Bruselas ha abierto un nuevo frente a Pedro Sánchez en su intento por aprobar una ley de amnistía para el separatismo catalán a cambio de su investidura. Las dudas que ha expresado el comisario Justicia de la Unión, Didier Reynders, sobre esta norma han recibido una respuesta displicente del Gobierno. Pero este aviso de la Comisión Europea es el primero y no tiene precedentes, porque lo ha dado antes incluso de conocer el texto.
La explicación a esta advertencia del comisario Reynders está en un incumplimiento del Ejecutivo de Sánchez. Según ha sabido Vozpópuli de fuentes comunitarias, Reynders pidió al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, conocer el borrador de la ley de amnistía para asegurarse que no hay incumplimiento de los tratados europeos y evitar problemas posteriores.
Bolaños no ha enviado nada y la Comisión entiende que la norma está prácticamente lista. De hecho, la negociación final de la investidura tiene lugar en Bruselas. Y las instituciones están al tanto de lo que se cuece con Carles Puigdemont, que ha sido uno de los mayores quebraderos de cabeza de la Comisión en los últimos años.
Bolaños ha respondido a Reynders con otra carta en la que dice que no puede facilitarle "información" porque la ley de amnistía está en manos del Congreso de los Diputados.
Bruselas aprieta a Sánchez
La prudencia habitual de Bruselas, que nunca suele pronunciarse antes de conocer la literalidad de una ley, ha dado paso a una carta de Reynders en el que expresa su "seria preocupación" por las informaciones que se han conocido en los medios de comunicación sobre la amnistía a Puigdemont, otros líderes del procés y supuestos casos vinculados como Tsunami que podrían incluirse en la norma. El comisario pide información al Gobierno para evaluar que el imperio de la ley sigue cumpliéndose en los países de la Unión.
La carta va dirigida a Bolaños y a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha estado completamente desaparecida de esta negociación. Reynders aprovecha la ocasión para recordar el encontronazo que ya tuvo con las autoridades españolas -Gobierno y oposición- por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y otras decisiones polémicas que no gustaron en Bruselas, como la de nombrar a Dolores Delgado Fiscal General tras cesar como ministra de Justicia.
El comisario de Justicia ha sido uno de los que más avisos ha lanzado al Gobierno por las cuestiones del poder judicial. El papel que han jugado el jefe de la delegación de Ciudadanos en Bruselas y secretario General del partido, Adrián Vázquez, así como la diputada naranja Maite Pagazaurtundúa ha sido determinante. Reynders pertenece a la familia liberal y los eurodiputados le han ido trasladando puntualmente "las tropelías" que hacía Sánchez a cambio de su investidura.
Esta advertencia se produce en la recta final de la negociación entre el PSOE y Puigdemont. No ha sido la única. Ha habido un comunicado del CGPJ en contra de la amnistía, a Puigdemont se le investiga por un delito de terrorismo y hay una ola creciente de protestas en toda España.
La corrupción, amnistiada
Mientras tanto, la investidura sigue a la espera de fecha, pero todo indica que será la próxima semana. El PSOE y Puigdemont han dado un paso decisivo este viernes al anunciar un acuerdo para ampliar la amnistía a causas de corrupción que nada tienen que ver con el procés, como por ejemplo el que afecta a la ex presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borrás. La literalidad de la ley de amnistía se conocerá en unos días. El plazo para evitar la repetición electoral vence el 27 de noviembre.
Este diario ya informó que Sánchez expone a España a graves sanciones políticas y económicas de la UE con la ley de amnistía. Los causas que se incluyan en esta norma y los años de las mismas pueden suponer el incumplimiento de varios artículos del Tratado de la Unión Europea, como los que establecen la prevalencia del Estado de Derecho y el principio de igualdad y de independencia del poder judicial.
La Comisión está siguiendo de cerca la negociación de la amnistía. Y la advertencia de este miércoles puede no ser la única que se lleve Sánchez. Otras carteras de la Comisión vigilan atentamente el pacto del Gobierno de España con el independentismo por el temor a que vulnere los derechos comunitarios.
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