El asunto llevaba treinta años saltando de un juzgado a otro. Ahora, el Ayuntamiento de Torrox (Málaga) deberá indemnizar a un antiguo recaudador de impuestos que trabajaba para el Consistorio y que fue despedido por el alcalde de entonces sin los meses de preaviso estipulados en el contrato. Con casi 80, el exrecaudador municipal habrá recibido 4,7 millones de euros tras la batalla judicial contra la corporación municipal.
El suyo es uno de los cientos de casos en que las arcas municipales acaban sufriendo abultadas mermas por la mala gestión de sus responsables políticos. Los conflictos que acaban habitualmente en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo se dan por toda la geografía española.
Algunas de ellas acaban en el propio Tribunal Supremo. A comienzos de este año, condenó al Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) a indemnizar a una interina con 20.000 euros por sobrepasar el límite de tres años en la convocatoria de una oferta de empleo público, a pesar de que las anteriores instancias judiciales habían negado la razón a la trabajadora. Aunque el Tribunal no le devuelve al puesto que ocupaba hasta que se convoque otro proceso de selección, como ella pedía, sí obliga a indemnizarla por los daños y perjuicios generados por la conducta del Ayuntamiento.
También en enero la Justicia obliga al Ayuntamiento de Bilbao a indemnizar a un bombero con 120.000 euros, después de que una resolución de la concejala de Recursos Humanos le negase una prima de jubilación anticipada, que el demandante reclamaba en base al plan estratégico de generación de empleo del Consistorio aprobado en el año 2000. Su caso se repite en la corporación de la ciudad vasca, que acumula varios casos y que también se han dado en Vitoria. Hasta la fecha, el consistorio bilbaíno ha tenido que desembolsar más de dos millones y medio de euros en indemnizaciones a funcionarios.
Pero junto a los conflictos laborales, los conflictos urbanísticos son uno de los grandes pozos sin fondo de las compensaciones por parte de las administraciones locales. Uno de los más habituales son las licencias de obra. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenó el pasado mes de diciembre una indemnización de 1,5 millones de euros a una constructora a la que el Ayuntamiento de Madrid llevaba cuatro años demorando la licencia de un edificio en el barrio de La Guindalera, cuyo diseño generó protestas vecinales.
Al ayuntamiento granadino de Almuñécar le han condenado en marzo a indemnizar con más de dos millones de euros a una empresa por un convenio de gestión en 2006. A diferencia del Consistorio madrileño, para un ayuntamiento de este tamaño, una condena así hace que se tambaleen las arcas municipales. De hecho, la corporación municipal fraccionará el pago en diez cuotas mensuales de 200.000 euros desde agosto de 2020 a mayo de 2021.
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