El BBVA quiere poner punto final a cinco años de investigación por el caso Villarejo. El banco ha vuelto a recurrir una de las últimas decisiones del magistrado Manuel García Castellón de prorrogar la instrucción medio año más, al considerar que está agotada, y que dilatar esta causa sobre los contratos con Cenyt va a convertir la investigación en "prospectiva".
La defensa del banco ha elevado el enésimo recurso ante la Sala de lo Penal, si bien este último coincide en tiempo con una posible citación de Carlos Torres. La Fiscalía Anticorrupción dejó caer que podría llamar al actual presidente del BBVA como testigo si la jefa jurídica se negaba a declarar, como así ocurrió el pasado 21 de julio.
El BBVA, imputado como persona jurídica, sostiene que no hay motivos de peso para prorrogar la pieza novena del procedimiento. La misma le ha posicionado como uno de los clientes VIP del comisario jubilado, a cuya empresa Cenyt abonaron 10,23 millones de euros por estos encargos entre 2004 y 2017.
El recurso de la entidad, al que ha tenido acceso Vozpópuli, recuerda que se han practicado numerosas diligencias desde que esta línea separada del caso Tándem echara a andar en diciembre de 2018 y que la investigación está agotada.
El forensic del BBVA
No obstante, la entidad se niega a cumplir algunas de las últimas diligencias acordadas por el magistrado en julio tales como desvelar la identidad de los 'Providers Officers', los responsables de cumplimiento normativo, desde su inicio hasta 2018. El banco alega que no se explica el motivo por el cual se solicita y que esta petición no es "ni útil ni necesaria".
En estos años el banco ha protagonizado importantes enfrentamientos tanto con la Fiscalía como con el magistrado en materia del forensic elaborado, así como con los correos corporativos solicitados que guardaban algún tipo de relación con Villarejo. Anticorrupción mantiene el foco no solo en el análisis de todos los encargos, sino en el grado de conocimiento que tenía la cúpula de que estaban contratando con la empresa de un comisario entonces en activo.
La puesta a disposición de 2,3 millones de hits es absolutamente desproporcionada, prospectiva e injustificada. Su revisión solo podría derivarse en diligencias hipotéticas o futuribles.Recurso de apelación del BBVA
Del mismo modo el banco reprocha también que se quiera realizar un 'forensic' con todas las evidencias (hits) que se halló en su investigación interna sobre los lazos con Villarejo. Este trabajo, que se encargó a PwC tras el estallido del caso, se ha convertido en una fuente de problemas para el BBVA al constatarse que apartó del material entregado a la Audiencia Nacional algunas evidencias que afectan a clientes o a víctimas del comisario e incluso a la propia cúpula.
En marzo de este año el magistrado Manuel García Castellón ordenó a la entidad que preside Carlos Torres que entregara 2,3 millones de hits para que los peritos de parte designados pasen a analizarlos. Como cada decisión de calado que se ha tomado, el asunto se ha recurrido y ha terminado ante la Sala de lo Penal, que debe pronunciarse de esta y otra batería de diligencias clave de la investigación.
La defensa legal de la entidad alega que lo relativo a los hits se pidió hace meses y que, por tanto, no hace falta prorrogar la causa solo para esto. Al respecto, lanza un dardo a Anticorrupción alegando que los fiscales han sido "incapaces" de demostrar a día de hoy qué es lo que el banco ha ocultado a la causa y, consecuentemente, "qué indicio probatorio de cargo espera encontrar para concluir la instrucción".
El recurso insiste en que, en contra de lo defendido por Anticorrupción, el banco sí aportó cerca de una decena de correos que el exdirector de Seguridad Julio Corrochano se intercambió con el socio de Villarejo en Cenyt. "Tampoco es cierto que faltasen esos 8 archivos ni que BBVA los hubiera ocultado. Igual que en ocasiones anteriores, como también ocurre nuevamente ahora, el Ministerio Fiscal se equivocó", indica.
El foco, en Carlos Torres
Por todo ello muestra su rechazo a la decisión del juez y eleva el asunto a la Sala de lo Penal para que resuelva en relación a la prórroga. La instancia superior tiene pendiente pronunciarse sobre asuntos claves que marcan el devenir del procedimiento, tales como el reclamo de los más de 2,3 millones de hits del forensic o la declaración de la directora jurídica de la entidad, María Jesús Arribas.
Su irrupción en el procedimiento ha provocado un auténtico choque entre la entidad y los investigadores y su negativa a responderles puede terminar abocando a una citación del presidente del banco, Carlos Torres. El pasado 21 de julio Arribas compareció en la Audiencia Nacional para responder por unos correos de 2014 que le vinculan directamente con Villarejo y que vendrían a probar que la cúpula de la entidad sí era conocedora de los contratos con Cenyt.
El banco, que había tratado de impedir su citación, advirtió de que Arribas estaba exenta de declarar porque forma parte del equipo de defensa de la entidad. Con ese telón de fondo, Arribas cumplió con la obligación judicial pero dejó claro que no iba a declarar para no vulnerar el deber de secreto profesional. Incluso enseñó una consulta al Colegio de Abogados según la cual le daría la razón de su obligación de no pronunciarse.
Su postura provocó la reacción de varios abogados de otros imputados y también de víctimas de los encargos que alegaron que podía pedir dispensa al banco para hablar. Anticorrupción, por su parte, formuló las preguntas pero no obtuvo respuesta.
La diligencia se produjo apenas días después de que el Ministerio Fiscal argumentara por escrito los motivos por los que tenía que declarar la jefa jurídica del BBVA. En su recuso abrió la puerta a citar a Torres en caso de que Arribas no respondiera a sus preguntas alegando que en julio de 2019 se facultó tanto al presidente como a la directora de jurídico para que "procedieran a la designación del representante del banco para esta causa".
La Fiscalía sostiene que este movimiento demostraba un "alto grado de conocimiento" de ambos en algunos de los proyectos de Villarejo. Además, también advirtió de que esta facultad que se le dio a Arribas no implicaba que forme parte del equipo de defensa; de ahí la posibilidad que tenía de responder a los investigadores. El asunto, al igual que la prórroga de la causa, queda ahora en manos de la Sala de lo Penal.
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