El Partido Popular ha enviado un escrito a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional donde defiende que corresponde al magistrado Ángel Hurtado, de corte conservador, ser el ponente de la sentencia que juzgará la presunta contabilidad paralela que dicha formación tuvo al menos durante 18 años al margen de la fiscalizada por el Tribunal de Cuentas.
El partido de Mariano Rajoy se opone así a las pretensiones de la acusación popular Observatori DESC –liderada el abogado Gonzalo Boye- que el pasado mes de mayo recurrió el citado nombramiento. Observatori Desc defiende que la ponencia de la sentencia por la Caja B del PP le correspondía a otro de los magistrados que integran el tribunal, el juez Julio de Diego, en sustitución del recusado Enrique López, ponente inicial del asunto.
Sin embargo, el PP califica "de todo punto imposibles" las pretensiones de esta acusación popular. En un escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la defensa de los populares argumenta que el pasado 22 de junio se resolvió mediante una diligencia de ordenación que no se debía admitir a trámite el recurso de Observatori Desc y que, contra esa resolución, no cabe interponer recurso alguno.
El PP defiende que "la designación del ponente se realizó con observancia a las normas de reparto en vigor" en la Audiencia Nacional
De la misma forma, los populares –que figuran en esta causa como responsable civil subsidiario de los presuntos delitos contra la Hacienda Pública cometidos por los ex tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas- defienden que "la designación del ponente se realizó con observancia a las normas de reparto en vigor" en la Audiencia Nacional. "Precisamente, los artículos 152.1.2 y 203.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que las ponencias serán turnadas según las normas de reparto aprobadas por las Salas de Gobierno, por lo que las impugnación de Desc carece de fundamento", apostillan.
La polémica surgió cuando los otros dos magistrados que componen el tribunal que juzgará la Caja B de los populares -De Diego y el progresista José Ricardo de Prada- enviaron un escrito a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional cuestionando por qué correspondía a su colega Ángel Hurtado la ponencia de dicha causa. La respuesta de la Sala fue clara: el ponente debía ser Hurtado porque así lo estableció el turno de reparto.
Un tribunal con distintas sensibilidades
Sin embargo, aunque el debate procesal está zanjado, lo cierto es que a nadie se le escapa que el tribunal que juzgará esta macrocausa de corrupción a partir del próximo 4 de octubre está dividido en dos bloques. Por un lado, se encuentra en minoría el magistrado Hurtado y; por otro, los jueces De Diego y De Prada. Así se ha escenificado semanas atrás cuando el juez Ángel Hurtado emitió un voto particular contra el auto donde se accedía a la petición de Bárcenas de citar como testigos en el juicio por la Primera Época de la trama Gürtel a los ex secretarios generales del PP, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, y a los ex dirigentes Rodrigo Rato, José Manuel Fernández de Santiago, Jaime Mayor Oreja y Gerardo Galeote. Este magistrado pensaba que no era necesario que todos ellos testificaran en el juicio mientras Julio de Diego y José Ricardo de Prada decidieron que sí.
Mientras que el magistrado Hurtado es de corte conservador y se encuentra en minoría en la Sala, José Ricardo de Prada y Julio de Diego son de marcado corte progresista y adoptan decisiones al unísono
Lo cierto es que la Sala que juzgará la Caja B del PP estará compuesta por magistrados de sensibilidades muy dispares. Hurtado es un juez de corte conservador y alta preparación jurídica, que goza de gran prestigio dentro de la Carrera Judicial. Sin embargo, hay quienes opinan que en el caso Gürtel "se señaló" cuando emitió un duro voto particular conjunto criticando que el Pleno apartarse del tribunal de Gürtel a sus compañeros de Sección Concepción Espejel y Enrique López, ambos ex vocales del CGPJ a propuesta del PP. En dicho voto particular, Hurtado sostuvo que "la inhabilitación para el enjuiciamiento deriva, no de unos nombramientos" sino de que el juez en cuestión haya tenido contacto "con cualquiera de las materias o cuestiones que se han de ventilar en el presente proceso".
Por otro lado, está el magistrado José Ricardo de Prada, vehemente y polémico progresista, experto en materia de cooperación jurídica internacional y Justicia Penal Internacional así como famoso por algunos de sus votos particulares (como cuando emitió uno donde justificó justificar el chivatazo a ETA por estar en plena negociación la banda terrorista con el Gobierno del PSOE). Tampoco pasaron inadvertidas sus recientes declaraciones en un foro celebrado en Tolosa hablando de las "claras" torturas que se aplicaban en España.
Y, por último, está el magistrado Julio de Diego, de perfil bajo, al que muchos de sus compañeros de Sala no califican precisamente como un juez brillante en sus exposiciones jurídicas y que está considerado como un verso suelto que se ha alineado en estos momentos con las exposiciones formuladas por De Prada.
