La compañía Plus Ultra ha contratado a Javier Ibáñez de la Cruz, socio del despacho Da Lawyers, en su causa abierta en un juzgado de Madrid. Se trata de un abogado de reconocido prestigio, experto en derecho societario y que también ha defendido en otros pleitos a entes como gestores de fondos o el BBVA. El letrado representará a la compañía en el procedimiento penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid por el rescate de 53 millones de euros que acordó el Consejo de Ministros en marzo al considerarla como compañía estratégica en España.
La aerolínea figura como querellada en esta causa en la que el foco está puesto en el consejo rector de la SEPI. De este modo, Ibáñez de la Cruz remitió recientemente un escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que solicita que se le dé traslado de todo el expediente completo de la entidad pública tras su aportación a la causa. Ibáñez, que plasma que es una documental "indispensable" para instruirse en el procedimiento, también pide a la magistrada que paralice los plazos para poder estudiar toda la causa y que se les tenga por personados para poder defenderse.
El abogado, que se licenció en la Universidad Complutense de Madrid, forma parte del despacho Da Lawyers desde hace más de seis años aunque su trayectoria se remonta a tres décadas atrás. En este tiempo ejerció como socio director de la firma experta en asesoramiento legal y tributario Crowe Horwath aunque previamente fundó su propio despacho con el abogado Gonzalo Fernández de Valderrama (Ibáñez& Fernández de Valderrama). También fue miembro del Consejo de Administración de Jazztel y de la Comisión de retribuciones y nombramientos entre los años 2004 y 2009.
Entre su cartera de clientes se incluye el BBVA, a quien representó en calidad de codemandada en un pleito contra Mapfre en el año 2017. En este caso, el socio del departamento bancario de Da Lawyers logró que la Audiencia Provincial de Madrid revocara la condena de un juzgado de instrucción de la capital y estimara el recurso interpuesto por la sociedad gestora de fondos Europea de Titulización absolviéndola de una reclamación formulada por Mapfre. El asunto, relacionado con un presunto impago de facturas, confirmó que BBVA carecía de legitimidad pasiva en el pleito y dio la razón al fondo defendido por Ibáñez y que alegó que no se incumplió el contrato interpuesto por la aseguradora catalana.
El nexo con Venezuela
De este modo, Ibáñez de la Cruz asume ahora la defensa de Plus Ultra, la cual está en el punto de mira no solo por el paquete de ayudas públicas recibido por los nexos de algunos de sus principales accionistas con Venezuela. Las diligencias que dirige la magistrada titular del juzgado de instrucción número 15, Esperanza Collazos, arrancaron el pasado mes de abril a tenor de una denuncia de Manos Limpias por un posible delito de malversación en relación a la concesión de esta ayuda que sale de los fondos de apoyo creados por el Ejecutivo para las empresas afectadas por la covid.
La asociación denunció que esta empresa recibió el rescate pese a registrar unas pérdidas de 10 millones de euros y estar en números rojos desde el año 2011. También cuestionó que el Ejecutivo la incluyera dentro de las mercantiles estratégicas cuando opera con el 0,03% de los vuelos en España. Formaciones como el Partido Popular y Vox se sumaron también a este procedimiento ampliando incluso los delitos a cohecho, fraude de subvenciones y contra la Hacienda Pública. Por su parte, la Abogacía General del Estado recurrió esta investigación que se dirigió en un principio contra el Consejo de Administración de la SEPI y, más en concreto, contra el vicepresidente del ente, Bartolomé Lora.
Pendientes de los expedientes
No obstante, la causa se centra ahora en el consejo rector del fondo que lo integra el propio Lora y altos cargos del Gobierno de Sánchez, como la hasta hace poco secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva; la subsecretaria de Hacienda Pilar Paneque; el secretario general de Industria Raúl Blanco; la secretaria de Estado de Energía Sara Angesen y Plus Ultra en calidad de persona jurídica. Es por ello que la instructora solicitó las actas de este órgano y del Consejo de Ministros en el que se aprobó el rescate así como todos los informes de la Comisión de Evaluación y los expedientes de todas las solicitudes que buscaron el rescate de los fondos.
Además, reclama a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea un informe sobre todas las aeronaves propiedad de Plus Ultra desde su creación así como todas las operaciones realizadas entre los años 2018 y 2021. También se ha dirigido a los accionistas de la compañía (Snip Aviation y Sky Solution) para que aporten las actas de titularidad de la compañía. Acusaciones como el PP cuestionan el origen del capital de la mercantil y sostienen que el Ejecutivo ha concedido una "millonaria subvención" a sujetos no aptos provocando un quebranto económico para la Administración Pública.
