La línea de investigación abierta por los pagos que salieron de la Caja de Solidaridad de Podemos no va a suponer una fiscalización de las cuentas del partido. El magistrado Juan José Escalonilla ha advertido que limitará la causa sobre un presunto desvío de fondos únicamente al pago de 30.000 euros que salieron de las arcas del partido para la asociación 404 Comunicación Popular. El ingreso levantó las sospechas de que se pudiera tratar de un abono encubierto a esta firma ligada a cargos de la formación morada.
El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid explica en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli que no va a impulsar una investigación "prospectiva" en relación a esta línea de investigación que forma parte del conocido como caso Neurona. El instructor responde de este modo a la pretensión de una de las acusaciones que solicitó al juzgado que se requirieran los movimientos de la cuenta de Podemos en Triodos Bank. Desde la misma salieron tres pagos a esta asociación que fueron denunciados por tratarse de abonos encubiertos a miembros de la formación.
En concreto, se reclamó que se recabaran los extractos de movimientos producidos entre el 1 de enero de 2019 y el 15 de junio de 2020 tales como depósitos de valores, títulos, acciones, deuda pública o contenido de las cajas de seguridad. Igualmente se solicitó también que se facilitara la identidad de las personas que efectuaban ingresos en efectivo en esta cuenta de la formación morada o que se identificaran todas las transferencias, cheques y traspasos que tengan relación con el depósito en cuestión.
"Es inadecuado"
"Las diligencias interesadas desbordan el objeto del procedimiento. No resulta necesario y en todo caso es inadecuado que conste en las actuaciones los datos que se interesan, cuando el procedimiento se ciñe a la presunta administración desleal del Fondo de Solidaridad por el acuerdo de donación de 50.000 euros a favor de la asociación 404 Comunicación Popular", reza en su respuesta el magistrado, el cual concluye que de, admitir esta fuente de prueba, abriría la puerta a detectar irregularidades "que hipotéticamente" se hubieran producido.
De este modo, el juzgado pone el foco en el pago final de 30.000 euros que se investigó a raíz de una denuncia interpuesta por el exabogado del partido José Manuel Calvente. El objetivo es esclarecer si este ingreso respondió a servicios prestados por la productora o se trató de un presunto desvío de fondos para la asociación a cuyo frente se encuentran miembros de la formación. El pasado mes de diciembre Escalonilla archivó esta línea de investigación al considerar que no se había podido probar un desvío de fondos de Podemos.
Según plasmó, las pesquisas impulsadas no probaron que el servicio no se prestara. Tampoco le resultó ni "extraño" ni "anómalo" que el partido contratara servicios de firmadas afines a la formación. Sin embargo, se vio obligado a reabrir la investigación después de que así lo acordara la Audiencia Provincial de Madrid. Los magistrados aceptaron los recursos interpuestos contra el auto del juez concluyendo que, lejos de desvanecerse las sospechas, se había confirmado "la existencia de indicios de la posible comisión de delito".
Reapertura de la investigación
La Audiencia consideró acreditado que la asociación ligada al entorno de Rafael Mayoral solicitó 50.000 euros al partido, de los cuáles cobró 30.000 en tres transferencias giradas entre el 5 de septiembre de 2019 y el 15 de junio de 2020. Igualmente amonestó al partido liderado entonces por Pablo Iglesias por no haber facilitado la información solicitada en ese tiempo por el juzgado. "Es razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva encubierta entre esta asociación y Podemos que se pudiera haber utilizado para obviar las limitaciones de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos", concluyeron.
De este modo, Escalonilla reactivó la investigación que se prepara ya para tomar declaración en calidad de testigos a cerca de una decena de personas vinculadas con la productora. La Fiscalía, que también respaldó el archivo de esta parte concreta de la causa, acaba de solicitar al instructor la prórroga de la causa al menos por medio año más ante las diligencias pendientes de practicar. Entre las mismas incluyó las testificales solicitadas y se refirió al resultado del análisis policial de cuentas de 404. "Entendemos que es precisa la prórroga por cuanto de las anteriores diligencias pueden resultar otras imprescindibles derivadas", expuso la fiscal Lorena Álvarez.
Precisamente, la UDEF acaba de incorporar a esta parte de la causa su informe relativo al análisis de la cuenta bancaria de la asociación receptora de los fondos. La Policía Judicial concluye que fue el actual portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, el que ordenó los pagos que fueron a parar a una cuenta de la misma entidad bancaria que la ordenante. La Policía incluyó en su estudio las facturas y documentos que vendrían a acreditar los movimiento de este depósito. Como gastos destacan 6.800 euros por alquiler de un local en el centro histórico de Madrid, 3.357 euros por copias de un anuario y otras de importe menor relativas a servicios fotográficos o asesoramiento legal.
También se hicieron eco de gastos mucho menores como billetes de tren, vuelo o reserva de hoteles para los miembros de esta asociación que realiza trabajos de índole social. No obstante, y en lo que respecta a los pagos que ahora están bajo la lupa de los investigadores, la Policía los atribuye a Echenique, a quien también identifican como el titular de la cuenta bancaria junto con Daniel de Frutos en calidad de tesorero de la formación morada.
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