"Múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos". La relación de negocios entre BBVA y el comisario jubilado José Manuel Villarejo "implicó una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas". Así lo ha asegurado el juez que instruye el caso Tándem en el auto de alzamiento del secreto de las actuaciones en la pieza nueve, relativas a los presuntos trabajos ilícitos entre la entidad bancaria y el ex alto mando de la Policía.
En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado Manuel García Castellón ha acreditado que dichas contrataciones se llevaron a cabo "a cambio de elevadas sumas de dinero". En concreto, ha hecho referencia a 10.284.689 euros que BBVA presuntamente abonó en las cuentas de la mercantil Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL (Cenyt), propiedad del excomisario, para acceder a comunicaciones, "mediante seguimientos personales o mediante el acceso a su documentación bancaria".
Según consta en las facturas adelantadas por Vozpópuli y en el libro mayor de la sociedad propiedad del comisario, BBVA emitió pagos mensuales de 50.000 euros a Cenyt durante el segundo semestre de 2016 y el primero de 2017, escasos meses antes de que el ex alto mando ingresara en prisión provisional.
En el marco de las pesquisas se ha dado a conocer que en las grabaciones incautadas también consta que el BBVA emitió presuntos pagos a Villarejo desde al menos 2005 y que el comisario llegó a pactar una supuesta comisión del 2% por ayudar a recuperar el dinero de los morosos. Uno de los primeros encargos del banco, según adelantó este diario, fue el presunto trabajo de espionaje al exministro Miguel Sebastián durante el intento de Sacyr Vallehermoso de lanzar una OPA para apartar de la presidencia del banco a Francisco González.
Servicios de inteligencia "ilícitos"
En el auto firmado este lunes, el juez ha señalado que estas contrataciones -que se mantuvieron durante 13 años- habrían tenido por objeto el "desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de carácter patrimonial". Serían acuerdos de "carácter ilícito", al existir una incompatibilidad entre los encargos que Villarejo asumió a través de su compañía y su condición de funcionario policial en activo, lo que -tal y como ha indicado el juez- implica un presunto delito de cohecho pasivo.
Por estos "múltiples servicios de inteligencia" el magistrado acordó el pasado julio la imputación como persona jurídica de BBVA. La Fiscalía anticorrupción atribuye a la entidad financiera hechos que serían constitutivos de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. Los investigadores del ministerio público sostienen que varios directivos y exempleados del banco recibieron dádivas del ex alto mando policial a cambio de contratarle.
"Revelación de secretos"
Este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 hace referencia a "múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos". El escrito, en el que se acuerda el levantamiento del secreto de la pieza de BBVA, tiene lugar 426 días después de que se abrieran las diligencias en las que hasta ahora han resultado imputados una decena de exdirectivos del banco. La lista incluye al expresidente de la entidad Francisco González; al ex consejero delegado Ángel Cano; y al ex jefe de seguridad Julio Corrochano.
Al margen de los diversos interrogatorios realizados a los investigados en la causa, el juez también ha ordenado practicar "diversas diligencias en orden a comprobar la regularidad de determinadas transacciones realizadas en favor del Grupo Cenyt". Se han revisado, a su vez, "las políticas de cumplimiento de la mercantil BBVA". Para ello, el pasado 19 de diciembre requirió "información y documentación a PwC".
"Todas estas diligencias han exigido la máxima confidencialidad al objeto de asegurar los medios de prueba y evitar intromisiones en las diligencias acordadas". Ahora, "habiendo variado las circunstancias que aconsejaran declarar estas actuaciones secretas, procede dejar sin efecto dicha medida, pues, en este momento, el conocimiento de lo actuado por las partes, no va a perjudicar la investigación en curso".
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