La Comisión Europea enviará al Gobierno un documento con 16 preguntas sobre la ley de amnistía registrada en el Congreso, según ha podido saber Vozpópuli de fuentes de toda solvencia. El comisario de Justicia, Didier Reynders, está trabajando en esta batería de preguntas, que enviará al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en los próximos días y que confirma las dudas que suscita la legislación en Bruselas.
El paso que está a punto de dar la Comisión al interrogar al Gobierno por una normativa nacional evidencia la preocupación que existe en Europa por la amnistía a la carta que Pedro Sánchez ha entregado al independentismo catalán a cambio de su investidura. De hecho, la situación en Bruselas dista mucho de la que pinta Bolaños en público.
“Si hubiera cero preocupación, como dice, no tendría que viajar a Bruselas a defender la ley en nombre del Ejecutivo”, dicen fuentes comunitarias. “Y si hubiera cero preocupación, tampoco tendría que responder a las preguntas que le va a hacer la Comisión”.
16 preguntas sobre la amnistía
Las 16 preguntas que enviará Reynders a Bolaños abarcarán diversos puntos de la propuesta conocida hasta ahora. No se trata de una enmienda a la ley del Gobierno –no es el estilo de Bruselas-, sino que será un intento de resolver las dudas sobre el alcance y los delitos que se pretenden eliminar y cómo encaja esta medida en las legislaciones españolas y europeas.
“No serán preguntas agresivas ni nada por el estilo”, dicen. “Es la manera que tiene Bruselas de demostrarle a Sánchez que la amnistía preocupa, que no es solo un asunto que concierne sólo a España, sino a todos los europeos”.
Uno de los problemas que se va a encontrar Bruselas es que el texto, tal y como se registró hace casi un mes en el Congreso, va a sufrir cambios. Tal y como ha informado este diario, el Gobierno ha aceptado introducir algunas enmiendas. No se conoce todavía el alcance de las mismas, pero tanto ERC como el partido de Carlos Puigdemont habían expresado su deseo de modificar norma.
Fuentes del Gobierno aseguran que esos cambios serán “mejoras técnicas” de carácter “menor”. Y que, por ejemplo, la larga exposición de motivos en la que se justifica la amnistía no se va a tocar.
El debut de Bolaños como ministro de Justicia no ha sido el soñado en Bruselas. Antes de la investidura, respondió con displicencia a una carta de Reynders en la que expresaba sus dudas sobre la amnistía. Bolaños dijo que era un debate parlamentario y que el Gobierno no tenía nada que decir.
Días después se tuvo que comer sus palabras y viajar a Bruselas para defender la norma. Después de una reunión doble con Reynders y la vicepresidenta de la Comisión, Věra Jourová, Bolaños afirmó que había “cero preocupación” en la Comisión por la amnistía.
Traspié de Bolaños en Bruselas
El ministro volvió a sufrir un desmentido oficial de la Comisión. De hecho, la respuesta de Bruselas fue contundente: afirmaron que tenían preguntas. Unas preguntas que se van a plasmar en el documento que ultima el comisario Reynders.
La batalla democrática contra la amnistía de Sánchez a Puigdemont se libra en varios frentes. El europeo es, sin duda, uno de los más importantes. No sólo por las sanciones a las que se puede enfrentar el Gobierno por parte de las instituciones, sino porque todo este ruido contribuye a que instancias como el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo (TJUE) pueda paralizar la aplicación de la norma mientras decide si contraviene o no los tratados.
La amnistía de graves delitos de corrupción política y de terrorismo en un período tan largo de tiempo (11 años de procés) genera muchas dudas. Y los jueces pueden elevar cuestiones prejudiciales al TJUE antes de ejecutar la amnistía una vez aprobada por las Cortes Generales.
El proceso va a ser todavía largo. Las enmiendas en el Congreso, un trámite al menos de dos meses en el Senado, donde el PP tiene la mayoría absoluta, y las reticencias de Bruselas auguran todavía un largo camino para la amnistía que ha permitido a Sánchez mantenerse en La Moncloa.
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