Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965) es el abogado de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín. Hasta el pasado enero, llevaba también la defensa de Meritxell Serret, quien decidió entregarse al Tribunal Supremo el pasado 11 de marzo. Tras su vuelta, se ha especulado con el posible retorno de Marta Rovira, secretaria general de ERC, y Anna Gabriel, ex diputada de la CUP. Ambas dirigentes están en Suiza, fugadas de la justicia española. Al no tener responsabilidades en el Ejecutivo de Puigdemont, su regreso podría ser antes que el de los eurodiputados que defiende Boye.
En esta entrevista, el letrado chileno explica los próximos movimientos sobre la cuestión prejudicial elevada por el juez Pablo Llarena en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la imputación de Laura Borràs, presidenta del Parlament, por un presunto caso de corrupción, la 'Operación Voloh' o su procesamiento en el caso de Sito Miñanco, entre otros.
El pleno del Parlamento Europeo decidió levantar la inmunidad a Puigdemont, Ponsatí y Comín. Ustedes alegaban que el Tribunal Supremo no era el tribunal competente para exigir la retirada de la inmunidad. ¿Cree que la justicia europea les dará la razón en este aspecto concreto?
Nosotros estamos bastante tranquilos al respecto porque creemos que ya nos la han dado. El Tribunal de Apelación belga así lo ha determinado y el propio Tribunal Supremo dice en una resolución del 23 de octubre pasado que no existe una norma que le atribuye la competencia, sino que lo hacen por costumbre o por lo que sea, y lo que dice la ley es que debe de haber un juez predeterminado por ley. Tiene que haber una norma previa que lo habilite para ello y este es uno de los argumentos que manejaremos.
El hecho de que Llarena haya acudido al TJUE antes de reactivar la euroorden, ¿hace que Puigdemont pueda moverse por Europa aunque haya perdido la inmunidad?
El juez Llarena tendrá que comunicar a la justicia belga lo que quiere hacer con este expediente. En enero de 2020 envió una comunicación a Bélgica pidiendo la suspensión de la tramitación en base a que se había solicitado el levantamiento de la inmunidad. De acuerdo a la directiva marco, una vez reciba la notificación oficial del Parlamento Europeo tiene que comunicar a los belgas lo que hace y a partir de ahí tomaremos nuestras decisiones.
¿Y usted recomienda a Puigdemont que viaje por Europa o hay riesgos de ser detenido y entregado a España?
De momento no hemos tomado una decisión porque no tenemos claro cuál va a ser el escenario. ¿Por qué no lo tenemos claro? Porque al juez Llarena todavía le falta un trámite por hacer. Él ya ha reemitido las prejudiciales a Luxemburgo y ahora tiene que decirle a los belgas cómo queda la situación. Es una decisión que tiene que tomar él y a partir de eso nosotros tomaremos las nuestras.
Ustedes plantearán que ante una sentencia firme de la justicia de un Estado miembro, como es el caso de Lluís Puig, la euroorden decaiga en el resto de Estados miembros. ¿Eso significa que Puigdemont podría volver a España sin ser detenido?
Nosotros vamos a personarnos en las prejudiciales del juez Llarena, y ahí lo que haremos es una serie de planteamientos de cuál ha de ser, a nuestro juicio, el objeto de debate. Y ese objeto de debate es mucho más amplio del que plantea el juez Llarena, porque en realidad la mayor parte de preguntas que plantea Llarena no son las cuestiones prejudiciales. Eso son temas más que aclarados por la jurisprudencia del TJUE. De hecho, Bélgica se basa en la jurisprudencia del TJUE para denegar la entrega de Lluís Puig.
Pero, ¿cree que, en este sentido, lo que dicte el TJUE servirá para avanzar en el sistema de euroordenes? ¿Ya sea para la entrega de los eurodiputados a España o para que se puedan mover por Europa sin riesgo de ser detenidos en otro país?
La mayor parte de países europeos, sino todos, van a respetar la sentencia belga. Eso no es un tema que deba discutirse 27 veces, con discutirla una ya está.
¿Pero entonces Puigdemont podría volver a España y no ser detenido cuando Bélgica juzgue su caso?
En estos momentos no debería poder ser detenido ni debería haber sido detenido en ningún momento a partir de la consecución del escaño en el Parlamento Europeo. Es España la que no está respetando su inmunidad, porque hacen una interpretación de la sentencia del 19 de diciembre de 2019 que no es conforme a derecho. Es decir, la inmunidad la tiene, solo que no se le está respetando dentro de España.
