La cúpula de Caja Madrid no sólo jugó con la contabilidad de sus retribuciones sino también con la de sus resultados. Es lo que revelan los documentos del Banco de España que se han incorporado ahora a la causa y que muestran que el regulador detectó y denunció una doble contabilidad en ciertos indicadores como el de la morosidad en el que se reporta un ratio de morosos “publicado” del 5,43% y otro “reservado” del 5,9%. Esa doble contabilidad se reflejaba incluso en la corrección por adjudicaciones que –según el informe del Banco de España fechado el 3 de diciembre de 2010—situaba la morosidad en el 7,2% y en el 7,7% en el “reservado”.
"Resulta preocupante la tendencia de mejoría trasladada al mercado y que es opuesta a la realidad y nuestras previsiones”, denunció el BdE
La sospecha de doble contabilidad se puso de manifiesto incluso a los responsables de la caja a los que el regulador remitió una carta con fecha 14 de diciembre de 2010 en la que denunciaba que la cúpula de la entidad estaba trasladando al mercado una imagen que no se correspondía con la realidad: “En las dos últimas presentaciones de resultados (marzo y junio 2010) resulta preocupante la tendencia de mejoría trasladada al mercado, donde además se jactan comparándose con el sector y que es opuesta a la realidad y nuestras previsiones”, protestaba el Banco de España en una carta que la acusación ejercida por UPyD ha incorporado al sumario en su denuncia como prueba del fraude en la gestión y salida a bolsa de la entidad.
Entre las “causas objetivas” que estaban deteriorando el balance contable de la entidad y, entre ellas, citaba una refinanciación artificial de la morosidad y concluía: “la bajada de la morosidad no es producto de un descenso de la siniestralidad sino de una política agresiva de refinanciación de operaciones morosas minoristas (…). Se está posponiendo buena parte de la morosidad”, remataba el Banco de España.
"Una cuestión pacífica", según Miguel Blesa
Las denuncias de desfases contables fueron planteadas por la Fiscalía al ex presidente de la entidad, Miguel Blesa, en su toma de declaración por el caso de las tarjetas black. Entonces, Miguel Blesa aseguró que tanto las retribuciones como el resto del balance había sido una "cuestión pacífica que no despertó las alertas ni de la auditoría interna, ni de la auditoría externa ni de Hacienda".
La declaración ha sido incorporada a la causa y la acusación ejercida por UPyD también remitió a la Fiscalía y al juez una denuncia contra lo que describía como “desorbitante remuneración del Comité de Dirección de Caja Madrid, a pesar de la nefasta gestión de la entidad”. La denuncia argumentaba que “los miembros del Comité de Dirección contribuyeron decisivamente a la despatrimonialización de la entidad, infringiendo los deberes de fidelidad y lealtad al patrimonio inherentes a su cargo”. La Fiscalía estudia ya si incluye el delito de falsificación entre las acusaciones contra Blesa y Rodrigo Rato por los sobresueldos que percibieron entre 2007 y 2010. El Ministerio Público revisa por segunda vez esos hechos que no consideró delictivos tras la demanda de UPyD.
Los hechos descritos por el FROB podrían ser constitutivos de un delito de apropiación indebida y un delito societario. La acusación conlleva penas de hasta 10 años de cárcel e inhabilitación para volver a ejercer como administradores en el mundo financiero ya que, dentro de la categoría de delitos societarios, se pretende investigar si ha habido falseamiento contable.
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