Luis Bárcenas ha sacado la artillería para actuar contra todos los implicados en la conocida como trama Kitchen. El que fuera tesorero y senador del Partido Popular ha criticado duramente los seguimientos de los que fue víctima entre 2013 y 2015 haciendo especial hincapié en el dispositivo que se impulsó en Soto del Real, donde permanecía de manera preventiva. El político desvela al respecto que se le aplicó el mismo régimen que a los terroristas, pese a que no había ningún motivo para ser clasificado como tal.
El exsenador así lo relata en el escrito de acusación presentado en esta pieza séptima del caso Villarejo y al que ha tenido acceso Vozpópuli. Bárcenas pide penas de hasta 41 años de cárcel para 10 de los acusados de la trama, mientras que para el que fuera su chófer solicita 33 años por participar en esta red que se orquestó desde el Ministerio del Interior, la ejecutó la policía patriótica y que captó colaboradores costeados con fondos reservados del Estado.
De todos los episodios acaecidos esos 24 meses -allanamiento de morada y secuestro incluido- Bárcenas destaca el vivido en la prisión de Soto del Real. Al respecto denuncia que fue víctima de seguimientos de otros presos captados por la red, sin olvidar que se le sometió a un régimen especialmente severo. Explica que, "hasta tal punto llegó el control ejercido" que fue clasificado por el Ministerio del Interior como F.I.E.S (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) un tipo de control cuyo origen se remonta, según explica, para "internos pertenecientes a bandas terroristas".
Especial control en la cárcel
Se trata de un régimen que aplica medidas de mayor control y vigilancia que a un preso común. En la actualidad existen cinco grados en dicha clasificación, siendo el primero el destinado para conflictivos y peligrosos, el segundo para delincuencia organizada, el tercero para bandas armadas, el cuarto para fuerzas de seguridad y funcionarios de prisiones y el quinto y último para internos vinculados con la delincuencia internacional.
El origen de la creación de los F.I.E.S lo fue para internos pertenecientes a bandas terroristas. Existen 5 grados en dicha clasificación y Bárcenas no entraba dentro de ninguno de los requisitos establecidos para ser clasificado como tal
"Luis Bárcenas no entraba dentro de ninguno de los requisitos establecidos. Al ser clasificado como F.I.E.S de forma irregular por los motivos que decimos, el centro penitenciario tendría acceso a las comunicaciones escritas, intervención de comunicaciones orales, de revistas, libros... y a todo tipo de restricciones como prohibición de participar en talleres, trabajos o cursos", reza el escrito que firma su abogada, Marta Giménez.
El extesorero del PP engloba esta actuación en el marco de la trama que lideró Villarejo con el resto de miembros de la brigada patriótica en plena trama Gürtel. Con todo, este mismo régimen -cuyo principal fin es incrementar el control en determinados presos para garantizar la seguridad en las cárceles- se aplicó también a una quincena de presos implicados en las tarjetas black, incluido el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.
Bárcenas sostiene que esta fue una acción más de las impulsadas para controlarle dentro de la prisión madrileña en la que ingresó en 2013. De hecho, explica que durante sus primeros 19 meses de internamiento se le mantuvo en el Módulo 4, a pesar de solicitar el traslado al módulo de respecto.
Tras la condena en firme de la trama Gürtel, en el año 2018, la situación cambio de manera radical. Ni se le aplicó el régimen F.I.E.S ni tampoco se le mantuvo más de dos meses en el Módulo 4. "No ha sufrido absolutamente nada parecido a lo relatado. Ya no se le clasificó en este régimen, ni padeció un solo registro en la celda, ni cacheos, ni sanciones", reza su defensa.
Sospecha de otros presos
Además, recuerda que mientras duró la operación Kitchen se le acercaron "continuamente" presos de la misma cárcel para tratar de obtener la información que ponía contra las cuerdas al PP de Mariano Rajoy. De hecho, dijo que dos de ellos obtuvieron "de forma sorprendentemente rápida" permisos penitenciarios y la clasificación en tercer grado sin haber cumplido el cuarto de sus condenas. Se trata de Juan Francisco Manchón (compañero suyo de celda) y Jesús Gallego (encargado del economato del módulo 4).
Además, destaca que en ese tiempo recibió la visita de dos abogados ligados al Partido Popular que, según sostiene, buscarían ofrecerle un pacto de protección a la familia a cambio de no delatar a la formación. En paralelo, los acusados por estos hechos impulsaron un operativo de búsqueda de documentos, pendrives y material ingente sobre Gürtel que les llevó a indagar en el taller de Rosalía Iglesias y hasta en el domicilio familiar, donde en octubre de 2013 un hombre disfrazado de falso cura les asaltó y les encañonó con una pistola.
Bárcenas respalda el criterio de Anticorrupción al apuntar que los 11 acusados -con la cúpula de Interior al frente- están detrás de esta trama a la que también perteneció su antiguo chófer. Se trata, además de los actores mencionados, del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el exnúmero dos de la Policía Nacional Eugenio Pino; el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño; el que fuera jefe de seguridad de Cospedal en Castilla-La Mancha Andrés Gómez Gordo; el exjefe de la UDEF José Luis Olivera; el máximo responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas y los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez.
Durante la instrucción de la causa, el juez del caso Villarejo imputó a María Dolores de Cospedal, a su marido Ignacio López del Hierro y su antiguo asesor. Los tres quedaron fuera de la causa por falta de pruebas, pese a que Anticorrupción y el propio Villarejo insistieron en investigar la rama política del encargo. Ahora Bárcenas pide que estos tres actores declaren como testigos junto con una lista de cerca de 30 personas, entre las que se encuentran su propia mujer, Rosalía Iglesias y su único hijo, Guillermo Bárcenas. A ambos les atribuye la condición de perjudicados.
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