España

El cierre policial de la frontera se salda con 32 delincuentes de poca monta detenidos

El balance de los controles en la frontera tras la suspensión durante una semana del Tratado de Schengen incluye también el rechazo en frontera de 68 personas y más de 434.300 identificaciones.

El restablecimiento de los controles en la frontera hispano francesa con motivo de la cumbre de Banco Central Europeo (BCE) celebrada los últimos días en Barcelona no sólo ha servido para blindar con éxito la capital catalana ante los temidos incidentes de grupos violentos, sino que también ha permitido arrestar a un puñado de delincuentes. Más de una treintena de ellos, la inmensa mayoría de poca monta y con diversas reclamaciones de Juzgados de toda España, fueran arrestados cuando intentaban entrar en nuestro país durante los eite días que ha durado el dispositivo.

La mayoría de los arrestos se produjeron en el aeropuerto de El Prat y en el paso de La Jonquera

Según los datos policiales a los que ha tenido acceso Vozpópuli, entre los 32 detenidos hasta la medianoche del viernes había un huido de la cárcel y un reclamado por las autoridades de París, así como ocho ladrones, dos estafadores, dos maltratadores, tres autores de delitos contra la seguridad del tráfico, tres falsificadores de moneda, dos traficantes de droga, un autor de daños… Además, la Policía ha rechazado en el mismo periodo a otras 68 personas que no cumplían los requisitos para cruzar la frontera.

Todo ello, en un amplio dispositivo en la frontera hispano-francesa que ha llevado a Interior a destinar a 1.300 agentes del Cuerpo Nacional de Policía que han efectuado más de 434.300 identificaciones en los días que ha durado el operativo. El objetivo de todo ello, como han reconocido durante los últimos días los responsables del Ministerio del Interior y sus colegas del ejecutivo autónomo catalán,era  evitar que se produjeran incidentes violentos que dañasen la imagen de nuestro país ante los mercados. "España no podía permitirse que una pedrada o un cóctel molotov hicieran subir la prima de riesgo", aseguró ayer el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, tras conocer el éxito de un dispositivo no exento de polémica por diversos roces entre Madrid y la Generalitat por la visible presencia de agentes de la Policía y la Guardia Civil en la ciudad.

 

De los 32 detenidos en los puestos fronterizos, la mayoría lo fueron en el control del aeropuerto barcelonés de El Prat y en el terrestre de La Jonquera. Sólo media docena fueron interceptados en el puesto de Port Bou y uno sólo en el del aeródromo de Girona-Costa Brava. En los pasos de Puigcerdá, Camprodon, Les y Canfranc no se han producido arrestos.

 

Billetes falsos y artefactos incendiarios

El incidente policial más significativo durante la suspensión del Tratado de Schengen ha sido la detención en el puesto fronterizo de La Jonquera de tres ciudadanos magrebíes cuando intentaban introducir en España cerca de 12.000 euros falsos en billetes de 100. El martes anterior, la Policía requisó a una pareja de alemanes que viajaban en una furgoneta útiles susceptibles de ser utilizados para elaborar artefactos incendiarios. Se impidió a ambos su paso a España.

 

Del resto de detenidos, destaca, por el número de reclamaciones judiciales que tenía pendiente, uno de los capturados en El Prat, a quien tres magistrados de Barcelona reclamaban por diversos delitos, uno de ellos de hurto. A otro arrestado, en este caso uno de los estafadores, era un juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional, el número seis, el que solicitaba su captura.

 

La suspensión temporal del Tratado de Schengen dio comienzo a las 00:00 horas del pasado 28 de abril y se ha mantenido hasta las 24:00 del pasado viernes. Durante todo este tiempo, Barcelona y la frontera han sido literalmente tomadas por un amplio despliegue policial que ha contado con la participación de 2.300 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, 1.200 guardias civiles y 4.500 mossos d'Esquadra. El secretario de Estado de Seguridad declinó ayer comentar el coste total del dispositivo para el Gobierno de Madrid. Su homólogo catalán, Felip Puig, se limitó a indicar que la participación de los mossos había costado a la Generalitat cerca de 500.000 euros.

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