La senadora Rita Barberá ha negado rotundamente ante el Tribunal Supremo la existencia de una Caja B en el Partido Popular de Valencia o cualquier tipo de "financiación ilegal" en el que fuera su formación política durante más de treinta años. Durante su comparecencia ante el magistrado de la Sal Segunda del Alto Tribunal, Cándido Conde Pumpido, Barberá ha explicado que su "misión" era "sacar votos" a la par que ha reconocido que hizo una donación al partido pero ha negado que ese dinero le fuera devuelto, rechazando así haber cometido presuntamente un delito de blanqueo de capitales.
Además, en su declaración, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la investigada -nuevo término legal para dirigirse a los imputados- sostuvo que "la aportación de los 1000 euros de todos los militantes del PP fue para incrementar los ingresos en la campaña. Se acordó en una reunión del Comité de Campaña que vendría bien 1.000 euros pero nunca se ha hecho después ninguna devolución", recalcó. Asimismo, Barberá añadió que las aportaciones de 1.000 euros eran una decisión "puntual y extraordinaria porque hacía falta para la campaña".
En un momento del interrogatorio su letrado -el prestigioso penalista José Antonio Choclán- le preguntó por los cuatro testigos que la Fiscalía Anticorrupción considera claves a la hora de mantener una acusación contra al ex todopoderosa alcaldesa de Valencia. Se trata de Patricia Iserte, Nuria Diego García, María Aránzazu López y Jesús Gordillo. Todos ellos eran asesores del Ayuntamiento de Valencia cuando el Consistorio estaba capitaneado por Rita Barberá y el valor de sus palabras reside en que los cuatro se negaron a realizar las prácticas del 'pitufeo'.
Barberá carga contra Grau
Estos cuatro testigos declararon, primero, ante los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y, posteriormente, ante la Fiscalía Anticorrupción y el juez que se negaron a hacer el ingreso de 1.000 euros en la cuenta del grupo municipal del PP porque les obligaban a recibir posteriormente dicho importe en dos billetes de 500 euros. Los ex asesores del equipo de Rita Barberá añadieron que ellos sabían que "no era un donativo ni una aportación voluntaria" sino que desde el partido se les pedía "hacer algo ilegal".
Sin embargo, cuando su abogado preguntó a Barberá por ellos la ex alcaldesa sostuvo que "ninguno les habló sobre la existencia de una Caja B". En el caso de la asesora Patricia Iserte dijo que era una persona de "gran confianza" del ex vicealcalde del PP, Alfonso Grau, y que éste "delegaba muchas funciones en ella" quien recibía órdenes "del Comité de Campaña". De Jesús Gordillo sostuvo que fue contratado "a petición de Grau" y María Aránzazu López -a la que se dirige como Arantxa- dijo que era asesora.
Por otro lado, la ex alcaldesa añadió que la persona que se encargó de "controlar los ingresos y gastos de la campaña" del grupo municipal en 2015 -la campaña del pitufeo- fue el ex vicealcalde Grau que era el "coordinador general en el grupo municipal".
Por último, la senadora ha señalado que "desconocía que en aquellas fechas los ingresos en metálico que hizo en la cuenta del Banco Sabadell la señora García Fuster", en referencia a su mano derecha María del Carmen García Fuster.
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