La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Santiago Pedraz que archive la causa abierta en la Audiencia Nacional relativa a los conocidos como papeles de Bárcenas. El Ministerio Público mueve ficha tras adherir a la causa el último informe de Hacienda que no acredita que las donaciones que recibió el Partido Popular bajo el Gobierno de José María Aznar tuvieran como fin último conseguir las licitaciones de obra pública concedidas entonces.
Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que Fiscalía ha interesado el archivo de estas diligencias, en el marco de las cuáles se ha investigado si existió correlación entre las donaciones de empresarios vinculados al partido y los contratos que sumarían más de 600 millones de euros. Los mismos se licitaron desde los ministerios de Defensa, Interior, Fomento y Medio Ambiente.
El informe elaborado por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) desinfló por completo la causa, tal y como informó este medio, ya que no acreditó las sospechas de los investigadores acerca de que las donaciones al PP de empresarios como Rafael Palencia (Degremont) o Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica) eran finalistas.
Documento clave de Hacienda
Más bien al contrario. El documento que llevaba más de un año esperando la Audiencia Nacional y que era clave para decidir el futuro de la causa de los papeles de Bárcenas no identifica irregularidades en la tramitación de una decena de expedientes. Concluye que la mayoría de las licitaciones estudiadas, aunque tuvieron sobrecostes cercanos al 10%, fueron legales. Los peritos analizaron expedientes de contratación del SEPES (Entidad Estatal del Suelo), AENA, ADIF, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Confederación Hidrográfica del Tajo y de Turespaña, entre otros.
Así, por ejemplo, de las licitaciones de la entidad pública SEPES se estudiaron dos importantes contratos concedidos a la UTE que integró Constructora Hispánica. Uno es el relativo a la urbanización de Loma de Colmenar (Ceuta) y el otro la actuación residencial Aguas Vivas, en Guadalajara. También analizan la adjudicación del proyecto de Monte Boyal, en Toledo, que fue a parar para Degremont, constructora del fallecido Rafael Palencia. Este contrato se licitó por 3,7 millones de euros.
Más de 1.600 millones en ADIF
De nuevo Constructora Hispánica (en UTE con Comsa) fue la firma que se adjudicó un megaproyecto licitado en 43 millones que ofertó el Gobierno de José María Aznar en 2001 para construir una plataforma de estacionamiento de aeronaves en el aeropuerto de Barajas. Lo mismo ocurrió con el lote de 4 contratos de ADIF (antigua Renfe) para ejecutar las obras de construcción de diferentes tramos de líneas ferroviarias de alta velocidad. Solo el primero de ellos se presupuestó en 1.585 millones de euros.
En casi todos estos contratos -que se tramitaron como concurso público bajo la etapa de Gobierno de José María Aznar- las obras vieron modificado al alza su presupuesto inicial una media de un 10%; una cifra que se incluye dentro del límite del 20% que establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Por ello los peritos de Hacienda descartan irregularidades con estas licitaciones y las desligan de las donaciones al Partido Popular.
La UDEF puso bajo sospecha 23 contratos cuya suma total ascendería a 664 millones de euros, pero Hacienda no ve irregularidades en las adjudicaciones
No obstante, los empresarios que se beneficiaron de estos contratos no solo aparecen en los famosos papeles de Bárcenas, sino que también confesaron en sede judicial que efectuaron pagos a la formación que ahora lidera Alberto Núñez Feijóo. Al respecto, la UDEF puso el foco en más de una veintena de proyectos cuya suma total ascendía a 664 millones de euros.
La Abogacía General del Estado, por su parte, pidió las agendas de ministros de Aznar para cotejar las donaciones. En concreto, se centraron en los responsables de Fomento; cargo que en la primera legislatura (1996-2000) desempeñó Rafael Arias Salgado y en la segunda (2000-2004) Francisco Álvarez Cascos. Por ese motivo el magistrado Santiago Pedraz solicitó informe en octubre de 2021 a los peritos de Hacienda y, tras adherirlo un año después, dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronunciara.
Una causa abocada al archivo
Las fuentes consultadas explican que el Ministerio Público no cuestiona la existencia de las donaciones, sino que el archivo se solicita al no haberse acreditado que las mismas traían causa directa de las adjudicaciones concebidas. De esta manera queda al borde del sobreseimiento una causa que se reabrió en 2017 tras las confesiones de Francisco Correa en uno de los juicios por la trama Gürtel.
El 1 de marzo de ese año el entonces instructor José de la Mata reabrió esta pieza de la caja B del PP después de que el empresario madrileño asegurase en sede judicial que se produjeron entregas de dinero al PP a cambio de adjudicaciones de ministerios como el de Defensa y Fomento. Al respecto señaló a decenas de constructoras, entre ellas OHL, ACS y Dragados y dijo también que Bárcenas se llevó comisiones por su mediación.
El entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 reabrió esta pieza y le citó a declarar. Pese a sus confesiones en el juicio de la Gürtel, Correa se negó a responder. Por ese motivo en este tiempo las pesquisas se centraron en tratar de averiguar el verdadero carácter de las donaciones. Pese al criterio defendido por la UDEF, que vincula las comisiones con las adjudicaciones otorgadas, Hacienda ha apuntado en dirección contraria, lo que aboca al procedimiento, de nuevo, al cierre.
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