Los peritos del Banco de España han remitido a la Audiencia Nacional sus conclusiones sobre la ampliación de capital del Banco Popular en 2012. El peritaje, clave para el futuro del procedimiento penal, concluye que la operación de ese año fue un "éxito" y sostiene que la información que se aportó al mercado en el folleto inversor reflejó la imagen fiel de la entidad.
De esta forma, el supervisor cumple con la diligencia solicitada en mayo de 2022 por el magistrado Santiago Pedraz, que investiga si el banco que dirigió Ángel Ron cometió algún tipo de irregularidad con la operación. Cabe destacar que este procedimiento, que arrancó a tenor de una querella contra la otrora cúpula por posible estafa a inversores, nada tiene que ver con el que se sigue en otra causa en la Audiencia Nacional sobre la última ampliación del banco antes de su resolución en junio de 2017.
El documento, que firman dos inspectores del Banco de España y al que ha tenido acceso Vozpópuli, hace una exhaustiva valoración del contexto en el que se produjo el incremento del capital por 2.500 millones de euros, las cuentas del año previo, la compra del Banco Pastor en febrero de 2012, y de si se produjo un perjuicio para los inversores.
"Fue una buena inversión"
De la documentación analizada, los peritos concluyen que la ampliación de capital "fue una buena inversión" y que se produjeron "revalorizaciones importantes" en casi los tres años posteriores. "Que la ampliación de capital fue un éxito es un hecho, ya que se suscribió por completo en el plazo previsto, e incluso hubo sobredemanda de títulos", indican los inspectores del Banco de España.
Al respecto recuerdan que la mayoría de los miembros del Consejo de Administración del Popular suscribieron entre todos el 20% de la ampliación. Además, la evolución del valor de la acción en bolsa en los meses posteriores muestra que, en general, los inversores consideraron la operación muy beneficiosa.
Con independencia de la rentabilidad que obtuviera podemos decir que fue una buena inversión, con revalorizaciones importantes en casi los tres años posteriores a la ampliación de capital
El peritaje del Banco de España dedica una buena parte al capítulo de los inversores que acudieron a la ampliación. Al respecto, lo primero que indican es que la operación estaba "justificada" ya que la decisión se tomó a tenor de la evaluación de Oliver Wyman sobre las necesidades de capital de los bancos españoles. La consultora americana incluyó al Popular entre el grupo de entidades que necesitaría capital adicional en un escenario adverso.
Del estudio de las actas del Consejo y los pasos dados por el Popular, los peritos determinan que el asunto se trató en todos los órganos pertinentes (excepto en la Comisión de Auditoría) y que se plantearon varias alternativas de recapitalización. Finalmente se optó por la ampliación, con la que pretendían cumplir una doble misión: compensar el impacto negativo de las pérdidas contables en el capital y cubrir con los fondos obtenidos a los previstos con plusvalías extraordinarias del anterior plan de saneamiento de activos.
Los inversores del Popular
"Es evidente que la decisión de ampliar capital no fue trivial", sentencia el supervisor. Al hilo destaca que se le dio premura a la operación para evitar la entrada de dinero público en el capital social del Popular y que así se reflejó en repetidas ocasiones en la documentación repartida a los inversores.
Los expertos, que lamentan que han contado con información "limitada" para realizar su pericial, suscriben que la operación fue bien acogida tanto por el mercado como por los inversores. De hecho, el 99,8% de ellos votó a favor llegando a suscribir 1.480 millones de acciones (590 millones de euros). Por ello concluyen que las medidas de saneamiento se valoraron "positivamente"
Banco Popular cumplió con todos y cada uno de los requerimientos de capital durante todo el período analizado y lo hizo siempre por sus propios medios, sin necesidad de recibir ayudas
Sobre este punto recuerdan que la operación se produjo en un contexto marcado por los "numerosos y relevantes cambios" en materia de solvencia, como el contemplado en el Real Decreto-ley 2/2011 que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy centrado especialmente en el saneamiento de las cajas de ahorro. "Banco Popular cumplió con todos y cada uno de los requerimientos legales y lo hizo siempre por sus propios medios", reza el peritaje.
El folleto de la ampliación
El supervisor aprueba la información contenida en el folleto a los inversores asegurando que reflejaba la imagen fiel del Popular y que contenía todos los extremos relevantes que debían conocerse. "Se ajustó a lo requerido por la normativa y cumplía con los requisitos mínimos legales", resaltan.
Los expertos sostienen que se informó "claramente" de que el resultado atribuido al grupo previsto para 2012 era una pérdida de -2,3 billones de euros, mientras que para los años siguientes se esperaban beneficios por 0,5 y 1,4 billones de euros. También se informó de que mejoraría el margen de previsiones (pasaría de -2,3 billones en 2012 a 1,4 en 2013) aunque al mercado se ocultó el margen de explotación.
Por contra, el peritaje afea que no fueran tan generosos en cuanto a la información sobre el plan de negocio, que califican de "escasa", y sobre los saneamientos. No obstante, entienden que la desviación advertida en el resultado de 2012, donde las pérdidas por deterioro fueron mayores a lo previsto en casi 300 millones de euros, se enmarca dentro de un margen de error "razonable".
Los peritos cumplen de esta forma con el requerimiento del magistrado Santiago Pedraz. El instructor encargó el dictamen del supervisor antes de avanzar en el marco de esta causa que arrancó a raíz de una querella contra Ángel Ron y el exvicepresidente Roberto Higuera. Los peritos desestiman ahora las principales pretensiones de los denunciantes acerca de que la operación fue opaca y de que se ocultó información clave al inversor.
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