El exjuez Baltasar Garzón será el abogado defensor del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, encarcelado desde el pasado 13 de febrero en España y a la espera de extradición a México, donde se le reclama por supuestos delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se le señala como el presunto muñidor de la trama Odebrecht en territorio mexicano.
Lozoya ha contratado a ILOCAD, el despacho de abogados dirigido por el exmagistrado de la Audiencia Nacional, para que asuma su defensa durante el proceso de extradición que enfrenta en España el exdirector de Pemex, según informaron medios mexicanos y ha confirmado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
"Es famoso por algunos casos que le han tocado llevar, uno en particular fue muy importante, él fue el que juzgo a (el exdictador chileno) Augusto Pinochet", ha señalado el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina de este jueves. "Los abogados suelen ser buenos cuando se trata de defender una causa justa, pero sí se trata de defender a un posible defraudador, por muy bueno que sea el abogado, la tiene difícil", ha añadido el presidente de México.
Ilocad (International Legal Office for Cooperation and Development) es el despacho de abogados fundado y dirigido por Baltasar Garzón después de su inhabilitación como juez en 2012
Lozoya fue uno de los principales asesores de Peña Nieto en la campaña electoral del año 2012, en la que el entonces líder del PRI se impuso al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Después de su victoria en las urnas, Peña Nieto nombró a Lozoya como director general de Pemex, la mayor empresa del país, cargo que asumió entre 2012 y 2016.
Después de pasar ocho meses prófugo, bajo orden internacional de busca y captura, el pasado 12 de febrero la Policía Nacional detuvo en una urbanización de lujo de Málaga a Lozoya, uno de los hombres clave durante el Gobierno del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto y que ahora enfrenta una de las mayores investigaciones por presunta corrupción en ese país.
La Fiscalía mexicana solicitaba su arresto por el presunto uso fraudulento de 280 millones de dólares en operaciones con recursos de procedencia ilícita (equivalente a blanqueo de dinero en España).
Este periódico se ha puesto en contacto con el despacho de Garzón, Ilocad, que no ha desmentido la información publicada por los medios mexicanos y ha señalado que "no va a hacer ninguna declaración sobre este asunto".
El abogado de Lozoya en México, Javier Coello Trejo, ha confirmado a Vozpópuli que el despacho de abogados de Garzón estaba entre la terna de bufetes a los que había solicitado presupuesto para defender a su cliente en España.
Garzón y el PRI
No es la primera vez que un expolítico mexicano detenido en España recurre al abogado Garzón. En enero de 2016, después de ser arrestado en Barajas, el expresidente nacional del PRI y exgobernador de Coahuila Humberto Moreira quiso contratar los servicios del exjuez para defender su caso.
La Fiscalía Anticorrupción investigaba a Moreira por presunto blanqueo de dinero y organización criminal. Se le vinculaba al sangriento cártel de Los Zetas.
Por miedo a dañar su reputación de defensor de los Derechos Humanos en América Latina, Garzón rechazó defender entonces al expresidente del PRI. El caso recayó en un antiguo colaborador del exjuez, el abogado Manuel Ollé.
Una semana más tarde, el juez Santiago Pedraz, puso en libertad a Moreira al considerar insuficientes las pruebas presentadas por Anticorrupción, que basaba el caso en un procedimiento abierto por la Fiscalía de Estados Unidos en Texas.
Ilocad (International Legal Office for Cooperation and Development) es el despacho de abogados fundado y dirigido por Baltasar Garzón después de su inhabilitación como juez en 2012. Conocido por su defensa en casos de protección de Derechos Humanos, el bufete del exmagistrado facturó 16,7 millones de euros entre 2013 y 2018, según adelantó Vozpópuli.
Identidad falsa en Málaga
Después de ocho meses siendo uno de los exempresarios y expolíticos más buscados de México, la Policía Nacional española arrestó a Lozoya el pasado 12 de febrero en los alrededores de La Zagaleta, una urbanización de lujo en Málaga donde el exdirector de Pemex se escondía con identidad falsa. En el momento de su arresto, su única identificación era un carnet de conducir mexicano falsificado: llevaba su foto, pero estaba expedido a nombre de Jonathan Solís.
Un día después, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decretó su ingreso en prisión sin fianza por riesgo de fuga. Una decisión con la que se dio inicio formalmente al proceso de extradición de Lozoya. Después de pasar más de dos semanas en la prisión de Alahurín de la Torre, Lozoya fue trasladado el pasado lunes al Centro Penitenciario Madrid IV-Navalcarnero para facilitar los trámites administrativos relacionados con su extradición, según fuentes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Extradición clave para Obrador... y Peña Nieto
El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, confirmó el pasado 25 de febrero que la Fiscalía mexicana presentará en tiempo y forma ante la Audiencia Nacional todo el expendiente necesario para solicitar su entrega a México.
Según informó el diario mexicano Milenio, el Gobierno de López Obrador ha contratado al despacho Garrigues para que represente los intereses de México en este proceso de extradición que se librará en España. Es el mayor caso de presunta corrupción presentado por el actual Ejecutivo mexicano contra un ex alto cargo del anterior Gobierno del priísta Enrique Peña Nieto.
Según medios locales, la constructora brasileña Odebrecht presuntamente habría inyectado cerca de un millón de dólares en campañas del PRI
Según medios mexicanos, la Fiscalía de ese país investiga, entre otras cuestiones, si Lozoya trianguló dinero presuntamente procedente de Odebrecht para financiar campañas políticas de dos exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el expediente de Lozoya, según avanzó el medio Animal Político, la Fiscalía de México señala que la constructora brasileña Odebrecht habría inyectado casi un millón de dólares en las campañas del PRI en Veracruz y Tamaulipas. Tras el triunfo de ambos candidatos priístas, la constructora obtuvo diversos contratos en esos estados.
Así lo especificó una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), tras tomar declaraciones de exdirectivos de Odebrecht. Testimonios que fueron utilizados por un juez federal para solicitar la orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex.
