Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida deberán enviar desde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital la próxima batería de pruebas del caso 8-M. La juez que dirige la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid ha requerido a ambas oficinas información sobre los eventos colectivos realizados entre el 5 y el 14 de marzo. Los dirigentes del Partido Popular tienen de plazo hasta las 18.00 horas de este jueves para presentar la documentación a la causa que se sigue contra el socialista José Manuel Franco.
Vozpópuli ha tenido acceso a la providencia de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Según consta en el escrito, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel ha ordenado las diligencias en respuesta a la petición realizada por la Abogacía del Estado en un recurso de reforma presentado el pasado 3 de junio.
"Practíquense las diligencias interesadas en el sentido de librar oficio a la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid a fin de que informen sobre los eventos colectivos o masivos públicos o privados (...) que se celebraron entre los días 5 y 9 de marzo de 2020", ha señalado la juez.
La lista requerida incluye todos aquellos actos que hayan tenido lugar en espacios públicos o privados "con autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias", ya sean "deportivos, culturales, políticos, sociales, pruebas de acceso o selección para la Administración, ferias o cualesquiera otros". Los equipos de Díaz Ayuso y Martínez-Almeida deberán precisar "la fecha y aforo o número de asistentes".
Plazo límite de entrega
La magistrada instructora también ha solicitado información referente a eventos que "correspondan a alguna de las categorías indicadas" que hayan sido programados entre el 5 y 14 de marzo y finalmente suspendidos o cancelados "por motivos sanitarios relacionados con la covid-19". En este caso, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid deberán facilitar "fecha y documento que acredite tal extremo".
La Delegación de Gobierno ya hizo entrega de sus registros. Tal y como recoge uno de los recursos de reforma de la Abogacía, se celebraron 130 manifestaciones en Madrid entre el 5 y el 9 de marzo; 21 fueron comunicadas y luego desconvocadas. La Policía Judicial, que también incluye las concentraciones comunicadas a celebrarse después del 14 de marzo, computó 130 "manifestaciones celebradas" y 35 "no celebradas". Según el informe de la Guardia Civil, 26 de las que figuran en la lista de las "no celebradas" fueron desconvocadas por motivos sanitarios; 14 de ellas a petición de los organizadores y 12 a instancias de la Delegación del Gobierno.
Según consta en la providencia, los informes ahora requeridos a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid deberán obrar en la causa antes de las 18.00 horas de este jueves. Para entonces, la juez ya habrá culminado la primera ronda de interrogatorios prevista para esta semana.
Diligencias practicadas
La documentación aportada por las oficinas de Díaz Ayuso y Martínez-Almeida se sumará a las diligencias hasta ahora practicadas: dos informes de la Guardia Civil y dos informes del médico forense. Franco ha negado las conclusiones recogidas en los reportes.
Todas estas actuaciones forman parte de la investigación que desde el pasado 23 de marzo dirige el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid contra el delegado del Gobierno por presuntamente desoír las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus y permitir concentraciones multitudinarias "desde que se emitiera el informe sobre la covid-19 de 2 de marzo de 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades". En la lista destaca la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer.
Franco ha insistido, ante la prensa y -según ha dicho- ante la juez, que "no había ningún elemento" que le llevase a "prohibir el ejercicio de un derecho fundamental". "Se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que en aquel momento nos decían los expertos sanitarios", ha precisado en el marco de su defensa.
Hasta el momento, ni la Abogacía ni la Fiscalía han apreciado indicios de delito en la actuación del delegado del Gobierno. Ambos han pedido el archivo de la causa y han criticado a la juez por practicar diligencias durante el estado de alarma; consideran que ello ha generado la "indefensión" del investigado. La magistrada ha insistido en que "se ha intentado trabajar con prontitud en todo aquello que afecta a la acusación y también a la defensa". Este martes ha rechazado cerrar la instrucción y ha pedido información a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento.
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