Pero ahora ya no tiene inmunidad tras la decisión del Parlamento Europeo.
Esto es una discusión muy interesante, porque en realidad lo que hizo el juez Llarena fue pedir el levantamiento de una concreta inmunidad para algo muy concreto como es la continuación del procedimiento de la euroorden. Ni siquiera la pidió para enjuiciarlo ni para ningún otro hecho más. La pide concretamente para eso y esa es la inmunidad que se ha levantado.
Lluís Puig ha criticado en TV3 que la vuelta de Serret puede “blanquear al Supremo”. ¿Cree que su vuelta afecta de algún modo la estrategia en Europa de Puigdemont?
Yo he sido abogado de Meritxell [Serret] hasta enero y es un tema del que no puedo hablar.
¿A qué se debe el cambio de abogado?
Básicamente fue una decisión suya, está en su derecho y son cosas que pasan habitualmente.
¿Qué opina de su nuevo abogado, Íñigo Iruin?
Es uno de los mejores abogados que hay en España. Sin duda. Uno de los mejores penalistas de España.
Tras la vuelta de Serret, ¿ve posible la vuelta de Marta Rovira y Anna Gabriel?
Eso dependerá más bien del Supremo. En el caso de Gabriel, hay una desobediencia, en principio no veo nada más. Y en el caso de Marta Rovira, a la vista de la sentencia de octubre del 2019 sus abogados tendrán que estudiarlo.
¿Por qué depende del Supremo?
Son ellos los que tienen que determinar los tipos penales, y los pueden cambiar.
¿Usted cree que habrá indultos?
No suelo pronunciarme sobre los asuntos políticos. Una cosa es defender políticos y la otra meterse en política, que no me gusta. Esto es una decisión del Gobierno, y tiene la facultad de tomarla en un sentido o en otro.
¿Cómo explica la diferencia de criterio entre la Audiencia Nacional, con la absolución de la cúpula de los Mossos, y la condena en el Supremo de los líderes políticos?
Tiene que ver con el principio básico de la libre valoración de prueba. Un tribunal puede ver la pared de un color y otro de otra tonalidad. Ahora bien, yo creo que la Audiencia hizo una exquisita valoración de la prueba y esa valoración de la prueba creo que es ampliable a la mayor parte de los supuestos.
Trapero dijo que tenía un plan para detener a Puigdemont. ¿Le cree?
Puede ser. Él es un profesional de la policía y dentro de sus funciones, imagino, habrá existido ese plan. Pero yo no he entrado en ese caso.
¿Cómo ve todo lo que está ocurriendo con la renovación del CGPJ? ¿Cree que afecta a la imagen que transmite España a nivel internacional?
En Europa tienen muy claro que la forma en que se eligen a los jueces no es lo auténticamente relevante. Lo relevante es que una vez elegidos sean auténticamente independientes. Pero también hay otra parte que se nos olvida: un juez no solo tiene que ser independiente, lo que no puede es tener agenda política. Y lo que no puede, a pesar de que todos tenemos ideas políticas, es trasladarla a sus resoluciones.
El problema en estos momentos es que tenemos un CGPJ con su mandato caducado y, por lo tanto, caducada su legitimidad. Y la norma que lo regula no había previsto suficientemente qué pasa cuando caduca el mandato. Yo entiendo que no deberían hacer ninguna función más allá de las meramente administrativas de lo que es el gobierno de los jueces.
De hecho, usted acaba de recusar al magistrado del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, por considerar que no es imparcial para valorar los recursos de amparo presentados por los condenados y fugados de la justicia española.
En materia de imparcialidad, que es lo que se espera y exige de un juez, hay manifestaciones que evidentemente generan lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llama la percepción de falta de imparcialidad. Creo que en noviembre de 2017, que es el caso del señor Conde-Pumpido, ya se sabía que había un proceso en marcha y se sabía que ese proceso, más temprano que tarde, iba a recaer en el Tribunal Constitucional… El principio de prudencia dice ‘no te pronuncies sobre estos extremos’.
Yo no digo que los jueces no puedan tener ideas políticas, es que me parecería sorprendente que no las tuvieran, lo importante es que esas ideas ni se trasladen a sus resoluciones ni se expresen abiertamente. Eso pasa en todos los países de Europa, los jueces no se pronuncian en estos términos. Nuestra recusación debería estimarse, o abstenerse él, pero evidentemente es una mancha imborrable en los expedientes que él ha tramitado en relación con el procés.
