José María Rotellar, el nuevo encargado del área económica en el gabinete del presidente del PP, Pablo Casado, fue multado en octubre de 2019 por el Banco de España con 18.000 euros por una infracción grave acaecida cuando formaba parte del consejo de administración de Avalmadrid.
Licenciado en Economía y MBA por la Universidad Autónoma con el número uno de su promoción, Rotellar cuenta con un máster en Finanzas por CUNEF y empezó a ayudar en temas económicos a Casado hace dos años. Previamente, estuvo unos años colaborando con FAES. Una labor que ha compaginado con sus clases de profesor en la Francisco de Vitoria y sus colaboraciones en medios de comunicación económicos. Desde entonces, se ha convertido en el principal asesor del área económica en el gabinete del presidente de los 'populares', subrayan fuentes de Génova a Vozpópuli.
Este área trabaja al margen del equipo económico de la vicesecretaría sectorial del PP, Elvira Rodríguez, una de las voces más autorizadas y veteranas del partido en esta materia. La labor de la exministra está más centrada en surtir de información y propuestas a los órganos colegiados -Comité de Dirección, Comité Ejecutivo y Junta Directiva-. "El gabinete no hace política, sino apoyo técnico", precisan las citadas fuentes.
Casado ha oficializado ahora la nueva situación de Rotellar con este nombramiento, anunciado el sábado por la noche -en mitad de la final de la Champions- junto al de Diego Sanjuanbenito como jefe de gabinete en sustitución de Pablo Hispán y el de Miguel Ángel Quintanilla como responsable del área constitucional.
En todo caso, el nombramiento de Rotellar ha traído polémica. Según indicó El Mundo, el nuevo responsable de la asesoría económica no lo es como tal, sino que seguirá en su papel de asesor que tenía hasta ahora, pero sin ninguna nueva atribución ni retribución económica.
Sin embargo, Génova no ha rectificado su anuncio del sábado y las citadas fuentes reiteran que el profesor del CEU ha adquirido una nueva condición que no tenía hasta entonces. En cierta manera, se oficializa un papel que, hasta ahora, no había trascendido fuera de la dirección nacional. Vozpópuli ofreció este martes a Rotellar dar su versión sobre los hechos, pero este último evitó pronunciarse.
La Audiencia confirmó la sanción
A este economista le persigue el caso Avalmadrid, una mancha en su currículum que era conocida por el PP cuando Casado le fichó como asesor. La sanción del BdE a todos los consejeros de esta sociedad de garantía recíproca fue confirmada el pasado mes de marzo por la Audiencia Nacional y ascendió a un importe global de 230.000 euros.
El origen del procedimiento fue una visita de inspección de este organismo de supervisión en el año 2012, cuando se constató la necesidad de aplicar una política crediticia que redujera la concentración de riesgos, así como la mejora de los procedimientos de seguimiento del riesgo.
En aquel momento de 2012, Rotellar era consejero de Avalmadrid, aunque en octubre de 2014 ascendió a la presidencia de la entidad mientras ocupaba el cargo de viceconsejero de Hacienda en el Gobierno 'popular' que dirigía Ignacio González.
Tras la citada inspección, el BdE emitió un informe con requerimientos sobre ambas cuestiones que fue respondido por la entidad mediante carta, en la que se comprometió a implementar medidas a partir del 1 de enero de 2013, si bien no lo hizo hasta octubre de 2014 -justo cuando Rotellar llegó a la presidencia- en el caso de la concentración de riesgos, y hasta al menos el 21 de junio de 2018 en cuanto al seguimiento del riesgo.
"Negligencia" de Avalmadrid
Entre las deficiencias en el seguimiento del riesgo, el BdE señaló que la revisión de riesgos no se había efectuado con la periodicidad establecida y que en los informes no había conclusiones ni decisiones claras. El supervisor consideró las infracciones cometidas como "graves" aunque las sanciones que propuso estaban en la parte baja de la horquilla posible, al no apreciar existencia de dolo pero sí de "negligencia".
A raíz de las irregularidades detectadas por el BdE, la propia Avalmadrid encargó una auditoría externa que concluyó que se estaban concediendo avales a entidades con dificultades económicas y que existía vinculación, directa o indirecta, entre el beneficiario del aval y algún miembro de los órganos de gobierno de Avalmadrid, según desveló Telemadrid.
Entre los beneficiarios detectados por el supervisor bancario aparecían grupos empresariales de expresidentes de la patronal CEIM y CEOE, caso de Arturo Fernández (Cantoblanco) y Gerardo Díaz Ferrán (Marsans), por ejemplo.
Las irregularidades en torno a Avalmadrid llegaron a salpicar a la actual presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su familia recibió en 2011 un aval para un préstamo de 400.000 euros que su progenitor nunca llegó a devolver. Esta operación crediticia provocó una denuncia de Más Madrid, la formación liderada por Íñigo Errejón, pero la Fiscalía Anticorrupción la archivó a finales de 2019.
