Josep María Bartomeu declaró el pasado lunes en las dependencias de la Fiscalía que era conocedor de la existencia de los servicios de los Enríquez Negreira. El expresidente del Barça, que compareció en condición de investigado, explicó a los agentes de la Policía que estaba al tanto de los informes bajo sospecha, pero negó que hubiera irregularidad alguna con estos asesoramientos que ahora investiga el Ministerio Público.
Fuentes de la investigación confirman a Vozpópuli que Bartomeu dijo que existieron estos "informes de asesoramiento" atribuidos al exvicepresidente del Comité de Árbitros, José María Enríquez Negreira. Se trataron, apuntó, de trabajos de consultoría sobre arbitraje. De hecho, dijo que Enríquez Negreira -que facturó 1,4 millones del Barça en los últimos años- acudía personalmente a las instalaciones del club para dar charlas sobre el arbitraje.
Ahora bien, el expresidente del equipo blaugrana aseveró que estas contrataciones (de las que apenas hay rastro) se remontan a más de dos décadas atrás y que por tanto él no tuvo nada que ver con estos encargos. El empresario, que compareció el lunes ante la Unidad Adscrita de la Policía a la Fiscalía, dejó claro que desconocía a qué empresas se facturaban estos trabajos.
Bartomeu no es ejecutivo
Su comparecencia se produjo días antes de que la cadena Ser revelara la existencia de estas diligencias de investigación que se siguen en la Fiscalía Provincial de Barcelona. El Ministerio Público indaga por presunto delito de corrupción entre particulares los pagos que canalizó Enríquez Negreira por estos servicios de asesoramiento. Las altas cuotas abonadas desde el club a la empresa Dasnil 95 hacen sospechar que los pagos no responderían en realidad a los servicios contratados.
Bartomeu confirmó ante la Policía que le informaron de estos servicios de arbitraje, pero dijo que no veía ninguna irregularidad y que pensaba que era el hijo de Negreira el que los prestaba
Tras saltar a la luz esta noticia, el club emitió un comunicado en la línea con lo confesado a puerta cerrada por Bartomeu ante la Policía. El Barça confirmó la contratación y dijo que se trataba de una práctica habitual entre los clubes. Dijo que abonaron cerca de 1,5 millones de euros en tres años al exvicepresidente del Comité de Árbitros a cambio de un servicio de consultoría suministrado en formato vídeo y de informes técnico sobre jugadores de categorías inferiores.
Este es un aspecto que interesaba especialmente a los agentes que interrogaron a Bartomeu. Las fuentes consultadas explican que le preguntaron insistentemente por el tiempo que llevaba el Barça contratando estos servicios, así cómo por el grado de conocimiento que tenía de la letra pequeña de estos contratos. El expresidente se desligó de la responsabilidad que se atribuye a la cúpula ejecutiva y dijo que entre sus funciones no estaba la de supervisar este tipo de contratos de consultoría.
El hijo de Negreira
Las pesquisas, que arrancaron a tenor de una inspección tributaria a José María Enríquez Negreira, se centran precisamente en los pagos que canalizó su sociedad entre los ejercicios de 2016 a 2018, ya que los anteriores estarían prescritos. Por años, el Barça habría abonado 532.728 euros euros en 2016; 541.752 en 2017 y 318.200 en 2018. No obstante, esta es solo una pequeña parte de lo que percibió del club. Tal y como informó este medio, la empresa del árbitro cobró más de 3,6 millones en diez temporadas, aunque se estima que el monto total asciende a 7 millones.
La Agencia Tributaria sostiene que la práctica totalidad de ingresos de esta mercantil provenía del club que preside Joan Laporta. La plantilla de Dasnil 95, además, se reduce a dos empleados, constando también como apoderados sus dos hijos. Al respecto Bartomeu explicó a la Policía que él pensaba que los servicios que están ahora bajo la lupa de la Fiscalía los acometía el hijo del árbitro; Javier Enríquez Romero.
Preguntado por los trabajos concretos que realizó esta empresa, dijo que, según le habían informado desde el club, se trataba de información acerca del perfil de los colegiados que tenían que pitar los partidos que disputaba en La Liga. Al respecto se ofrecieron informes por escrito y también charlas acerca del 'modus operandi' de los árbitros.
En paralelo a las diligencias de la Fiscalía, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha abierto también una investigación para dilucidar lo ocurrido. Sin embargo, se descartan sanciones administrativas debido a que la Ley del Deporte contempla un plazo máximo de tres años para sancionar "infracciones muy graves". Teniendo en cuenta que el último pago fue de 2018, el castigo por esta vía es nulo.
Amenazas al Barça
Cuestión diferente es la investigación de la Fiscalía. El Ministerio Público continúa con las pesquisas que podrían terminar, en caso de acreditar los indicios que manejan, en interposición de querella. El delito de corrupción entre particulares (artículo 286 bis del Código Penal) contempla penas de cárcel que van de los seis meses a los cuatro años. Con todo, el castigo también puede alcanzar al club blaugrana como persona jurídica en forma de multas o de condenas de inhabilitación de uno a seis años.
A tenor de las fechas de los contratos el foco se ciñe no solo en el actual presidente del club, sino también en sus antecesores Josep María Bartomeu, Enric Reyna y Joan Gaspart. Además, la Fiscalía ya ha tomado declaración a un importante número de ejecutivos del club, el cual, por su parte, ha anunciado una investigación interna para depurar responsabilidades.
Aunque apenas hay soporte físico que justifique los millonarios desembolsos, lo que sí obra en poder de los investigadores es una carta que el exnúmero dos de los árbitros envió a Barça de Bartomeu en 2018, según informa el diario El País. En la misiva avisó de que tenían pendiente de abonarle 267.000 euros de ese ejercicio y que, de no hacerlo, se vería obligado a destapar informaciones que no favorecerían al club blaugrana.
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