazo de devolución de diez años.
En este sentido, Asens ha instado al Partido Socialista a cumplir el mandato de la Cámara Baja que el 3 de julio en el marco de la Comisión de Reconstrucción aprobó, con el voto en contra del PSOE, no aplicar la regla de gasto en 2020 y 2021 y que los ayuntamientos pudiesen utilizar el superávit de su tesorería en las necesidades derivadas de la crisis.
También el PP en la FEMP ha trasladado su disconformidad con la propuesta ministerial. El alcalde de Córdoba y vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la FEMP, José María Bellido, ha señalado, tras hablar con la dirección nacional de su partido, que la propuesta es una "chapuza", "una tomadura de pelo y un chantaje intolerable a los ayuntamientos".
En opinión de Bellido, la propuesta, de la que el PP no tiene constancia documental, pretende que los ayuntamientos "prestemos al Estado el dinero, contante y sonante, de nuestras remanentes" y a cambio "graciosamente el Estado nos permite este año devolver parte de ese dinero para destinarlo a las necesidades de los ciudadanos".
Bellido ha considerado que con este documento "salta por los aires el consenso alcanzado todos estos años en la FEMP" entre alcaldes y concejales de todos los colores políticos pidiendo el uso de esos remanentes. "Y es un chantaje -ha explicado- porque para disponer de este dinero, nos obligan a que se lo prestemos al Estado".
El alcalde popular también ha lamentado que el Gobierno se "olvide" de los ayuntamientos pequeños y de los que no tienen ahorros por lo que ha concluido que es una propuesta "absolutamente decepcionante".
Bellido ha advertido de que si la propuesta lanzada por Hacienda sigue adelante su partido será "extremadamente combativo" y ha pedido al Ministerio que empiece a negociar propuestas serias, "no como estas que no merecen más consideración".
