El que fuera director de seguridad del BBVA Julio Corrochano y el exconsejero delegado Ángel Cano han comparecido en el caso Villarejo para responder, por primera vez desde su imputación en 2019, por las contrataciones al comisario jubilado. Ambos se han desentendido de estos encargos por los que BBVA pagó 10,23 millones, pero con matices. Mientras el exCEO ha señalado al departamento de seguridad y a Francisco González, Corrochano ha sido más directo al ser preguntado por quién le ordenó contratar a un proveedor para este asunto. "(Vino) directamente del presidente", ha respondido.
El primero en desfilar en sede judicial ha sido Ángel Cano. En su comparecencia, que apenas se ha alargado una hora, ha dicho que las contrataciones con José Manuel Villarejo las gestionó directamente el que fuera máximo responsable de la seguridad junto con Francisco González. Según confirman a Vozpópuli fuentes presentes en los interrogatorios, el exdirectivo (que en el momento de los hechos era jefe de Recursos Humanos) ha llegado a decir que existía una relación "bilateral" entre ambos, pero que él con quien despachó fue con Corrochano, nunca con el presidente.
Cano, que solo ha respondido al magistrado Joaquín Gadea, a la Fiscalía Anticorrupción y a su defensa, ha hablado sobre dos aspectos concretos: las órdenes de contratación y los pagos de las facturas. En relación al primero de los puntos, ha dicho que todo esto arrancó en el año 2004 cuando Francisco González le preguntó a Corrochano por una empresa concreta para realizar el primero de los encargos (proyecto Trampa). Entonces, siempre su versión, fue el policía el que le recomendó contratar con Cenyt.
El pago de las facturas
Aunque Villarejo acometió más de una decena de encargos entre 2004 y 2017, los investigadores se han referido exclusivamente al primer espionaje. El trabajo se impulsó en 2004 y se centró en la figura del expresidente de Sacyr Luis del Rivero. El fin era espiar al empresario y su entorno más cercano ante la sospecha de que quería asaltar el capital del banco. Al respecto, Ángel Cano ha confesado que Corrochano le solicitó que firmarse algunas facturas para pagar el contrato que superaba ligeramente el medio millón de euros.
El fiscal Anticorrupción Alejandro Cabaleiro le ha preguntado los motivos por los que asumió este abono, el cual se troceó en tres facturas diferentes por importe de 90.000 euros cada una. Cano ha respondido que el departamento de seguridad tenía agotado el presupuesto de ese ejercicio y si incluía esa partida iba a haber una desviación del gasto. Según ha razonado, no era justo que se perjudicara a Corrochano cuando lo que se estaba contratando nada tenía que ver con seguridad, por eso se acordó que se abonara por el centro de costes de la Junta General de Accionistas, ya que éste no tenía restricciones presupuestarias.
Con todo, el exconsejero delegado ha matizado que él nunca estuvo al corriente de este encargo o de ningún otro acometido por Villarejo y que únicamente leyó un informe de seguridad sobre el proyecto Trampa en el que se aludía a Del Rivero, al exministro de Industria Miguel Sebastián y al empresario Juan Abelló. Todos ellos figuran como perjudicados del agente encubierto en esta pieza novena de la macrocausa.
"Directamente del presidente"
Tras Cano ha comparecido el exjefe de seguridad, también imputado por los delitos de cohecho y revelación de secretos. Corrochano solo ha respondido a las preguntas de su abogada y se ha reafirmado en el escrito presentado en octubre. Según las fuentes consultadas por este medio, el policía -a quien el banco cargó la totalidad de las contrataciones con Villarejo- ha asegurado que los audios que obran en el sumario están manipulados y que la orden de contratar con un proveedor de seguridad vino de Francisco González.
"¿El encargo de hacer una investigación de ese tema le vino de sus superiores?", ha preguntado su defensa letrada, a lo que él ha respondido: "Claro, directamente del presidente". En su escueta comparecencia -apenas se ha prolongado 30 minutos- el policía ha explicado las atribuciones que tenía el departamento de Seguridad, siendo la más importante la relativa a identificar y evaluar las amenazas. En ese contexto ha dicho que este área, que depende directamente de presidencia, se podía entender como un apoyo al resto de unidades del banco.
De este modo ha reiterado lo plasmado en su escrito en relación al pago de facturas que autorizó desde Seguridad, así como al papel que jugaron el departamento jurídico o legal en estas contrataciones. Pese a su alegato, Corrochano ha sido blanco de los ataques del banco desde la apertura de esta pieza novena del caso Tándem. La entidad, imputada como persona jurídica, delegó en él todas las contrataciones mientras que los fiscales Anticorrupción le atribuyeron, además, el cobro de dádivas y regalos por intermediar entre la entidad y Villarejo.
Tanto es así que Corrochano se convirtió en el único imputado del procedimiento al que se le impuso el pago de una fianza de 300.000 euros para seguir en libertad. El policía guardó silencio todo este tiempo hasta que en octubre de este año remitió un escrito a la Audiencia Nacional apuntando que contrató con Cenyt por orden de sus superiores y que él siempre creyó que Villarejo estaba en excedencia mientras desarrolló estos trabajos privados.
FG lo desmiente
Por ese motivo solicitó que declaren como testigos una serie de empleados del departamento de contabilidad y área financiera del banco. También reclamó que el BBVA informara del número total de facturas emitidas durante los 13 años de contratación a Villarejo especificando el porcentaje concreto de las que se le atribuyen al departamento que dirigió hasta su jubilación en 2018. Además, acaba de aportar un informe pericial contable sobre las entadas y salidas de dinero de sus cuentas entre septiembre de 2002 y febrero de 2019.
Fuentes de la defensa de Francisco González, por su parte, desmienten las declaraciones del exjefe de seguridad asegurando que el banquero jamás dio instrucción alguna para contratar con Cenyt. De hecho, se han remitido al interrogatorio de octubre de 2019 para desligarse por completo de este asunto. Entonces Francisco González explicó que dio la orden de contratar con una empresa de seguridad por la amenaza que suponía la acción de Del Rivero y el respaldo del Gobierno socialista a la misma pero dijo que jamás tuvo decisión ni mando en el proveedor que escogió el departamento de seguridad.
