Mientras el plan de entregar 184.000 viviendas impulsado por Moncloa no termina de despegar -solo se ha entregado un 5,5% de las viviendas prometidas-, el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, una de las propuestas estrella de Isabel Díaz Ayuso, va viento en popa, hasta el punto de entregar el triple de viviendas nuevas en alquiler asequible solo en la región que el Gobierno en toda España.
En concreto, Vivienda ha entregado 156 viviendas nuevas en alquiler asequible por las 483 llaves que ha entregado el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Además, El Ejecutivo de Sánchez está mucho más lejos de cubrir los pisos nuevos de alquiler asequible que Madrid, ya que tan solo se ha producido la entrega de un 1% de las casas prometidas; el gobierno regional, por su parte, ha cubierto ya un 5%, aunque hay muchas casas que ya tienen un dueño asignado a falta de terminar la construcción.
Un Plan Vive que pretende construir en la Comunidad de Madrid 10.500 viviendas nuevas por las 15.000 que el Gobierno de Sánchez pretende levantar en todo el mapa peninsular. Según datos de la CAM, las obras de 4.000 viviendas terminarán este año, lo que supondrá que, si se cumplen las previsiones, el Gobierno regional habrá entregado a principios de 2025 más de un tercio de las viviendas licitidas con el Plan VIVE, por lo que en ese sentido van por delante del Gobierno de la nación.
El objetivo marcado y que en estos momentos es bastante realista es entregar todas las viviendas antes de que acabe la actual legislatura, el 28 de mayo de 2027. En Plan VIVE cuenta con la particularidad de que está enfocado a menores de 35 sin ninguna vivienda en propiedad que busquen una forma de emanciparse por un precio por debajo del mercado a través de una colaboración público-privada: la Comunidad de Madrid aporta el suelo y las constructoras la concesión del edificio durante varios años. Se encargan, en definitiva, de la gestión del edificio y de obtener ingresos a través del alquiler durante un periodo de años concreto.
Un formato alejado de la propuesta del PSOE, quien apuesta por la gestión pública. De ahí la promesa de crear una "gran" empresa pública de la vivienda para, entre otras cosas, llevar a cabo la gestión de estas viviendas que, por el momento, están lejos de ser una realidad en el plazo marcado por Sánchez, esta legislatura, denominada por él mismo la de "la vivienda".
El formato que propone Madrid ya está siendo calcado por otras comunidades autónomas, que ven fundamental la construcción de pisos nuevos para que aumentar la oferta y rebajar la demanda, especialmente por la población más joven, quien presumiblemente tiene una renta más baja. Canarias o Valencia han desarrollado un plan similar con el objetivo de aliviar la situación habitacional de sus regiones.
La mayoría de viviendas, de Sareb
Mientras el Gobierno va más lento de lo que le gustaría en la entrega de viviendas, intenta maquillar los datos con viviendas de Sareb, la entidad pública que absorbió muchas de las propiedades que tenían las cajas de ahorro cuando quebraron por la crisis de 2008. Estas son más del 90% del total, ya que son 9.700 viviendas de las 10.206 entregadas, según los últimos datos del ministerio de Vivienda, que no está siendo todo lo transparente que debiera ser: el último volcado de datos oficiales data del 31 de julio de este año. El ministerio cifra en 80.745 las viviendas ya movilizadas, pero lejos de ser entregadas al público.
Se trata de una cifra pobre, ya que el plan del Gobierno arrancó con paso firme, movilizando 71.620 viviendas a las pocas semanas del anuncio de Pedro Sánchez en verano de 2023. Un año después, Vivienda solo ha movilizado 9.000 viviendas más, por lo que de mantener este ritmo, no alcanzaría la cifra prometida ni aunque Sánchez renovase mandato en 2027.
Además, tal y como contó Vozpópuli esta semana, el Gobierno no ha entregado ni una de las viviendas prometidas con fondos UE: Vivienda planificó entregar 25.000 viviendas con dinero europeo, pero por el momento solo ha adjudicado o iniciado 16.067 pisos (un 64% del total). De esta cifra, no hay constancia de que haya habido ninguna entrega de llaves.
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