Publicado: 21/09/2024 04:45
Barcelona y Madrid se sitúan a la cabeza de la lista de provincias con mayor número de casos de allanamiento o usurpación de inmuebles. Según el Porta Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2023, se registraron un total de 15.289 casos en todo el país. La 'okupación' es un fenómeno social que va en aumento cada año, en consecuencia, son más las voces de expertos las que apuntan a la necesidad de una novedad legislativa para acelerar el proceso de desalojo y proteger a los propietarios.
Los colegios de la Abogacía de Barcelona, Madrid y Málaga se unen para combatir el que consideran un "drama social" que cada vez tiene menos que ver con colectivos vulnerables. De manera conjunta, estos colegios de abogados han elaborado una propuesta con la que pretender reformar la ley de enjuiciamiento criminal. El objetivo es dotar a los jueces y policías de más herramientas y permitir una medica cautelar que permita a las Fuerzas de Seguridad del Estado desalojar a cualquiera que ocupe una cosa de manera ilegal en menos de 48 horas.
Jesús M. Sánchez, decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona explica a Vozpópuli que la propuesta presentada en el mes de marzo está formada por "ligeras reformas procesales para permitir un desalojo rápido e inmediato ante el ocupante ilegal". Una propuesta legislativa que va en la línea de lo que ya viene recogido en la ley de muchos países de la Unión Europea.
La propuesta de la abogacía apuesta por modificar, entre otros, el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto a la adopción de medidas cautelares, también en los casos en los que se conozca un delito del artículo 245 del Código Penal.
Medidas disuasorias para acabar con la 'okupación'
"Cuando la vivienda pertenezca a una persona física, persona jurídica de naturaleza pública o una entidad sin ánimo de lucro, el Juez o Tribunal adoptará motivadamente la medida de desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición cautelar, sin necesidad de prestar caución, en tanto en cuanto, una vez requeridos los ocupantes del inmueble, no exhiban el título jurídico otorgado por su legítimo titular que legitime la permanencia en el inmueble", expone el texto propuesto por los colegios de abogados.
El decano barcelonés entiende que abordar el problema de la 'okupación' es una tarea inaplazable, teniendo en cuenta el "drama social" que supone en poblaciones como la de Cataluña. Además, detalla que en los últimos años se ha extendido el fenómeno de la inquiokupación, es decir, aquellos que firman un contrato de alquiler con el propietario y dejan de pagar las cuotas correspondientes. "Lo que ocurre en España es insólito. Eso no se da prácticamente en ningún país en Europa. No es propio de un país serio", destaca el decano de Barcelona.
A este tipo de okupación se suma con los que se encuentran algunos letrados cuando las viviendas ocupadas se convierten en 'narcopisos' o aquellas que quedan en el radar de la ocupación delincuencial. La vicedecana del Colegio de la Abogacía de Málaga, Flor Carrasco, detalla a este medio que cada vez son más los casos en los que entra en juego la "ocupación organizada", una nueva forma de hacer negocio con la compraventa o arrendamiento de viviendas ocupadas.
Mayor inversión para vivienda social
"Tenemos en la cabeza que la ocupación la hacen personas vulnerables, cuando la gran mayoría de la ocupación, al menos en gran parte de Andalucía, tiene que ver con la ocupación organizada y delincuencial. Yo llevo temas de esos también en mi despacho y veo el sufrimiento de las personas que tienen que resignarse con no poder disfrutar de sus casas durante dos o tres años, sentencia Carrasco.
Del mismo modo, la propuesta impulsada por el Colegio de la Abogacía de Barcelona, Madrid y Málaga pasa por facilitar el acceso a viviendas sociales para aquellas familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, "solicitando más inversión pasando del 2% que aplican en España, al casi 15% que destinan en Europa".
Las voces consultadas detallan que algunas de estas reformas ya se iba a empezar a abordar en la ley de eficiencia creada en la anterior legislatura. Sin embargo, la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones para el 23 de julio y la disolución de las Cortes, hizo que decayera. En este momento, existen varias proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados a la espera de que los diferentes grupos parlamentarios acuerden un texto definitivo.