La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha solicitado al magistrado que no lleve a cabo el interrogatorio que tendrá lugar, este viernes, en calidad de testigos, del vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y su antecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio. Así lo ha pedido la defensa de Gómez alegando que en la denuncia inicial de Manos Limpias no hay ninguna referencia a la universidad ni a delito que pudiera haberse producido en su seno.
En el escrito de su defensa, al que ha accedido Europa Press, incide así en que "la denuncia que dio lugar a la incoación y que ha de delimitar el ámbito objetivo de la investigación no hacía referencia alguna a la Universidad Complutense de Madrid ni a ningún hecho indiciariamente constitutivo de delito producido en su seno".
Explica también que "no se alcanza a entender y tampoco se explicita en la sucinta providencia -por la que les cita- que es objeto de este recurso cual es la aportación que pueden hacer con sus declaraciones un vicerrector (...) y su antecesor en el cargo, a los hechos que se venían investigando antes de la avocación a la Fiscalía Europea".
Además, el abogado Antonio Camacho vuelve a reiterar como en escritos anteriores que existe una "indeterminación" en cuanto al objeto de lo que se está investigando, y que esta realidad "ha sobrevolado este procedimiento desde el inicio de las presentes diligencias".
Acusaciones populares piden que Begoña Gómez no acceda al Juzgado por el garaje
Acusaciones populares del 'caso Begoña Gómez' han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que corrija la decisión de la juez decana de Madrid y evite este viernes que la esposa del presidente del Gobierno acceda a los Juzgados de Plaza de Castilla por el garaje para declarar como investigada.
Según defienden, Begoña Gómez "no ostenta cargo público alguno ni cuanto menos es autoridad", por lo que afean que se le concedan "determinados privilegios" --como acceder al edificio judicial por "las cloacas" y no por la entrada principal-- por ser "esposa del presidente del Gobierno".
Las acusaciones populares de Hazte Oír e Iustitia Europa han presentado ante el CGPJ un recurso -al que ha accedido Europa Press- contra el acuerdo gubernativo por el que la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, autoriza el acceso de Gómez por el garaje de los juzgados por motivos de seguridad.
También recurren la decisión de Del Barco de limitar el acceso a la sede judicial a los abogados, procuradores y particulares que deseen acceder a la sexta planta, donde se ubica el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. La decana ordenó que todos ellos "deberán acreditar ante el personal de seguridad o agentes de la Policía Nacional que están citados para la realización de cualquier actuación procesal ante dichos juzgados, pudiendo ser requeridos para que exhiban su carnet profesional".
Del Barco acordó esta medida después de que en la declaración de Gómez del pasado 5 de julio accedieran a la planta del juzgado personas que no estaban entre las agencias de noticias acreditadas y que posteriormente grabaron imágenes en el interior del edificio -algo que no está permitido- que llegaron a difundirse en redes sociales.
Acusan a la decana de "extralimitarse"
Hazte Oír e Iustitia Europa consideran que este acuerdo "atenta contra la esfera profesional de los abogados". "No es posible llevar una causa de miles de folios sin acudir con nuestro equipo legal hasta la puerta del Juzgado", apuntan.
A su juicio, la medida adoptada por la decana es "nulo de pleno derecho al extralimitarse en sus funciones, prohibiendo el acceso al juzgado a aquellos letrados que vengan en compañía de los ejercientes". El acuerdo, sostienen, vulnera el derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva.
Insisten en que "el acuerdo no es tendente a ordenar y organizar el acceso a las diferentes sedes judiciales del partido judicial, sino a impedir el ejercicio profesional de los abogados que debemos comparecer en los procedimientos judiciales, todo ello provocado porque la ciudadana Begoña Gómez tiene que ser tratada de manera diferente".
Así las cosas, ambas acusaciones solicitan al CGPJ "la suspensión cautelarísima del acuerdo gubernativo y todas las medidas coercitivas contenidas en él". Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press señalan que los vocales podrían tardar algunas semanas en dar respuesta al recurso porque antes tendrían que designar ponente, elaborar informe y remitirlo a la Comisión Permanente.
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