La enconada pugna política que durante todo agosto se ha producido entre presiones, coacciones, bloqueos y vetos para acordar a una candidata de consenso que pudiese presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo se ha saldado con dos derrotados, según el análisis que hacen fuentes del alto Tribunal y del propio CGPJ. Se trata del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, quienes habían apostado, sin aceptar a ningún otro candidato alternativo, por las magistradas Pilar Teso o, en su caso Ana Ferrer. La intransigencia de Bolaños, que se negaba a aceptar a Pablo Lucas Murillo de la Cueva, único magistrado progresista que habría concitado un consenso general de entre los siete aspirantes sobre los que los vocales habían propuesto acotar inicialmente la búsqueda, ha precipitado finalmente la elección de Isabel Perelló.
Perelló es una magistrada de talante izquierdista de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo desde 2009. Por tanto, cuenta con una dilatada experiencia y con una trayectoria con la que se ha granjeado un gran respeto de sus compañeros de Sala y de todo el Tribunal. Se le atribuye una conexión muy directa con la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien también fue magistrada de esa Sala, y con quien colaboró muy directamente. Pese al perfil ideológico de Perelló, no se le atribuyen en el alto Tribunal "la dosis de sectarismo" y "obediencia debida" que, en cambio, sí se concedían a otros de los candidatos inicialmente valorados por los vocales del Consejo desde el pasado mes de julio. Tiene una capacidad técnica contrastable, dotes organizativas y capacidad de diálogo, "lo cual es muy relevante", argumentan las mismas fuentes.
No en vano, el nuevo CGPJ debe apresurarse a cubrir ya al menos 123 vacantes en las audiencias provinciales, tribunales superiores, y en el propio Supremo.
Fin a los planes de 'colonización' de Boñalos
Asimismo, Perelló mantiene una excelente relación profesional y personal con su compañero de Sala y nuevo vocal del Consejo, José Antonio Montero, considerado uno de los 'pesos pesados' del nuevo sector conservador del órgano de gobierno de los jueces, y con gran influencia sobre los otros nueve consejeros propuestos por el PP. Las gestiones reservadas realizadas en las últimas semanas entre Montero, Robles y la aceptación de la propia Perelló como candidata de consenso, ha fraguado en un acuerdo político que, en efecto, ha dado al traste con los planes de Bolaños. La intención del ministro de Presidencia no era otra que 'colonizar' el Supremo durante los próximos tres años con nombramientos selectivos y muy afines al sanchismo para garantizar que la cobertura de las vacantes se produjese siempre con mayorías de izquierdas en el mayor número posible de Salas y Tribunales.
Con Perelló, a priori, la tendencia debe ser muy distinta a la que se habría producido con Teso o con Ferrer al frente del Supremo. Perelló tiene criterio propio, valora la relevancia de la institución, y ha dado muestras y ejemplos de votar sentencias contra intereses directos del PSOE desde su independencia, a la que concede un valor esencial por encima de la sumisión al mero cumplimiento de órdenes políticas. De hecho, la de Perelló ha sido una solución 'natural' frente a la tesis que se había abierto a lo largo de agosto de 'fichar' como presidenta del Supremo a una catedrática de prestigio ajena al Poder Judicial. De haber triunfado esta 'selección', habría sido insólito: nunca antes el Consejo y el Supremo fueron presididos por alguien ajeno al alto Tribunal. De hecho, durante este verano, y de manera muy reservada, el Gobierno y el PP instaron a diversas personalidades con peso judicial a proponer nombres de catedráticas -era una exigencia previa de Moncloa que fuese mujer-, aunque algunos de los 'consultados' declinaron la oferta de sugerir nombres para no 'marcarlos' innecesariamente.
