Raúl Morodo, el que fuera embajador de Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, va camino del banquillo por fraude fiscal. El magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal acaba de proponer que se le juzgue junto con su hijo y su nuera por la presunta comisión de delito contra la Hacienda Pública entre los años 2013 y 2017.
El magistrado, que investiga el presunto cobro de más de 4 millones de euros por parte del diplomático en comisiones irregulares de Venezuela, ha dado el primer paso para sentarle en el banquillo junto con su hijo Alejo Morodo y su nuera Ana Catarina Varandas por fraude fiscal. De esta forma ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado en la pieza separada que incoó el pasado 12 de enero y que se centra en los delitos presuntamente cometidos contra Hacienda en los ejercicios de 2013, 2014 y 2017.
De esta forma la causa sigue contra el resto de imputados en estas diligencias si bien, en lo que respecta al que fuera embajador en Venezuela, se da el primer paso para juzgarle por supuesto fraude al fisco. En su auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional detalla que Alejo Morodo, hijo del diplomático, canalizó millones de euros desde PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, y lo hizo mediante contratos presuntamente ficticios de asesoría.
Desvío al patrimonio del embajador
Para no tributar a Hacienda por estos ingresos que provenían de PDVSA, interpuso las sociedades Aequitas Aogados, Furnival Barrister Corp S.A y Morodo Abogados y Asociados. "Estas empresas carecían de medios personales y materiales y de actividad comercial para facturar los servicios que, de acreditarse su efectiva prestación, solo ejecutaría Alejo Morodo", explica el magistrado. De esta forma tributó las rentas a través del impuesto de sociedades, cuya carga impositiva era menor.
De los 4,46 millones percibidos a través de tres sociedades instrumentales, Alejo Morodo dispuso para uso personal de un total de 4,1 millones
Los investigadores también han constatado durante este tiempo de pesquisas que el embajador de Zapatero en Venezuela integró en su patrimonio personal parte de estas ganancias que provenían de Venezuela y que su hijo ocultó a Hacienda. "De los ingresos percibidos a través de Aequitas y Morodo Abogados también se benefició su padre, el investigado Raúl Morodo, que recibió 357.970 euros en 2013 y 253.291 en 2014 y los integró en su patrimonio ocultándolos a la Hacienda Pública", indica.
Además del padre y el hijo, el juez propone juzgar también a la mujer de este último por presunto fraude fiscal superior los 617.000 euros en el ejercicio de 2013 y de 315.273,52 euros en el ejercicio siguiente. Al respecto el magistrado explica que de los ingresos percibidos en sus tres sociedades instrumentales entre 2013 y 2014 (y que ascienden a 4,46 millones de euros) Alejo Morodo dispuso para su consumo personal y familiar un total de 4,1 millones de euros.
Inversión en inmobiliario
Parte de este monto fue a parar a la compra de dos inmuebles que también ocultó a Hacienda. El juez detalla que en 2017 Ana Catarina Varandas, además de recibir 24.000 euros no justificados, compró dos inmuebles "abonando parte de su precio con fondos que ocultó a Hacienda". En concreto, en la compra de una de estas viviendas de lujo, convinieron un precio de venta de 350.000 euros, siendo muy inferior a su valor de mercado que en esa fecha superaba el millón de euros. De los 273.000 euros que le correspondía pagar de su porcentaje, abonó 200.000 euros con rentas que percibió de Portugal y que ocultó al fisco.
Movimiento similar ejecutó en 2017 cuando adquirió con una de sus sociedades una casa en Lisboa por 450.000 euros. De este total 225.000 provenían de rentas de su madre que se ocultaron al fisco español. Por todo ello propone que a Varandas se le juzgue por delito agravado contra la Hacienda Pública en 2013 y otro en 2017; a Alejo Morodo por delito en 2013 y 2014 y al exembajador de España en Venezuela por fraude fiscal en 2014. Además, también se han detectado irregularidades en los años 2011 y 2012 pero el delito estaría prescrito.
En lo que respecta a Cristina Cañeque, mujer de Raúl Morodo, el magistrado acuerda el sobreseimiento en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional al no guardar relación con los hechos. No obstante, en su momento la investigación se derivó a los juzgados de Plaza Castilla y recayó en el juzgado de instrucción número 20. Según ha podido saber este diario, las diligencias se archivaron al tratarse de cuotas que no superarían el límite legal para ser consideradas delito.
Pese a ello, tal y como desveló Vozpópuli, Hacienda presentó en dicha causa una ampliación de su informe en el que apuntó a fraude fiscal en los ejercicios de 2016 y 2017 a través de su sociedad MS Trading. Los peritos hablaron de "graves irregularidades contables" y advirtieron de la inversión de más de 3,5 millones en casas de lujo. Por ello propusieron regularizaciones fiscales de 32.000 euros en los ejercicios 2014 y 2015; de 201.631 euros en 2016; de 684.900 euros en 2017 y de 115.090 euros en 2018.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación