El presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, el exdirigente de CDC Francesc Sánchez y el exteniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives han sido detenidos este jueves por la Guardia Civil para registrar sus despachos en una operación contra la supuesta financiación ilegal de Convergència (CDC).
Según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación, en la operación, dirigida por el juzgado de instrucción número uno de El Vendrell (Tarragona) e impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, se prevén cerca de veinte detenciones relacionadas con tres empresas de infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat.
La investigación, en el marco de la causa judicial del caso del 3%, se centra en la licitación pública de contratos amañados con tres empresas, que como contraprestación realizaban supuestamente donaciones a fundaciones satélite de CDC.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha precisado en una nota que el juez no ha acordado ninguna detención, por lo que los arrestos se han producido en el marco de los registros en los despachos profesionales y viviendas de los empresarios y exdirigentes de CDC investigados. En concreto, la Guardia Civil se ha personado en las oficinas del Puerto de Barcelona, en el World Trade Center, donde Sixte Cambra está colaborando con los agentes en el registro, según fuentes del puerto.
La Guardia Civil también está registrando los despachos del exconcejal de CiU en Barcelona Antoni Vives, que dirigió el departamento de Hábitat Urbano durante la etapa en la que el alcalde de Barcelona era Xavier Trias (CiU), así como del exresponsable de los servicios jurídicos y excoordinador de régimen interno de CDC Francesc Sánchez.
En la operación, la Guardia Civil también está registrando las empresas Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals S.A.). La investigación, en una causa que el juez mantiene en secreto, indaga si las empresas públicas adjudicaban obras públicas a compañías o a una UTE que, a cambio, pagaban comisiones del 3 % a las fundaciones FORUM o Catdem, vinculadas a CDC (hoy PDeCAT), partido al que se acababa desviando el dinero.
En total, los registros, solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, se practican hoy en doce poblaciones: Barcelona, Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Rubí (Barcelona), L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Manresa (Barcelona), Lleida, Madrid, El Prat de Llobregat (Barcelona), Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Girona, Berga (Barcelona) y Majadahonda (Madrid).
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