La elección de Isabel Perelló
Desde una perspectiva política, la elección de Perelló por 16 de los 20 votos en juego es relevante a muchos efectos. Primero, por los movimientos telúricos producidos en La Moncloa con la gestión fallida de Bolaños y, en cascada, de Pumpido. Segundo, por el resurgimiento de una cierta 'influencia judicial' de Margarita Robles que había quedado muy aminorada desde la etapa en que Dolores Delgado había sido ministra de Justicia. Tercero, porque el Supremo difícilmente será 'manejado' libremente desde el TC. Y cuarto, porque demuestra que todos los nombramientos que se realicen en el futuro deberán contar con un consenso porque cuando se produzca el veto directo sobre algún nombre concreto para cualquier Sala con relevancia, ninguno de los dos bloques logrará imponerse al otro
Lo ocurrido con la presidencia del CGPJ y del Supremo será sin duda extrapolable durante los próximos cinco años al resto de actuaciones y decisiones. Y eso garantiza, al menos en primera instancia, que el afán intervencionista de Pedro Sánchez sobre la justicia no podrá ser en ningún caso tan drástico como planteó el propio presidente del Gobierno cuando en junio, en una entrevista televisiva, afirmó con tono de advertencia aquello de "se acabó", insinuando que el vuelco ideológico en la esfera judicial se iba a producir en cualquier caso. "Que cada cual haga la lectura que quiera, pero hay dos evidencias -concluyen las fuentes-, que el bloque de la izquierda se ha fracturado y no es tan monolítico como hacía creer, y que las candidatas que el sanchismo se empecinó en designar no serán presidentas de la institución".
Pilar Teso
Tal y como publicó Vozpópuli el pasado día 20, el sector conservador atribuía a Pilar Teso una "fuerte dependencia" del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y su designación habría sido interpretada en último caso como una "presidencia del Supremo interpuesta o camuflada porque el auténtico presidente tras la cortina sería Conde-Pumpido". Y eso, añadían las fuentes consultadas, era una condición 'sine qua non' impuesta por el Gobierno para que el TS y el Supremo caminasen "en una misma dirección" para blindar buena parte de los 123 nombramientos pendientes de cubrir y dar un vuelco completo a la cúpula judicial en España con magistrados afines, 'favoritos' y de confianza en todos los ámbitos posibles.
Teso mantiene además unas relaciones "frías y distantes" con algunos miembros del actual Consejo, lo que de haber sido elegida presidenta del CGPJ habría dificultado enormemente un diálogo fluido que va a ser indispensable para la gestión de un Consejo inmerso en una profunda crisis de reputación y credibilidad. Especialmente, en un Consejo en el que los consensos de los bloques izquierda-derecha serán imprescindibles para poder designar magistrados para puestos claves de la cúpula judicial española. "Para la presidencia del Consejo -sostienen las fuentes- habría sido un error imponer comisariados políticos instalados en los vetos y sin capacidad de cesión y de negociación". Con Perelló, ese panorama es al menos y, en principio, algo más diáfano y esperanzador, coinciden las fuentes.
Ana Ferrer
Sobre la fallida intentona con Ana Ferrer, ha pesado el veto de los vocales de la derecha porque en los últimos tiempos se ha desmarcado de las decisiones y criterios mayoritarios en la Sala de lo Penal. Fuentes del Tribunal lo atribuyeron el pasado agosto a su deseo de "hacer méritos" ante el Ejecutivo socialista tras una etapa de varios años en los que no estaba en el radar de La Moncloa. A partir de ahora se convertirá sin duda en la magistrada preferida por Bolaños para optar a la presidencia de la Sala de lo Penal cuando Manuel Marchena se vea forzado a dejarla el próximo mes de noviembre, tras dos mandatos consecutivos.
La cuestión es que Ana Ferrer ha discrepado abiertamente del resto de la Sala de lo Penal al sostener que el presidente de Junts, Carles Puigdemont, sí debería ser amnistiado incluso por el delito de malversación de caudales públicos. Y lo hizo, como avanzó Vozpópuli, con una argumentación muy similar a la empleada también por la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional respecto a ese delito para avalar el indulto encubierto a algunos de los antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía condenados por los ERE fraudulentos. Ferrer sostuvo que no amnistiar a Puigdemont por el delito de malversación supera "todos los diques de la lógica".
