Ione Belarra sigue adelante con sus exigencias para el sector de la dependencia, una serie de requisitos mínimos que ha hecho ponerse de acuerdo a sindicatos y patronal para denunciar el escaso realismo de la propuesta. Según aseguran a Vozpópuli fuentes de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), la reforma de la ministra de Derechos Sociales pone en riesgo el 25% de las plazas residenciales privadas.
Son 72.500 plazas que dejarían de existir si el Consejo Territorial de las comunidades autónomas, que se reúne este miércoles, da el visto bueno al nuevo modelo de cuidados impuesto por Belarra sin el visto bueno ni de la patronal, ni de los sindicatos. En la primera propuesta de la ministra de Podemos, se limitaba a 50 el máximo de plazas para una residencia y a 100 la de Centros de Día. En el borrador final, se establece un máximo de plazas según la región:
- 75 para residencias de zonas rurales.
- 90 para residencias de zonas de densidad poblacional media.
- 120 para residencias de zonas urbanas.
La patronal de la Dependencia ve inasumible económicamente estas exigencias, y este es un factor que el equipo de Belarra no ha tenido en cuenta. "No hay una memoria económica sobre los costes que conllevaría este cambio integral en el modelo residencial", denuncia en declaraciones a este diario Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED.
Este golpe para el sector llega en un momento demográficamente clave. Reforzar los servicios residenciales es imprescindible de cara a los próximos años dada al envejecimiento poblacional de España. En los próximos años, la generación del baby boom superará los 70 años, con la consiguiente mayor demanda de servicios sanitarios y de Dependencia.
En el actual contexto de inflación, alto coste de las energías y escasez de profesionales cualificados, las residencias deberán asumir reformas arquitectónicas (costes) y pérdida de clientes (a menos plazas, menos ingresos), lo que deja al sector en una situación delicada que quizá España no se puede permitir.
"Seguimos siendo deficitarios en 75.000 plazas y en los próximos 35 años la demanda va a ser brutal. El 25% de las plazas existentes se va a cerrar y se va a producir un freno en la inversión para poder asumir las medidas del Gobierno. Si tenemos que empezar a hacer reformas todos, ¿quién va a invertir en nuevos centros?", severa el presidente de la FED
Falta de realismo
Voces del sector de las residencias denuncian que la propuesta de Belarra carece de todo realismo, algo que se suele achacar a las propuestas del partido morado incluso por parte de su socio en el Gobierno, el PSOE. "El paraíso es un sitio ideal, pero vivimos en el mundo real", manifiesta Fernández-Cid. El Ministerio de Derechos Sociales se escuda en que llegarán fondos públicos para compensar las pérdidas que cause este cambio de modelo.
Sin embargo, en el sector, ven con desconfianza esta promesa, además de considerarla insuficiente. El incremento en el presupuesto para Dependencia de 600 millones de euros servirá para compensar la infrafinanciación estatal del cómputo global. La ley establece que el 50% debe ser aportado por el Gobierno central y el otro 50% por las CCAA, cosa que no estaba ocurriendo. Las CCAA financiaban alrededor del 80% del total, por lo que el incremento presupuestario del Estado servirá para detraer lo que pagan los Gobiernos regionales.
El plazo de las residencias para adaptarse a la nueva normativa termina el 31 de diciembre de 2029. "Nosotros estamos a favor de la mejora del sistema de cuidados y de la atención domiciliaria, pero hay que ser realistas. Es como el que necesita cambiar de coche. Todos estamos de acuerdo en que el Mercedes es un gran coche, y además, nos gusta el último modelo con todos los extras. Sin embargo, si no tenemos dinero, no nos lo compramos. Pues bien, el Gobierno es ese cliente que lo compra y no pide el presupuesto de lo que le va a costar".
El caso Zapatero
Las expectativas del sector de la Dependencia con la reforma de Belarra se han truncado por completo. En los prolegómenos del desarrollo del borrador, se habló de la necesidad de establecer una normativa nacional sobre los requisitos para las residencias, algo que todos los agentes implicados veían bien. No se podía seguir con el totum revolutum de las 17 normativas, una por cada comunidad autónoma. Lejos de quedarse en un acuerdo de mínimos, la propuesta del Gobierno ha ido en sentido contrario.
Desde la FED señalan que ocurrió algo similar en la etapa en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando Jesús Caldera estaba al frente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: "Criticamos la falta de concreción de los presupuestos. Nos pusieron sobre la mesa una gran ley sobre Dependencia, pero no teníamos presupuestos. Estaban declarando un derecho universal pero sin dinero para poderlo desarrollarlo".
Reformas pendientes
Mientras Belarra seguirá adelante con su reforma, crítica para el sector, quedan pendientes unas reformas que se llevan años reclamando. Por ejemplo; la libertad de elección de centro (público o privado) por parte de los ciudadanos; la falta de profesionales cualificados, especialmente enfermeros; la aceleración de las homologaciones para conseguir más personal y el aumento de plazas universitarias.
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