Después de que el PSOE haya pactado con Junts, entre otros asuntos, traspasar a Cataluña las competencias de migración a cambio de no votar en contra de los decretos votados ayer en el Senado -salieron adelante dos de los tres presentados debido al 'no' de Podemos-, Félix Bolaños ha confirmado que este pacto incluye todas las atribuciones que a día de hoy son competencia del Estado.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha especificado que "si hay una delegación de competencias en materia de inmigración, pues lógicamente lo que hoy asume el Estado, como la Constitución permite y así lo plantea expresamente nuestro texto constitucional, se puede delegar en una comunidad autónoma", como sería el caso de esta materia.
Por su parte, la portavoz de JxCat en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado que se traspasarán las competencias de manera "integral", lo que incluiría la expedición de permisos de residencia y otros documentos, así como los "flujos migratorios". En este sentido, el partido independentista ya se ha posicionado previamente a favor de expulsar a los migrantes 'multireincidentes'.
La Constitución y el TC desmienten a Bolaños
Sin embargo, Bolaños ha omitido que tanto la Constitución, en su artículo 149, como la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de 2006, afirman que "el Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo", por lo que sería falsa su afirmación de que esta cesión es constitucional.
Además, el Tribunal Constitucional se pronunció en 2010 sobre el artículo 138 -sobre Inmigración-, y sentenció que "sería inconstitucional en su conjunto por atribuir a la Generalitat competencias en materia de inmigración y vulnerar así la Constitución, que inequívocamente confiere al Estado la competencia exclusiva al respecto".
Algunas voces han salido para denunciar este supuesto, como Javier Pérez Minaya, juez decano de los Juzgados de Huelva, que respalda el artículo 149 de la Carta Magna en materia de competencias exclusivas estatales.
Mediante una ley orgánica
En cuanto a la metodología elegida para esquivar lo que dice la Constitución en este sentido, Bolaños ha adelantado que van a "desarrollar una ley orgánica al amparo de la Constitución para delegar las competencias en materia de inmigración y por tanto ese es el acuerdo al que ayer llegamos", añadiendo que tiene que trabajar "todos los detalles que eso conlleva" y trabajarla para que finalmente vaya al Parlamento y vea la luz.
Así lo refleja el artículo 150.2, que establece que el Estado "podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal".
Finalmente, Bolaños considera que este acuerdo refleja que están en una nueva etapa con los partidos catalanes y están hablando de asuntos como la inmigración, el ingreso mínimo vital o el IVA del aceite -cuya supresión se también se pactó en la víspera con Junts- y ya no hablan de los asuntos que trataban hace cinco años, en referencia a la independencia de Cataluña.
"Afortunadamente esa etapa que no aportó nada para Cataluña ni para el resto de España pues obviamente terminó y ahora estamos en una nueva", ha añadido.
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