Los gobiernos de Bélgica, Francia y Luxemburgo han cerrado hoy un rescate multimillonario del gigante bancario franco-belga Dexia, que será partido en tres y que aislará los activos tóxicos en un banco residual, un 'banco malo'. El primer ministro belga, Yves Leterme, y el ministro de Finanzas, Didier Reynders, han confirmado en una rueda de prensa al término del Consejo de Ministros los términos del acuerdo, que incluye la nacionalización de Dexia Banca Bélgica, la filial belga de la entidad, lo que costará al Estado 4.000 millones de euros.
Leterme ha explicado que el banco residual tendrá activos por unos 90.000 millones de euros, que serán garantizados por los Estados belga (60,5 %), francés (36,5 %) y luxemburgués (3 %). De este modo, a Bélgica le corresponderá garantizar unos 54.000 millones de euros, en torno al 15 % del PIB, a Francia 32.850 millones y a Luxemburgo 3.150 millones. El valor contable del 'banco malo' asciende a 180.000 millones de euros, según Bélgica.
"Las garantías acordadas hoy son más bajas que las de 2008", ha indicado Leterme, debido a que en el primer rescate de Dexia hace tres años ésas ascendieron a 150.000 millones, ha indicado por su parte Reynders. Dexia va a pagar inmediatamente a los Estados belga, francés y luxemburgués una prima de 450 millones de euros por las garantías, de los que 270 millones irán a parar a Bélgica. De esta forma, el Estado federal tendrá que pagar 3.730 millones netos por el cien por cien del capital social de Dexia Banca Bélgica, según Reynders, quien consideró el precio razonable.
El precio se sitúa en la parte baja de la horquilla prevista por el Gobierno belga. Bélgica quería pagar 3.000 millones, Francia presionaba por 8.000 millones. "Nos sentimos contentos por poder liberar a Dexia Banca Bélgica de todos los cargos y de todo riesgo que puedan surgir del entorno de Dexia", ha afirmado Leterme. Reynders dijo que la intención del Gobierno belga no es permanecer indefinidamente en el capital social de Dexia Banca Bélgica pero tampoco salir demasiado pronto, con el fin de garantizar su continuidad.
No obstante, se calcula que la nacionalización dure al menos cinco años. "En cinco años o más quizás todavía estemos dentro", había señalado Reynders horas antes. El primer ministro ha expresado la disposición del Gobierno a "prestar una atención particular a los accionistas" de Dexia, con los que mantendrá contactos en las próximas horas, especialmente con el Holding comunal y Arcopar, así como con los presidentes de las tres regiones (Valonia, Flandes y Bruselas) que controlan el 5,7 % de Dexia y que pretenden entrar en el capital de la filial belga.
De hecho, en una primera fase, el Estado belga poseerá el cien por cien del capital social de Dexia Banca Bélgica, pero en una segunda fase, las regiones podrán entrar en el accionariado. Según Reynders, la adquisición de la filial belga no debería aumentar en más del 1 % del PIB la deuda pública de Bélgica, de manera que ésta pasaría del 97 % al 98 %. "Nos quedaremos por debajo del 100 % de endeudamiento", ha dicho.
Por su parte, el grupo perderá igualmente su filial francesa, Dexia Municipal Agency (DMA), que será adquirida por el Estado francés para atender la financiación de las entidades locales por un importe que se sitúa entre 650 y 700 millones de euros. Bélgica no ha confirmado oficialmente esta parte del acuerdo, pero los medios belgas han dado cuenta de ello y han indicado que la transacción correrá a cargo del banco público francés Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), el mayor accionista de Dexia.
Queda también por cerrar la venta del negocio luxemburgués a un inversor internacional, el cual, según medios locales, sería el fondo soberano de Catar y pagaría 900 millones de euros por la filial sin sus activos tóxicos.
François Fillon garantiza “la seguridad” de clientes y acreedores
El primer ministro francés, François Fillon, subrayó hoy que el acuerdo con los gobiernos de Bélgica y Luxemburgo garantiza "la seguridad" de los clientes y acreedores del banco, así como la preservación de "los derechos y los intereses de los empleados". En un comunicado, Fillon precisó que los tres gobiernos que acordaron esta madrugada salvar el banco franco-belga Dexia "tomarán todas las medidas necesarias para asegurar la seguridad de los clientes y de los acreedores".
"Estarán particularmente atentos a que se preserven los derechos y los intereses de los empleados del grupo y de sus filiales", que sumaban en total unos 35.200 a finales del primer semestre. La entidad franco-belga explicó que se propondrá a los 600 empleados que trabajan en la estructura del consorcio su recolocación en alguna de las filiales.
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