El 54% de los municipios españoles no tienen acceso a una oficina bancaria, según un estudio realizado por Diana Posada Restrepo para el Banco de España. Concretamente, de los 8.131 municipios que tiene España, 4.443 no tienen sucursales bancarias. El análisis, titulado Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España, refleja que más de 1,6 millones de personas están afectadas por esta realidad.
Desde el año 2008, el número de oficinas bancarias ha disminuido alrededor del 50% y los cajeros automáticos un 20% aproximadamente. Según los datos proporcionados por el Banco de España, a finales de 2020 en España había 22.299 sedes bursátiles y 49.481 cajeros automáticos; o lo que es lo mismo, 1,5 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes.
El motivo principal de esta disminución del número de oficinas bancarias es la tecnologización de los procesos económicos y financieros, que ha provocado un progresivo recorte en la red de sucursales bancarias. Una parte importante de la conocida como la España vaciada ha sufrido las consecuencias de esta disminución, cuando es precisamente la zona de España que más necesita el acceso a estas sucursales por la estructura social de la mismas.
Disminución desigual
Esta desaparición de oficinas ha sido desigual entre las diferentes provincias. Y precisamente aquí es donde radica el problema: las provincias que más necesitan de oficinas bancarias, son las que más están sufriendo la disminución. Esa España vaciada formada por pueblos más envejecidos no tan acostumbrados a la banca online (normalizada en grandes ciudades) es la que más depende de las sucursales físicas y la que más está viendo su progresiva desaparición.
Como explican en el estudio, "el uso del dinero en efectivo sigue siendo importante para muchos ciudadanos, en particular para aquellos que tienen dificultades en el acceso a determinados
servicios financieros convencionales o escasos conocimientos digitales". Por este motivo, es fundamental asegurar que todos aquellos que lo necesiten, tengan fácil acceso al efectivo.
El acceso físico a servicios financieros es fundamental para la inclusión de la población. La disminución de los puntos de acceso al efectivo provoca un aumento de la brecha "entre quienes encuentran dificultades para acceder al efectivo y quienes tienen más fácil acceso a él".
Municipios de alta vulnerabilidad
El estudio realizado por el Banco de España divide a los municipios españoles en función del grado de vulnerabilidad. Del mismo se desprende que unas 340.000 personas en España viven en municipios de alta vulnerabilidad en este sentido.
Para que un territorio pueda calificarse como municipio de este tipo tiene que cumplir las siguientes características: no contar con puntos tradicionales de acceso al efectivo, que la distancia media al más próximo sea de 9,4 km, que la población mayor de 60 años supere el 40% del total y que la renta disponible esté por debajo de la media nacional.
La comunidad autónoma más desfavorecida es Castilla y León, en concreto las provincias de León, Salamanca y Zamora. Los tres territorios concentran la mayor parte de la población en municipios considerados de "muy alta vulnerabilidad en el acceso al efectivo". En esta comunidad, hasta el 80% de los municipios no disponen de ninguna oficina bancaria. Los expertos explican que estas comunidades lo sufren más porque se concentran pueblos pequeños con una población media de 400 habitantes o menos.
La comunidad autónoma más desfavorecida es Castilla y León. Allí se concentra la mayor parte de la población en municipios de "muy alta vulnerabilidad en el acceso al efectivo"
Según los datos oficiales, Burgos es la provincia con más municipios sin ningún punto de acceso al efectivo: 311. Tan solo 60 disponen de oficinas bancarias según los datos oficiales que publica el Banco de España. Sin embargo, el territorio en el que más población se ve afectada por esta reducción de sedes es Zamora, donde el 27,8% del total de los habitantes no pueden acceder a una.
Ávila y Segovia también son otros dos de esos territorios que se ven especialmente perjudicados por la disminución de oficinas bancarias. El 21% y el 19,9% de la población respectivamente no puede acceder con facilidad a una oficina bancaria.
Por su parte, hay algunas comunidades que no se ven afectadas de ninguna manera. Tal es el caso de Cádiz y Santa Cruz de Tenerife donde ningún municipio (y por lo tanto, ninguna persona) se ve afectada. Muy de cerca les siguen las Islas Baleares, Jaén, Murcia, Las Palmas y Pontevedra con tan solo un territorio sin acceso a efectivo.
El caso de Andalucía es llamativo, porque pese a la extensión de la comunidad, solamente el 22% de los municipios carece de sucursales. Desde el periódico económico Cinco Días explican que esto se debe a "la labor de las cooperativas de crédito, fuertemente arraigadas en las provincias andaluzas, que encuentran su nicho de mercado en las zonas rurales".
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