Imputada la cúpula de Bomberos de la Generalitat por presunta corrupción

El juzgado de instrucción 14 de Barcelona ha imputado por presunta corrupción a siete cargos de los Bomberos de la Generalitat, tras hallarse indicios de facturas hinchadas y de pagos de comisiones del 2 % en el servicio de mantenimiento de los vehículos del cuerpo.

Según informa este domingo La Vanguardia, el responsable de la empresa contratista en Cataluña, la sevillana Iturri, Eduardo José Díaz, también ha sido imputado en este caso. La jueza ha citado a declarar el próximo viernes al que fue director general de Prevención y Extinción de Incendios hasta el pasado mes de junio, Manel Pardo, y a su sucesor, Joan Delort.

La misma información apunta que se han encontrado facturas duplicadas y hasta triplicadas de reparaciones que nunca se realizaron en camiones de extinción de incendios. El jefe del servicio técnico de Bomberos advirtió en abril de que el contrato de la empresa Grupo Iturri ya no tenía saldo después de compensar el primer trimestre la desviación presupuestada del ejercicio anterior, que cerró con una deuda de algo más de 1,7 millones.

Esta situación forzó una reunión de urgencia en la consellería de Interior con una abogada del departamento durante la cual Manel Pardo defendió su gestión y aseguró que el contrato estaba "históricamente mal dimensionado a nivel económico", por lo que la deuda se acumulaba cada año.

Durante el encuentro, Pardo utilizó un documento en que anotó "+2 %" a la vez que decía en voz alta "estas son las facturas más el 2 %", y ante las explicaciones que se le pidieron, añadió: "no nos podemos quejar porque antes la cifra a pagar era mayor", según informa el rotativo. El entonces conseller, Miquel Sàmper, encargó una información reservada a la secretaria general del departamento, Elisabet Abad, y tras leer el informe realizado, lo envió a la Fiscalía.

La jueza Miriam de Rosa dirigió una investigación secreta y autorizó intervenciones telefónicas y recibió varios atestados de los Mossos en los que aparecían indicios de delitos. El levantamiento del secreto, a finales de diciembre, coincidió con la decisión de Interior de destituir al intendente jefe de la comisaría e investigación de los Mossos, Toni Rodríguez, y la marcha del jefe de la unidad de anticorrupción y autor de los atestados, el subinspector Juan Manuel Lazo.

La causa está abierta por presunta corrupción y por un delito contra la administración pública. La empresa Iturri, que se ha visto implicada en otras causas por corrupción en otras comunidades pero ha negado al diario que haya facturado trabajos que no se hayan hecho, prestó el servicio durante la última década tras ofrecer mejores condiciones económicas, si bien las cifras han mostrado un gasto total que casi dobla el presupuesto inicial.

Govern descarta que cargos de Bomberos se lucraran

El Departamento de Interior catalán sostiene que no hay "ningún indicio" de que altos cargos de los Bomberos de la Generalitat se hayan beneficiado económicamente de los contratos del cuerpo que investiga la justicia, pero admite "episodios de insuficiencia de crédito" por "disfunciones" en los procesos de licitación.

Fuentes de la consellería han asegurado a Efe que se está actuando con "total transparencia" ante la investigación judicial a la cúpula de los Bomberos de la Generalitat -incluido el director general de Prevención Joan Delort- por presuntas irregularidades en facturas infladas y supuesto pago de comisiones en el servicio de mantenimiento de vehículos del cuerpo.

Según estas fuentes, hasta el momento no hay "ningún indicio" de que funcionarios de Interior se hayan beneficiado económicamente de los contratos investigados ni hayan "maniobrado" para favorecer a la empresa adjudicataria, la sevillana Iturri S.A..

El Departamento de Interior atribuye las irregularidades investigadas a "disfunciones" en los procedimiento de licitación y de mantenimiento de los vehículos que, aseguran, en los últimos cinco años han producido "de manera recurrente episodios de insuficiente de crédito".

Las mismas fuentes indican que, desde el inicio de la legislatura, el actual equipo de Interior -encabezado por el conseller Joan Ignasi Elena, de ERC- está trabajando para "revertir" la situación, con medidas que pasan por una mejora en la gestión de los circuitos de control de la ejecución de los contratos, un proceso de licitación que amplíe la concurrencia y una dotación presupuestaria suficiente para atender las "necesidades reales" del servicio.

Según ha detallado el Departamento de Interior, en los últimos 20 años se ha contratado externamente el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios (DGPEIS).

Este servicio tiene un alto nivel de complejidad, añaden, tanto por la singularidad de los vehículos de los bomberos como por la necesidad de prestar el servicio a todo el territorio y con disponibilidad permanente.

Desde 2002, la empresa Iturri S.A. ha sido siempre la adjudicataria de todas las licitaciones que se han tramitado por este servicio y, en la práctica totalidad de ellas, fue la única licitadora.

Según mantiene Interior, el procedimiento consistía en que los parques de bomberos hacían las peticiones iniciales, las validaba el DGPEIS o las regiones de emergencias y, posteriormente, la empresa llevaba a cabo la reparación, en talleres propios o concertados.

Ello generaba, añade la consellería, un "retraso importante" en la facturación que dificultaba el control de la disponibilidad del crédito, lo que acababa provocando que, a partir de determinado momento del año, los encargos generaran una facturación para la que no había cobertura de crédito disponible.

A ello se sumaba, agregan la fuentes, el "envejecimiento" del parque de Bomberos, que provocaba una "presión sobre el servicio" sin una dotación presupuestaria suficiente para hacerle frente.

Esas "disfunciones" motivaron la tramitación de dos reconocimientos extrajudiciales de crédito, uno a finales de 2016 y otro en 2019, y en 2020 se constató que se estaba volviendo a repetir la misma situación, por lo que se plantearon medidas de contención que resultaron insuficientes.

De hecho, a finales de marzo de 2021, la facturación presentada por Iturri S.A -cuyo responsable en Cataluña también está imputado- había consumido ya el 71% del crédito anual disponible.

El 3 de mayo de 2021, añade el Departamento, la secretaría general abrió una información reservada, que se cerró el 21 de mayo -cinco días antes de la toma de posesión de Elena y apenas dos semanas antes de que lo hiciera Delort- y se decidió enviar el expediente a la Fiscalía y a los Mossos d'Esquadra.

Tras una "evaluación inicial" de la situación, la consellería adoptó varias medidas "urgentes", entre ellas resolver el contrato con Iturri al prever el "agotamiento inminente" del crédito, redactar los pliegos del servicio para 2022, con un 46% más de presupuesto, y encargar una auditoría de la facturación. En noviembre, se adjudicaron cuatro contratos simplificados, uno de ellos a una empresa distinta a Iturri.

Con estas actuaciones "está previsto restaurar la normalidad del servicio de mantenimiento en el primer trimestre de 2022, con una dotación presupuestaria suficiente para no volver a caer en la insuficiencia de crédito", garantiza el Departamento.

También se están abordando reformas estructurales para corregir a largo plazo las "disfunciones" sufridas por el servicio, como cambios en la licitación para facilitar la concurrencia de empresas o la modificación de la estructura orgánica del DGPEIS para separar las funciones de prescripción de necesidades de las de diseño y gestión de los procesos de contratación.