Nuevo frente para el comisario de Justicia, Didier Reynders. La plataforma Por una Justicia Independiente ha presentado en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla una denuncia para exigir al delegado europeo que interceda ante el deterioro del Estado de Derecho en España. El objetivo de este escrito es exponer el papel del político belga como supervisor internacional para garantizar el cumplimiento de valores democráticos como la separación de poderes por parte de los Estados de la Unión Europea.
La plataforma defiende que España ha retrocedido en independencia judicial y que este efecto se ha visto agravado en los últimos años. Casos como la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y el sistema de nombramiento en la que los vocales son designados por las Cortes ha provocado que órgano del Poder Judicial se convierta en "una institución completamente ideologizada".
Así resume Santiago Álvarez-Barón, de Por Una Justicia Independiente, lo que muchos consideran el deterioro del Estado de Derecho en España. Bajo esta idea, la plataforma pide al juzgado madrileño elevar el tema al TJUE, a fin de solicitar una protección y tutela judicial efectiva. Para ello, recurren en su escrito al "mecanismo de condicionalidad" por el cual la Unión Europea que va destinado a proteger el presupuesto y los intereses financieros de la Unión.
La plataforma advierte de que Europa podría suspender las ayudas a España por vulnerar el Estado de Derecho en base a este mecanismo que exige la independencia judicial para que los jueces puedan investigar los casos de supuestos despilfarro y corrupción con las ayudas europeas. "Los fondos europeos podrían estar en peligro", añade Álvarez-Barón.
De igual modo, la plataforma recoge en su escrito una serie de informaciones que apuntan al desconcierto de Bruselas por el uso y destino de dichos fondos. El anuncio más reciente vino de la de la mano del Parlamento Europeo que, en el pleno del pasado 11 de abril, expresó su "gran preocupación" por el "presunto uso indebido" de algo más de 17 millones de euros en fondos europeos, tras la explosión del caso Koldo.
Bruselas como mediador para la renovación del CGPJ
Respecto, a la renovación del CGPJ, otro de los grandes retos en materia de Justicia en España, los denunciantes exigen que en este caso, el comisario Didier Reynders, no sólo actúe como mediador para su renovación. La plataforma exige al comisario europeo que impulse desde Bruselas un nuevo sistema de nombramiento.
Por Una Justicia Independiente se une a la corriente que apoya alinear el nombramiento de sus miembros con los estándares europeos, por ello, exigen que al menos 12 de los 20 vocales que forman el CGPJ sean nombrados por la Carrera Judicial. En consecuencia, defienden que tras las negociaciones lideradas por Reynders como mediador en un futuro pacto entre PP y PSOE, las Cortes siguen teniendo el mismo porcentaje de designación, considerarían que el comisario europeo formaría "parte del entramado que vulnera el Estado de Derecho en España".
Asimismo, recuerdan que la decisión de que el Congreso y el Parlamento nombrasen a parte de sus miembros se produjo estando España en la Unión Europea y que, por tanto, la Comisión Europea "no puede inhibirse de dicha responsabilidad". De esta manera, apela a la Comisión Europea a que tome partido en este asunto y exija al Gobierno de España la renovación inmediata del órgano de gobierno del Poder Judicial.
Los denunciantes mantienen que el sistema de elección designado en España vulnera el principio de independencia judicial y que, por tanto, afecta directamente al derecho de los ciudadanos. "El denunciante no tiene garantizado un juicio justo, con jueces independientes e imparciales... Sin una justicia independiente, los ciudadanos no tendrán garantizado un juicio justo", reza el escrito.
"Mientras no esté garantizada la independencia judicial, solicitamos la protección y la tutela judicial efectiva de Europa para los procedimientos judiciales que aleguen una Cuestión Prejudicial ante el TJUE", manifiestan.
La estrategia elegida por esta plataforma para que el caso llegue hasta Europa es un ejemplo más de los movimientos efectuados por diferentes asociaciones en los últimos meses. El objetivo es que tras una avalancha de denuncias los jueces españoles decidan elevar el caso a los tribunales europeos.
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