Operación Voloh. Usted ha escrito que no cree que detrás de esta operación “esté la mano del Gobierno”. ¿Cree que la operación forma parte del llamado lawfare o que hay indicios de corrupción? Lo digo porque ERC tomó medidas como retirar temporalmente algunos de sus ediles…
Me he leído la causa porque tengo un defendido en ella, y lo que veo es de todo menos corrupción. Ahí se han saltado muchas líneas rojas y habrá que reconducir la investigación, porque hay puntos que entran en el plano de lo esotérico.
¿Cree que el TC puede condenar a la Mesa del Parlament si acepta el voto delegado de Lluís Puig?
Me produce un tremendo desasosiego cuando los tribunales de justicia socavan la independencia y autonomía de los parlamentos, sean autonómicos o estatales. Es una causa en la que además defiendo una persona ahí que no solo es uno de mis defendidos, también es un amigo, y no soy imparcial en lo que digo pero sí contundente. Creo que los tribunales de justicia no pueden revisar la actividad parlamentaria desde la perspectiva de que esto es una intromisión en las prerrogativas de otro poder del Estado. Por otra parte, es evidente que un parlamento tiene derecho a discutir de lo que considere políticamente relevante. Pero eso no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo dicen principios democráticos básicos.
Los independentistas alegan que hablan de derecho de autodeterminación desde 1980, y que hasta el inicio del procés separatista no había pasado nada.
Las actas del Parlament así lo acreditan. Estamos en una involución democrática muy profunda. Había temas que en los 80 y 90 se podían hablar, y ahora parece que no se pueda hablar. Estamos en una situación que a mí me parece francamente preocupante desde el prisma de lo que debe ser una democracia. Una democracia no necesita adjetivos, o es democracia o no lo es. Eso de discutir si es plena, semiplena, absoluta, clara, perfecta, imperfecta… Dentro de estas definiciones hay grados de mayor democratización.
Usted también lleva la defensa de Laura Borràs. Ahora deberán juzgarla en el TSJC. ¿Cómo está el proceso?
Lo último que ha habido ha sido una notificación por la cual el magistrado instructor ha preguntado al Congreso de los Diputados si mantiene la condición de diputada e imagino que en breve se inhibirá a favor del TSJC.
Si hay condena, deberá ser inhabilitada, como Quim Torra en su momento.
Yo confío en que no. Confío en que tenga un juicio justo y se pueda acreditar que eso no es nada más que sacar de quicio una situación que se da todos los días en todas las administraciones públicas. Si a todas las administraciones públicas se le aplica el criterio que se le está intentando aplicar a Laura Borràs no habrían cárceles en España suficientes.
Como presidenta del Parlament, ha amagado con desobedecer. Usted, como abogado suyo, ¿cree que debería inhibirse para no perjudicar la causa en el TSJC?
He defendido a muchos políticos, de todo signo, desde hace mucho tiempo. Si Laura [Borràs] hace declaraciones políticas no seré yo quien la discuta. No entro en la calificación ni descalificación de declaraciones políticas de políticos, que además están en su derecho hacerlas.
Ella reivindica que es todo un montaje de la “policía patriótica”. Pero han aparecido unos mails donde explica cómo fraccionar los contratos.
La clave está en saber si el dinero se destinó en algo en que no se debía destinar y si falta dinero. Y nosotros vamos a acreditar que el dinero se destinó en lo que se había de destinar y que no falta dinero. Le podemos dar la calificación jurídica que queramos, pero esto es el quid de la cuestión.
Usted está procesado en el caso de Sito Miñanco. A usted le imputaron por presunto blanqueo de capitales del narcotráfico. ¿Cuál va a ser su línea de defensa?
Declaré el 15 de enero en calidad de procesado y hemos recurrido esa resolución. Entendemos que en la propia causa están las pruebas que desmienten todo lo que se ha dicho en mi contra. Ni el dinero de Sito Miñanco, ni se ha blanqueado dinero… Aquí pasa otro tanto de lo mismo. El SEPBLAC [Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales] no ha dicho que esto sea blanqueo de capitales, ni mucho menos. El TSJM bien ha dicho que esto no es blanqueo de capitales e incluso ordena la devolución de la mitad del dinero porque no aprecian ese delito. La Abogacía del Estado tampoco. Iremos avanzando en acreditar que eso es así.
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