Begoña Gómez vuelve a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar en la causa que se sigue contra ella por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Tras el intento fallido del pasado 5 de julio, en el que la mujer del presidente del Gobierno declinó contestar por no haber tenido acceso a toda la causa, ahora asume esta nueva citación con el foco puesto en su cátedra de la Universidad Complutense de Madrid.
De hecho, la nueva documental incorporada a la causa y a la que ha tenido acceso Vozpópuli demuestra que Begoña Gómez registró la plataforma a su nombre en la Oficina Española de Patentes y Marcas un mes antes de firmar la Memoria de Necesidades de su cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC).
La empresaria, que va a volver a acceder a los juzgados en coche y por el garaje, comparece ante el juez Juan Carlos Peinado dos semanas después de su primera citación, que se fijó el 5 de julio. En este tiempo no solo se ha podido instruir de la querella a la que no había tenido acceso, sino que se han incorporado dos pruebas de calado que van a influir en el interrogatorio.
Los documentos de Begoña Gómez en la Complutense
La primera de ellas es un nuevo informe de la UCO en el que se descartan irregularidades con las adjudicaciones de entes públicos a las empresas de Barrabés. La Guardia Civil no solo apunta a la ausencia de delitos con estas licitaciones al socio de Begoña Gómez, sino que no la menciona en este nuevo oficio.
La otra prueba de calado la constituye un informe aportado al procedimiento por parte de la Universidad Complutense de Madrid, en el que se apunta a una posible apropiación indebida por parte de Begoña Gómez con los contratos adjudicados sobre el software de su cátedra.
La Universidad, que insiste en personarse como perjudicada en las diligencias, denunció que la mujer de Pedro Sánchez no estaba colaborando en la investigación interna impulsada para esclarecer lo relativo a la plataforma de su cátedra y, por eso, pidió al juzgado ampliar las pesquisas en este sentido.
Dicho informe demuestra que la Complutense se dirigió por correo electrónico a la empresaria el pasado 11 de junio para solicitarle información sobre la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) y que ésta contestó con un acuse de recibo sin que, a día de hoy, haya aportado la documental que dijo que entregaría.
Junto con el informe, la Complutense ha aportado una serie de documentos entre los que se encuentra la Memoria de Necesidades que firmó la propia Begoña Gómez en su condición de directora de la Cátedra. Dicha Memoria, que desvela ahora este medio, se firmó el 29 de noviembre de 2022, esto es, un mes después de que ella registrara la plataforma de la cátedra a su nombre y bajo las mismas siglas que dan nombre al máster.
Registro previo de la plataforma
En el documento Gómez anuncia que se estaba trabajando en "la puesta en marcha de una plataforma de gestión y medición de impacto para PYMES". Al hilo explica que dicha plataforma requería un desarrollo tecnológico desde cero y que, por ello, se habían involucrado perfiles de diferentes organizaciones.
"Se trata de un proyecto ambicioso y complejo con multitud de actores y multitud de retos a nivel de concepto y a nivel tecnológico Para ello requerimos el apoyo de un proceso de asesoría-acompañamiento que nos ayude", expuso la mujer del presidente del Gobierno.
El documento demuestra que semanas antes del anuncio de la creación de esta plataforma la registró a su nombre. El 10 de octubre de 2022, un mes antes de presentar la Memoria de Necesidades, Begoña Gómez registró a su nombre 'TSC Plataforma de Medición de Impacto Social y Medioambiental'.
La esposa del presidente del Gobierno presentó la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas para la creación de una plataforma que, posteriormente, utilizaría para la creación del software financiado por Indra, Google y Telefónica.
Finalmente, fue el 26 de abril cuando la Oficina de Patentes aceptó su solicitud. Lo llamativo de este asunto es que la empresaria no sólo utilizó el nombre de la cátedra concedida por la Complutense para registrar una marca a su nombre, sino que emprendió los procedimientos para su creación antes de vender el proyecto a la propia Universidad.
Poco tiempo después la plataforma registrada a Begoña Gómez se convirtió en la vía perfecta para la creación del software que se puso en marcha dentro del programa de la Cátedra Extraordinaria de Responsabilidad Social Competitiva, del cuál la UCM habría costeado su desarrollo final.
La documental aportada por la Complutense compromete a Begoña Gómez por cuanto pide al juez Peinado que investigue si se produjo apropiación indebida con los pagos efectuados para impulsar el 'software'. En concreto, señala tres facturas que suman un importe superior a los 100.000 euros y que se habrían costeado con fondos públicos
Factura al límite legal para adjudicar 'a dedo'
La primera de ellas se giró por la empresa Making Science Group S.A. para la plataforma TSC por importe de 24.200 euros. La segunda consistió en un procedimiento abierto simplificado cuyo objetivo fue la "asistencia y asesoría técnica y tecnológica" para la creación de la plataforma. El importe de adjudicación fue de 60.500 euros.
Y la tercera y última la constituye un contrato menor para un servicio de consultoría y asistencia para la Escuela de Gobierno de la cátedra en cuestión. La Complutense pone el foco en esta última dado que de la información aportada al juzgado se desprende que la firmó Begoña Gómez.
Llama la atención que la misma no rebasó el límite legal que establece la ley de 15.000 euros para que se pueda adjudicar sin concurso. De hecho, se adjudicó a Deloitte por 14.999 euros, esto es, un euro menos de lo que marca la ley, según se desprende de la factura, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Así pues, Gómez comparece en el juzgado con el foco tanto en su actuación en la Complutense como en las recomendaciones a Juan Carlos Barrabés. La declaración que prestó este último como testigo el pasado lunes compromete a la mujer del líder del PSOE por cuanto que reconoció que acudió a Moncloa en varias ocasiones y que en al menos dos de ellas se reunió con Sánchez. Tras ellos, sus empresas se adjudicaron contratos públicos por importe superior a los 23 millones de euros.
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