La presidenta de la Comunidad de Madrid, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, se ha manifestado contraria a acatar la orden ministerial del Gobierno para establecer las nuevas restricciones que acarrearán los confinamientos en toda España ante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En sintonía con las declaraciones del consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que recalcó que la decisión "no es jurídicamente válida", Ayuso ha avanzado que el Ejecutivo regional está "estudiando" acciones legales.
Isabel Díaz Ayuso ha aseverado que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "no te puede imponer nada". "Lo estamos estudiando con el abogado de la Comunidad", ha reconocido este jueves durante una entrevista en Esradio. En el caso de recurrir finalmente, la región tendría que formular sus alegaciones ante el Tribunal Supremo, que es el competente en estos casos. 'La Razón' ha confirmado que el Gobierno regional actuará por esa vía.
La presidenta madrileña ha insistido en que el resultado de la votación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es fruto de un acuerdo y que en las reuniones entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid no se había alcanzado un consenso: "Se plasmó la voluntad del acuerdo... Lo que no sabíamos es que, luego lo vimos filtrado en prensa, había algunas condiciones". "No se cerró absolutamente nada", ha sentenciado: "Simplemente hablaron, vieron algunos indicadores, algunas condiciones...".
Ayuso ha manifestado su voluntad de trabajar para revertir la "peligrosa" situación actual, aunque ha recalcado su rechazo al proceder del Gobierno de Pedro Sánchez apenas diez días después de que ambos decidieran crear una mesa de coordinación para que ambas administraciones dieran una respuesta coordinada y efectiva a la pandemia. Pero, para Ayuso, la solución no es lo acordado mayoritariamente por las comunidades autónomas: "Nadie tiene la varita mágica".
"Haré todo lo que sea posible, todo lo que esté en mi mano", ha enfatizado Ayuso antes de recordar que Madrid cuenta ya con "un plan" propio, al que ve pocas "diferencias" del que el Gobierno central pretende aplicar en toda España, si bien únicamente afectará a diez ciudades de Madrid, incluyendo la capital.
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