EH Bildu ha pedido "reuniones discretas" a directores de cárceles en el País Vasco para supervisar el futuro de los presos de ETA. Así consta en una carta firmada por tres diputados de la izquierda abertzale a la que ha tenido acceso Vozpópuli. Los parlamentarios solicitan abordar con el director del penal de Basauri (Vizcaya) "las novedades resultante de las transferencia de la competencia de prisiones" a la comunidad vasca.
La misiva está firmada por el diputado nacional en el Congreso Jon Iñarritu, el parlamentario de Bildu en la Cámara autonómica de Vitoria Julen Arzuaga y la diputada foral en la Junta de Vizcaya Beatriz Ilardia. Los tres solicitan visitar a cuatro etarras encarcelados en Basauri: Iñaki Garcés, Juan Carlos Subijana, Iñaki Bilbao y Ugaitz Pérez.
Iñarritu y Arzuaga reclaman además en la carta "reunirse discretamente con al dirección de la cárcel". El objetivo, dicen, es "departir sobre condiciones de encarcelamiento, régimen tratamental, expectativas de retorno y reintegración social de los mencionados presos, así como las novedades resultantes de la transferencia de la competencia de prisiones (al País Vasco)".
Bildu y la competencia de prisiones
No es la primera vez que cargos electos de Bildu visitan a presos de ETA en las cárceles. Pero el documento que desvela este diario muestra el interés de los diputados para abordar de manera "discreta" las expectativas de futuro que se abren para los etarras tras asumir el País Vasco la gestión de prisiones. El Gobierno de Pedro Sánchez traspasó esta competencia como parte de sus acuerdos de investidura con el PNV.
Sánchez también ha promovido una política de acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas o próximas al País Vasco. Las cifras no dejan lugar a dudas: desde que es presidente del Gobierno y Fernando Grande-Marlaska ministro del Interior, se han efectuado 221 traslados correspondientes a 182 etarras.
El grupo parlamentario de PP y Ciudadanos (PP+Cs) en el País Vasco exigió recientemente al Ejecutivo vasco que aclare cuál será el "nuevo modelo penitencial" que han prometido los nacionalistas vascos. La transferencia de esta competencia desde el Gobierno central al vasco se hará efectiva el próximo 1 de octubre. Populares y naranjas reclaman que no sirva para hacer un "traje a medida para los presos de ETA".
En la misma línea se ha pronunciado la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ha pedido que se tenga en cuenta a las víctimas de ETA a la hora de tomar ciertas decisiones en materia penitenciaria. "Las víctimas del terrorismo hemos confiado en el Estado de Derecho, y lo mínimo que se nos debe es justicia", dijo la AVT en un comunicado tras una reunión con la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.
"Hemos incidido en la necesidad de exigir como variables evaluables de la reinserción de los terroristas que exista una colaboración real y efectiva con la justicia, así como el compromiso de los presos de no ser merecedores de actos públicos de reconocimiento", añadió la Asociación.
Los cuatro presos de Basauri
Los cuatro etarras que los diputados de Bildu quieren visitar en Basauri acumulan penas superiores a los 80 años de cárcel. Iñaki Garcés Beitia reconstituyó el comando Araba en 1996 y se le condenó por varios delitos relacionados con el terrorismo; entre ellos, depósito de armas de guerra y explosivos.
Juan Carlos Subijana ingresó en prisión en 2009 y cumple condena de 28 años por los delitos de asesinato y daños: la Justicia le vinculó con el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado Carrera en el año 2000. Interior aprobó su traslado del centro penitenciario de León al de Basauri el pasado 12 de febrero.
Iñaki Bilbao Gaubeka también fue acercado de Zaragoza a Bilbao en abril. Ingresó en prisión en 1998 con una pena acumulada de 25 años por delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y estragos. Asimismo, Instituciones Penitenciarias anunció en octubre el traslado de Ugaitz Pérez Zorriketa desde Castellón a Logroño. Y en abril se le condujo al centro penitenciario de Basauri, donde actualmente cumple una condena de 25 años por daños, desórdenes públicos, incendio y lesiones.
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