La Comisión Europea ha iniciado este miércoles un procedimiento de infracción contra España por imponer más condiciones a la extradición de sus nacionales o residentes reclamados mediante una euroorden que cuando la persona cuya extradición solicita otro socio de la UE tiene otra nacionalidad.
"Hemos constatado que algunos Estados miembro, como es el caso de España, han añadido condiciones más estrictas para extraditar a sus nacionales u otros europeos residentes en su territorio", ha explicado el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, al anunciar el caso contra España.
Esta situación detectada en la incorrecta transposición a la legislación española de la decisión marco de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) es "contraria" tanto a las reglas que rigen la euroorden como al principio de no discriminación entre europeos que recogen los Tratados.
Por ello, el Ejecutivo comunitario ha decidido enviar una carta de emplazamiento a las autoridades españolas para alertar de las irregularidades y dar un plazo de dos meses para solucionarlo.
Es el primer paso en un expediente sancionador que, en última instancia, puede acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si Bruselas considera que tras agotar el diálogo con España para enmendar la transposición no se han resuelto las irregularidades notificadas.
Reforma del sistema
Con todo, no es el único caso en que la Comisión Europea actúa contra un Estado miembro por la mala aplicación del marco del sistema de euroórdenes y, de hecho, el comisario de Justicia, Didier Reynders, se ha comprometido a abordar una reforma del sistema si tras la evaluación en curso de la situación en cada país detecta fallas importantes que exijan la revisión de la norma.
Hasta ahora, según ha dicho Wigand, Bruselas ha abierto expedientes contra una decena de Estados miembro por no trasladar correctamente la decisión marco y se debe sumar los casos anunciados este miércoles que incluyen el de España, pero también cartas de emplazamiento a Bélgica, Grecia, Países Bajos y Hungría. Desde el pasado año, el Ejecutivo comunitario también ha iniciado dosieres contra Austria, República Checa, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Chipre, Alemania y Suecia y todos ellos siguen abiertos.
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