La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, lleva semanas reuniéndose por separado con los portavoces económicos de los partidos para “sondear” si apoyan que el Gobierno pida ya a la UE los 70.000 millones del segundo tramo de los fondos Next Generation que el Ejecutivo de coalición de izquierdas no tenía previsto solicitar hasta el bienio 2024-2026, revelan a Vozpópuli fuentes conocedoras de esos contactos.
Y es que el rápido deterioro económico de España por guerra de Ucrania está haciendo saltar por los aires la recuperación post Covid para 2022 y 2023 que habían planificado PSOE y Unidas Podemos con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) basado casi única y exclusivamente en los 70.000 millones del primer tramo de los 140.000 aprobados en Europa para nuestro país: subvenciones a empresas y proyectos como los PERTEs, que España no tiene que devolver a Bruselas.
Ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz ni, por supuesto, Calviño, contemplaban acudir a ese segundo tramo -otros 70.000 millones en créditos blandos a empresas, no subvenciones- hasta después de las elecciones generales en otoño de 2023, porque no querían enfrentarse a las urnas con una deuda pública más abultada de lo que la ha dejado la pandemia -118,7% PIB al cierre de 2021- y un tejido empresarial más endeudado todavía.
A la economía española ya no le queda margen para gastar más dinero público sin emitir deuda en los mercados o sin pedir un adelanto a 2022 de la implementación de ese segundo tramo de los Fondos Next Generation
El problema del Gobierno es que la estanflación -acrónimo de crecimiento nulo del PIB e inflación al alza- es hoy una amenaza seria con los combustibles, el gas y la electricidad disparados hasta el punto que no solo los hogares ven mermado su poder adquisitivo; es que vuelven las paradas técnicas a empresas que empiezan a no poder hacer frente a los elevados costes de producción.
En ese contexto, a la economía española ya no le queda margen para gastar más dinero público sin emitir deuda o sin adelantar a 2022 de la implementación de ese segundo tramo de los Fondos Next Generation. Está por ver hora, según una de las fuentes consultadas, que la Comisión Europea lo acepte porque los fondos son deuda mutualizada de los 27 Estados de la UE y lo mismo que han saltado las previsiones macroeconómicas de España también lo han hecho las de la Comisión.
Porque, si la guerra de Ucrania continúa buena parte del año y la subida media anual de los salarios y las pensiones excede con holgura el 3%, para compensar esa inflación, y las empresas trasladan a los consumidores casi todo el aumento de sus costes, la estanflación habrá regresado para quedarse: los tipos de interés de referencia del BCE subirán notablemente, al Reino de España le costará más colocar su deuda pública en los mercados y la recuperación quedará abortada.
Lo que sí ha dejado claro Calviño a los partidos es que esos otros 70.000 millones no irán a subvencionar proyectos y PERTEs, como los primeros, sino para ”ayuda financiera” a la actividad, es decir, créditos blandos que alivien la deuda de las empresas
Lo que sí ha dejado claro la vicepresidenta a sus interlocutores en los partidos es que esos otros 70.000 millones no irán a subvencionar proyectos y PERTEs, como los primeros, irán a ”ayuda financiera” a la actividad, es decir, créditos blandos para que unas empresas españolas ahogadas por los costes puedan sobrevivir al colapso provocado por el alza de la energía y las sanciones sobre Rusia.
Esas reuniones empezaron a celebrarse antes del inicio de la guerra de Ucrania, el 24 de febrero, y ya flotaba en el ambiente la idea de un empeoramiento de nuestra economía y el resto de las europeas, coinciden las fuentes informantes, pero no estaba todavía sobre la mesa el escenario casi apocalíptico que se ha dibujado en la última semana con una inflación cercana al 10%, no vista desde 1985 en España, a raíz del ataque despiadado de Vladimir Putin.
PP: Apoyo a ”la economía real”
En su reunión, la portavoz económica del PP, Elvira Rodríguez, expuso a la vicepresidenta económica la necesidad de que ese dinero del segundo tramo vaya a financiar ”la economia real” de unas empresas muy afectadas y no solo a proyectos como los PERTEs en los que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha demostrado favoritismo hacia Comunidades Autónomas y ayuntamientos gobernados por la izquierda. Ciudadanos también ha participado de esos contactos.
Nacho Álvarez, el negociador económico de Unidas Podemos y secretario de Estado de Derechos Sociales, está al tanto de los contactos de Calviño, señalan otras fuentes, así como los portavoces de PNV, ERC o Bildu, que forman parte del llamado bloque de investidura.
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