El caso de Begoña Gómez y la posible ilegitimidad de sus negocios sigue dando noticias de forma diaria. Desde que conocimos que la mujer del presidente del Gobierno fue citada por el Juez Peinado para declarar como investigada el próximo 5 de julio, los acontecimientos alrededor de este movimiento se han precipitado sobremanera.
El último giro se produjo en la noche del miércoles, cuando conocimos que la UCO se personó en la sede de Red.es en busca de correos electrónicos relacionados con Begoña Gómez por orden de la Fiscalía Europea. Además, autonomías como Madrid han registrado en las últimas horas comisiones de investigación en la Asamblea para dilucidar todos los claroscuros respecto a la relación entre la Universidad Complutense y Begoña Gómez.
Aunque está prevista para empezar su funcionamiento en octubre, dicha comisión quiere sentar a los principales responsables de la Complutense, quienes tendrán que dar las pertinentes explicaciones sobre si existió trato de favor o no en la cátedra de la empresaria y esclarecer cómo operan el resto de instituciones universitarias.
El centro neurálgico del caso Begoña con la UCM reside en el famoso software, el cual fue desarrollado en un principio por Indra, Google y Telefónica, empresas que abandonaron el proyecto por posible conflicto de intereses.
Después de aquello, la Universidad sacó a concurso público 60.500 euros para finalizar el software. Esta cantidad fue a parar a Deloitte Consulting, justo una semana antes de que el 21 de noviembre Begoña Gómez registrara su empresa.
La plataforma desde la que ofrecía el software fue registrada como marca a su nombre el 26 de abril de 2023 mediante el pago de una tasa de 127,88 euros en la Oficina Española de Patentes y Marca a través de la denominación social "TSC Plataforma de Medición de Impacto Social y Medioambiental". Una solicitud de registro que hizo usando su nombre y apellidos.
Begoña Gómez violó la ley universitaria
En marzo de 2023, el Gobierno de coalición aprobó de forma definitiva en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Vozpópuli ha revisado de principio a fin el texto aprobado por Pedro Sánchez, y ha descubierto que Begoña Gómez violó la ley.
En el apartado 4 del Artículo 58, la Ley Orgánica del Sistema Universitario especifica que "formarán parte del patrimonio de la universidad los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual de los que sea titular como consecuencia del desempeño por el personal de la universidad de las funciones que le son propias, así como los derivados de la ejecución de convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre".
Por tanto, y con la ley en la mano, Begoña Gómez habría infringido este Artículo 58 de forma directa al poner a su nombre dicha plataforma llevada a cabo en su cátedra. Como bien define la cita anterior, todos los derechos de propiedades desarrolladas en el ámbito de la Universidad pertenecen a la institución académica.
La mujer del presidente, al poner a su nombre la plataforma del polémico software, violó la ley de universidades que su propio marido había aprobado. Una piedra más en mitad del largo camino judicial que parece tener el caso.
En el horizonte, la citación del 5 julio, una que captará la atención mediática y política de España. Un país que este domingo está llamado a las urnas para elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo.
Veremos qué peso tienen los acontecimientos de los últimos días en el voto de castigo al PSOE de Pedro Sánchez y su mujer Begoña, militante activa en ciertos instantes de campaña electoral socialista.
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