El Gobierno trata de calmar las aguas después de la tormenta que provocó su propuesta para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado a Bruselas que está trabajando en una solución que, esta vez sí, incluya a la oposición.
En una conversación telefónica que ha mantenido este lunes con el comisario de Justicia Europeo, Campo se ha comprometido a reformar el órgano judicial, que lleva en funciones desde hace casi dos años. Y ha asegurado que consultará con todos los actores implicados, incluida la oposición y la Comisión de Venecia, tal y como le reclamó Bruselas.
Esta declaración ha tranquilizado a la Comisión Europea, según han reconocido fuentes del propio Ejecutivo comunitario a Vozpópuli, que insisten, por otro lado, en que seguirán “muy de cerca” los pasos del Gobierno español en este asunto.
La llamada entre el titular de Justicia y el comisario ha tenido lugar esta mañana, y aunque el objetivo principal era acelerar los progresos para poner en marcha la primera Fiscalía Europea, el comisario ha querido aprovechar la oportunidad para interesarse por la renovación del Poder Judicial en España.
Bruselas alertó de la reforma exprés
El pasado mes de octubre saltaron todas las alarmas en los despachos de Bruselas, cuando PSOE y Unidas Podemos presentaron una reforma exprés en la que sugerían elegir a 12 de los 20 vocales del CGPJ por mayoría absoluta de las Cámaras.
La Comisión Europea se mostró entonces “muy preocupada” y avisó de “la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial”. El mayor temor de Bruselas es que se perciba este órgano como “vulnerable a la politización”. También desde el Consejo de Europa se alertó de que esta reforma podría violar las normas.
Después de las quejas y la presión el Gobierno español paralizó esta propuesta para intentar pactar la renovación del órgano con el Partido Popular, a quien tendió la mano para dialogar. Desde entonces poco se ha sabido del avance de estas negociaciones.
En Bruselas reconocen que están “preocupados”, aunque se resisten a comparar la situación de España con Polonia, cuyo Gobierno mantiene un pulso por las sucesivas reformas que han llevado a cabo en la justicia. Fuentes comunitarias reconocen que son casos distintos, pero avisan de que “ambos van en dirección contraria a lo que se pide en Europa”.
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