La presión del Gobierno de Pedro Sánchez con Doñana y una mala gestión del viaje del consejero andaluz de Medio Ambiente a Bruselas han dejado herido de muerte el proyecto de ley de regadíos de Juanma Moreno. La Junta no tiene prácticamente apoyos. Y La Moncloa, sabedora de los errores, ha lanzado su órdago definitivo al PP: no negociará nada con Moreno hasta que retire la normativa del Parlamento.
Bruselas ha sido crítica con el Gobierno de Sánchez en estas últimas semanas, sobre todo cuando vendió como un comunicado lo que era una mera respuesta parlamentaria. Pero ese malestar es casi una anécdota en comparación con lo ocurrido este lunes.
A Bruselas no le ha gustado nada la versión que la Junta de Andalucía ha dado del encuentro entre el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, y el consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco. Según fuentes de la Comisión consultadas por Vozpópuli, nada de lo que dijo el consejero dio respuesta a las inquietudes que plantea Europa sobre esta legislación. Tampoco las supuestas modificaciones que la Junta, dice, está dispuesta a introducir para calmar los ánimos y sacar adelante la ley.
"Si lo que escuchamos el otro día nos hubiera tranquilizado de alguna manera lo habríamos dicho en nuestra lectura pública que hicimos de la reunión", explican estas fuentes.
La Junta no convence a Bruselas
Es decir, a Bruselas no le convencen las explicaciones que Fernández-Pacheco ha dado sobre la propuesta de regadíos en Doñana. Y lo peor no es eso. Es que a la Comisión no le gusta que hablen por su boca. La Junta dio su versión de los hechos a última hora de la tarde del lunes. El objetivo era salir al paso de las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que resumió lo ocurrido como un "toque de atención" de las autoridades europeas al Ejecutivo andaluz.
Y por más que la Junta se haya empeñado en dulcificar la reunión y circunscribir la "preocupación" del comisario al inicio de la conversación entre ambos; sí hubo toque de atención, según ha podido constatar este diario de diversas fuentes europeas. Además, la Comisión tampoco está conforme con que la Junta insista constantemente en que el comisario Sinkevicius viaje a Doñana a conocer la problemática de primera mano. Todavía no está claro si hay una invitación formal o de momento son palabras y emplazamientos genéricos en ruedas de prensa.
Con todos estos ingredientes, la ley de regadíos de Doñana está casi sentenciada. Bruselas ha tomado partido y el Gobierno de Sánchez, también. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que no negociará nada con la Junta hasta que se retire la norma.
Órdago del Gobierno en Doñana
Y ha advertido de que usará todos los instrumentos a su alcance para frenarla. El órdago de Ribera se produce después de la reunión fallida de Bruselas. La ministra ha insistido en que la Comisión rechaza de plano el texto de la proposición de ley que sigue en tramitación en la cámara regional andaluza. "El consejero andaluz no entiende cómo funcionan las instituciones europeas", ha dicho Ribera. "Parece mentira que después de varios avisos reiterados de las instituciones todavía puedan decir que no entienden".
El debate se produce además en plena precampaña electoral para las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Sánchez ha convertido esta polémica en uno de los ejes de desgaste contra el PP. Y no le ha importado mezclar argumentos contra Moreno, como el de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que en realidad es por incumplimientos de la Junta de Andalucía cuando gobernaba el PSOE.
El jefe del Ejecutivo ha instado al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a retirar la norma en el debate que han mantenido este martes en el Senado. Mientras que Feijóo ha pedido a Sánchez que deje de colocar a Doñana en el "disparadero electoral".
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